En 2017 el Parlamento Europeo y el Consejo presentaron una propuesta de reglamento de un producto paneuropeo de pensiones individuales. Una iniciativa de calado que ha pasado bastante desapercibida debido, en parte, a que se ha negociado directamente entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo. Este jueves se votará en el Parlamento Europeo el texto que han acordado las tres instituciones. De momento, el procedimiento seguido en este tema ha sido toda una declaración de intenciones sobre el lugar que ocupa la trasparencia en la administración europea; resulta, además, especialmente llamativo que ocurra en una cuestión tan sensible como es el futuro de las pensiones públicas.

En teoría se trata de una norma para regular los planes de pensiones privados con el fin de «mitigar las repercusiones de unas pensiones más bajas en los regímenes públicos». El reglamento no viene, por lo tanto, a reforzar y consolidar los sistemas públicos de pensiones, sino por el contrario, a colocar una red de seguridad –para el que pueda costeársela– que palíe una caída en las futuras pensiones públicas. La conclusión es clara: ya en la motivación la burocracia de la UE prevé que continuarán los recortes del sistema público. En la práctica, todo el acento del reglamento se pone en la consolidación del mercado europeo de capitales, es decir, se trata de una iniciativa para atraer más recursos a la especulación financiera, que necesita constantemente dinero fresco para que los precios de acciones, obligaciones o derivados no caigan. Las pensiones individuales no son más que una excusa para seguir saqueando lo público a favor de la especulación.

Ya hace tiempo señaló la OIT que las pensiones no son un gasto, sino una inversión en capital humano porque los sistemas de seguridad social invierten en las personas a lo largo de todo su ciclo vital para permitirles una vida útil y productiva. La UE podría empezar por ahí y hacer un esfuerzo por consolidar los sistemas públicos.