2019/05/02

Erreportajea
 
«Las élites buscan un Gobierno que asegure la corrupción y la impunidad»

Daniel Pascual (Zacualpa, 1971) es el coordinador del CUC, una de las organizaciones campesinas históricas en Guatemala, que acaba de cumplir 41 años en lucha por los derechos de los pueblos originarios y los campesinos y en defensa de la tierra y el territorio saqueado por las empresas y contra el extractivismo. Durante el largo conflicto armado interno, asumió los derechos humanos como eje de denuncia.

Mirari ISASI|Bilbo
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Daniel Pascual hizo escala en Bilbo, donde participó en encuentros para dar a conocer la realidad de Guatemala, en el marco de su viaje a Europa para participar en una cita internacional en Noruega. La mirada se centra ahora en las elecciones, cuya primera vuelta se celebra el próximo 16 de junio (la segunda tendrá lugar el 11 de agosto) y en torno a las que el campesino k’iche’ y coordinador del Comité de Unidad Campesina (CUC) no descarta la posibilidad de un fraude como el ocurrido en la vecina Honduras, favorecido también por una serie de reformas e iniciativas legislativas «regresivas» que, asegura, pueden poner en peligro «lo poco de democracia y paz» que hay en Guatemala y pueden provocar un «retroceso significativo» en el país ahondando en la corrupción y la impunidad.

Pascual perdió a tres hermanos y varios familiares más durante el conflicto armado interno (1960-1996) que dejó 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos. La organización campesina e indígena de la que es coordinador adoptó entonces la defensa de los derechos humanos como eje de denuncia junto a la defensa de la tierra ante la embestida extractivista y la lucha por los derechos laborales agrícolas, la soberanía alimentaria y la igualdad de género. Esta agenda ha convertido al CUC en el «enemigo interno» a combatir para desmovilizar y acallar la lucha social.

Guatemala es uno de los países que lidera las estadísticas de ataques a activistas sociales y defensores de los derechos humanos y tanto el CUC como el propio Pascual son objeto de persecución y criminalización, por obstaculizar «el saqueo de nuestros recursos naturales y la violación de los derechos laborales» por parte de las empresas extractivistas minero-energéticas. Tras seis denuncias sobreseídas, Pascual puede todavía acabar sentado en el banquillo por una demanda por presuntas injurias y difamación presentada por un exmilitar.

A dos meses de las elecciones, ¿cómo valora la candidatura de la ex fiscal general Thelma Aldana y su invalidación por el Tribunal Supremo Electoral?

Frente a las élites que se enfrentan a la Justicia, pretenden profundizar en la violación de derechos humanos y eliminar garantías constitucionales y que nos podrían llevar a un fraude electoral para asegurar un Gobierno de impunidad y corrupción, la única candidata que puede frenar este proceso y dar continuidad al combate a la corrupción e impunidad es Thelma Aldana. Ella se declara de centroderecha y se presenta por el Movimiento Semilla (fundado tras la dimisión de Pérez Molina), que se define de centroizquierda. Tiene 18 procesos judiciales abiertos y ninguna orden de captura, pero sigue en El Salvador y no ha regresado al país. En estos momentos serían Sandra Torres (exesposa de Álvaro Colom) y Aldana las que podrían pasar a segunda vuelta para optar a la Presidencia.

¿Qué panorama abre la invalidación de su candidatura?

Hay inscritos 21 candidatos a presidente de 27 partidos políticos, 21 de derecha y 6 de centroizquierda, pero ni en la derecha ni en la izquierda hay un liderazgo claro que una al pueblo, haga frente a la corrupción y la impunidad y resuelva los problemas estructurales del país. El abstencionismo suele rondar el 35%-40%. El sistema electoral está deslegitimado y la apatía es total porque los partidos solo buscan disputarse el botín que supone llegar al Gobierno y controlar el Estado, ya que es ahí donde se hacen los grandes negocios y pueden enriquecerse con la corrupción.

Las encuestas entre los jóvenes apuntan al voto nulo, reconocido tras las últimas reformas de la ley electoral y de partidos, que podría obligar a repetir las elecciones, lo que no tendría mucho sentido porque sería con los mismos candidatos pero enviaría un fuerte mensaje de rechazo a unas elecciones en estas circunstancias. La gente ve como un fraude anticipado el bloqueo a la candidatura de Aldana y eso puede provocar otra crisis que pondría en peligro las elecciones.

¿Es la lucha contra la corrupción la bandera de Aldana?

Ha dicho que la Cicig garantizaría el respeto a los derechos humanos y combatiría la corrupción y la impunidad, pero no frenaría el extractivismo, que es el origen de la mayoría de las violaciones de derechos humanos y de los conflictos.

¿Alguien plantea acabar con el extractivismo?

Algunos plantean nacionalizar la electricidad, el agua, los minerales, el petróleo, pero no tienen ninguna posibilidad.

Pero acabar con la corrupción y la impunidad ha sido una promesa electoral tan recurrente como incumplida.

Hoy es difícil, muy pocos partidos utilizan el discurso del combate de la corrupción y la impunidad como bandera porque nadie lo va a creer. En muchos casos parecería que se están poniendo la soga al cuello. Otto Pérez Molina nombró a Thelma Aldana fiscal general y ella, ante el evidente nivel de corrupción, impulsó esa lucha que acabó con la renuncia del presidente.

¿Qué valoración hace del mandato de Jimmy Morales?

Siempre afirmamos que el Gobierno de Morales iba a ser transitorio, de tránsito no de transición. Desde que ganó dijimos que no tenía equipo, que detrás tenía al Ejército y que no iba a generar ningún cambio estratégico. Se va a ir sin haber hecho nada. Se va como lo que es, un comediante de televisión al que un accidente político o un golpe de suerte llevó a la Presidencia, pero sin equipo ni capacidad ni estrategia para cambiar nada.

¿Cómo valora las reformas de la ley de reconciliación nacional que pretende amnistiar a condenados por crímenes de guerra y lesa humanidad y por corrupción y de la ley de ONG que va a restringir su libertad de acción?

Hay un avance significativo en la justicia transicional en Guatemala. Hay 40 sentencias en firme contra quienes cometieron delitos de genocidio y de lesa humanidad. Muchos militares están atemorizados porque hay decenas de casos en marcha.

Pero, además, están los militares, narcotraficantes, diputados con plazas fantasma en el Congreso, empresarios y secretarios generales de partidos involucrados en las estructuras criminales corruptas del Estado, que están siendo procesados y necesitan una alianza entre corruptos para asegurarse la impunidad. Y buscan hacerlo con unas 25 leyes regresivas, que vulneran derechos, desmontarían procesos judiciales en marcha, legalizarían el extractivismo y la impunidad y dejarían libres a los genocidas.

¿Pone en peligro los avances en la lucha contra la corrupción y la impunidad?

Son leyes regresivas que ponen en peligro lo poco que hay de derechos humanos y garantías constitucionales, la democracia, la justicia y la poca paz que hay en Guatemala y llevarían a un retroceso significativo a un país que podría caer a un nivel de conflictividad similar a Honduras, que sufrió un golpe de Estado y vivió un fraude electoral. Hoy, que se acercan las elecciones, pretenden asegurar un Gobierno que facilite la corrupción y la impunidad, frene el avance de la justicia y neutralice cualquier movimiento que ponga en peligro sus privilegios. Son las élites que nunca los han perdido, que se creían intocables al ser casi los dueños del país y que ahora que están contra la pared buscan cómo legalizar la represión y la impunidad a través de estas reformas y leyes.

La población se movilizó en 2015 hasta lograr la renuncia de Otto Pérez Molina. ¿Cómo está reaccionando ahora?

En 2015, la movilización ciudadana fue espontánea y diversa durante los procesos legales contra de Pérez Molina y contribuyó a su caída y encarcelamiento. Pero este pacto de corruptos, estos grupos neofascistas, ha puesto varias estrategias en marcha, entre ellas la mediática asegurando que la persecución penal contra la corrupción es selectiva y producto de la injerencia internacional, por el papel de la ONU a través de la Cicig, e incluso se ha recurrido al miedo al decir que se quiere instalar en Guatemala una nueva Venezuela. Están desmovilizando a sectores como la clase media urbana y, en estos momentos, las movilizaciones las realizan los pueblos originarios, organizaciones campesinas, de mujeres, de defensa de los derechos humanos... que vemos el peligro de que viene un retroceso.

¿Cuál es su balance de los Acuerdos de Paz de 1995? ¿A qué se debe la demora en su implementación?

En 2005 se firman el Tratado de Libre Comercio, las concesiones mineras... y se abandonan los Acuerdos de Paz como plataforma para el desarrollo, la democracia y la paz. El Gobierno firmó en 1982 con el Banco Mundial y el FMI el Consenso de Washington para implementar las políticas neoliberales extractivistas, sin ningún interés de cumplir los Acuerdos de Paz. Estos tienen algunos procesos vivos como son la justicia transicional o el combate a la corrupción y a la impunidad. La comisión de esclarecimiento histórico estableció que hay estructuras paralelas al poder del Estado en Guatemala que tienen que desaparecer para que haya desarrollo, paz y democracia. Logramos algunas leyes con los acuerdos de paz, aunque no se ha cumplido ni un 50%. Pero creo que sí hay una oportunidad en este momento de replantear varias cosas de los Acuerdos de Paz porque el Estado está fallido, incluso tomado por mafias de la corrupción y la impunidad, y hay una opción de hacer un planteamiento necesario y justo de fundar el Estado plurinacional, de llevar a cabo un proceso constituyente, realizar una Asamblea Nacional Constituyente para elaborar una nueva Constitución y direccionar al país en otra ruta.

La izquierda defiende la labor de la Cicig, pero ¿no cree que además de la lucha contra la corrupción ha servido también a la agenda estadounidense?

La izquierda se ha quedado callada mucho por cuestiones que posiblemente se investiguen, no tengo evidencias para decir que haya habido corrupción, pero en términos de cuestionar el papel o de la injerencia norteamericana no hay ninguna opinión. Ahora dice que está contra la corrupción, pero más en el marco de la campaña electoral. La Cicig está recibiendo respaldo del Gobierno de EEUU, en mi opinión, porque le interesa que haya estabilidad en Guatemala y no otro país convulsionado como Nicaragua u Honduras en Centroamérica.

«Los TLC conllevan recolonización»

¿Qué opina de los Tratados de Libre Comercio (TLC)?

Los TLC son la nueva forma de acumulación, de control de los medios de producción y de la producción en sí, y, por supuesto, de los servicios públicos para su privatización y de las concesiones para la explotación de los recursos naturales. En eso se ha traducido el TLC para nosotros.

¿Cree que esos tratados, la ayuda internacional y las inversiones extranjeras pueden ser un arma de doble filo y convertirse en una forma de neocolonialismo?

Es así. Es un plan que conlleva recolonización o nueva colonización porque las empresas transnacionales son las que de alguna manera toman el control de grandes territorios indígenas donde se están vulnerando todos sus derechos. No es una estrategia económica para terminar con la pobreza, la miseria, el hambre, generar empleo o satisfacer necesidades de vivienda, alimentación, vestido… Se nos vendió como la panacea, la solución a todos los problemas, pero es una farsa que solo ha supuesto el sometimiento de nuestra economía, nuestros procesos de producción y nuestros productos, porque sus precios han caído en el mercado y se les han puesto candados fitosanitarios y aranceles… Es una doble moral porque las empresas de los países que apoyaron el proceso de paz en Guatemala, como EEUU y la UE, hoy están explotando y robando las riquezas naturales de nuestros pueblos.M.I.

IMPUNIDAD


«Hoy, que se acercan las elecciones, las élites pretenden asegurar un Gobierno que facilite la corrupción y la impunidad, frene el avance de la justicia y neutralice cualquier movimiento que ponga en peligro sus privilegios»

RIESGO


«Son leyes regresivas que ponen en peligro lo poco que hay de derechos humanos y garantías constitucionales, la democracia, la justicia y la poca paz que hay en Guatemala»