Es vergonzoso ver en nuestras ciudades y pueblos a las policías entreteniéndose y desplegando medios para identificar a personas con determinados rasgos raciales. Los movimientos de solidaridad con las personas refugiadas y migrantes vienen denunciado la arbitrariedad y carácter selectivo con que los diferentes cuerpos de policía actúan realizando identificaciones en función de los rasgos étnicos y culturales, en muchos casos ilegales por estar fuera de sus competencias.

Así por ejemplo lo denuncia Ongi Etorri Errefuxiatuak en Gasteiz: «miembros de la Policía local de esta ciudad realizan identificaciones de personas migrantes o en busca de refugio, en muchos casos sin que exista delito alguno, es decir identificaciones rutinarias por razón del origen de estas personas. Las que no dispongan de la documentación en regla, son trasladadas a dependencias de la Policía Nacional y, en muchos de los casos, internadas en algún CIE o expulsadas».

Por muchas series que nos muestren por televisión para legitimar a las policías como científicas, éticas y con dispositivos infranqueables para que asuntos internos investigue a sus «manzanas podridas», lo cierto es que se delatan. Con sistemática frecuencia no garantizan la seguridad ciudadana –entendiendo por tal la defensa de las libertades públicas– sino, muy al contrario, se convierten en un problema de seguridad ciudadana, en una amenaza para la seguridad de las personas.

Se crearon como los brazos de pulpo del Estado que, en el despliegue de su actividad proactiva de persecución selectiva de hechos punibles, se ceba tan solo con aquellas personas más vulnerables. ¿Con quiénes? Según el criterio de sus jefes políticos, con quienes alteran la falsa apariencia de orden o protagonizan conflictos puntuales que, gestionados de un modo adecuado, les sirve para reforzar su permanente campaña de «la policía nos protege, el estado nos defiende»... pero nada más lejos de la realidad.