2019/06/13

Eneko Goia tendrá que declarar ante la jueza por su relación con el «caso Bidegi»

Eneko Goia, al igual que otros dos altos cargos forales, tendrá que declarar en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Azpeitia por el «caso Bidegi», en el que se investigan pagos de obras de la AP-1 que no se llevaron a cabo.

Agustín GOIKOETXEA|DONOSTIA
0613_eh_goia

La Audiencia de Gipuzkoa estima en parte el recurso de apelación interpuesto por la acusación popular, que ejercen junteros de EH Bildu, contra una providencia del Juzgado de Instrucción nº 2 de Azpeitia en la investigación del «caso Bidegi» sobre los pagos de más de 30 millones de euros de dinero público por trabajos supuestamente no realizados en la AP-1.

En un auto fechado el 6 de junio, la Sala atiende parcialmente el recurso y ordena que se tome declaración a Eneko Goia, por entonces diputado foral de Infraestructuras; al ex director de Carreteras Luis Mari Apraiz, a quien era director de Gestión y Planificación Félix María Urkola, así como a la técnica de Idom Elena Varillas, para que informen sobre el margen de desviación de gasto en las obras del tramo Arlaban-Eskoriatza.

Se trata de un paso más en una compleja instrucción, que puede prolongarse hasta 2022, gracias a la acusación promovida por EH Bildu después de detectar que la Diputación de Gipuzkoa, gobernada por PNV y PSE, se inhibía en un asunto muy serio. El anterior Ejecutivo foral presidido por el soberanista Martin Garitano había interpuesto dos querellas al descubrir graves irregularidades en la gestión del proyecto.

La primera querella está relacionada con el depósito de sobrantes, excavaciones y movimientos de tierra en un tramo (Eskoriatza Norte-Arrasate Norte) de la AP-1, en el que la acusación calculaba un presunto fraude de 13,6 millones de euros. Esta querella fue ampliada posteriormente al entender que las irregularidades se extendieron a los túneles de Apotzaga, Izurieta y Gurutze Txiki.

Después, la Diputación gobernada por Bildu presentó una segunda querella por una presunta malversación de fondos públicos de 17,1 millones y un presunto delito de falsificación documental en los pagos de los trabajos del túnel de Isuskitza.

El tribunal dice que «no es congruente» que se admitan las declaraciones de algunas personas relacionadas con el caso y se rechace las de otras, apuntando a que hay que motivar esa discrecionalidad para neutralizar el riesgo de arbitrariedad. Con más detalle, se apunta a que Eneko Goia es propuesto como vocal del Consejo de Administración de Bidegi y presidente de la reunión del 24 de enero de 2011 en la que se acordó la disolución de la comisión mixta de las diputaciones de Gipuzkoa y Araba sobre el proyecto de la AP-1, y también las de Luis María Apraiz y Félix María Urkola, que estuvieron en esa reunión en la que se acordó dar por completada la aportación de Arabat y atribuir a Bidegi la responsabilidad del pago íntegro de cualquier reclamación posterior que pudiera producirse.

«ÚTILES»


La Sala entiende que las declaraciones de Goia, Apraiz y Urkola son «útiles» para que expliquen detalles del debate que hubo en la reunión en la que el consejo de Bidegi acordó asumir los costes de las obras que se tuvieran que hacer en el tramo Arlaban-Eskoriatza de la AP-1.