2019/06/30

Iñaki Moreno Sueskun
Jefe del Servicio de Salud Laboral en funciones
Un mal precedente

Se ha publicado en prensa que el Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra ha financiado con 400.000 euros la llamada figura «Delegado Territorial de Prevención» de riesgos laborales contemplada en un Acuerdo Intersectorial firmado por CEN, UGT y CCOO para este año 2019. El acuerdo se concreta en una visita inicial de CEN a 120 empresas 60 de las cuales serán también visitadas posteriormente por UGT y otras 60 por CCOO. Ello supone un gasto público de 3.300 euros por empresa, 1.650 euros para cada entidad visitante.

Esta figura de delegado territorial o sectorial de Prevención (DTP) existe en algunas regiones de Italia, en Suecia, Noruega, Nueva Zelanda y Australia. Son figuras financiadas por las organizaciones sindicales, por el empresariado afectado, o por ambos, aunque es una información que no consta en la documentación de todos los modelos encontrada. Su actividad es de carácter sindical, aunque también consta como de experto sindical. Disponen de potestad para entrar libremente a las empresas y cuentan con competencias de revisión de la documentación preventiva, de información y reunión con la plantilla y de negociación con la dirección de las empresas. En general la población atendida son las pequeñas empresas sin representación sindical. En Australia el empresariado debe justificar la no aplicación de las medidas propuestas por estos delegados o exponerse a la visita de Inspección de Trabajo.

En Navarra se va a financiar personal de carácter técnico, tanto de CEN como de UGT y CCOO, que podrá entrar a las empresas en las que el empresariado dé su permiso. El DTP (personal técnico) de estos sindicatos hará su visita tras la visita inicial de la CEN y según las declaraciones de los portavoces sindicales se reunirán con la dirección de las empresas para dar consejos sobre la gestión preventiva. Afirman que se les permitirá reunirse con la plantilla.

A la postre ninguna de las características que definen al DTP en otros países forma parte de lo acordado en Navarra. Se ha optado por un modelo similar al habilitado en Asturias desde hace casi ya dos décadas y que se dio en Navarra desde 2002 hasta 2016. En Asturias la actividad de estas figuras es planificada y controlada por el órgano autonómico tripartito de participación en prevención. En Navarra se desconoce este aspecto.

Ante la insistente demanda de financiación de esta figura por parte de CCOO y UGT, apoyada por la CEN, a lo largo de la legislatura que termina el Servicio de Salud Laboral presentó dos informes con los datos arriba comentados y otros, en el Consejo Navarro de Salud Laboral en el que toman parte los agentes sociales. Estos han preferido dar la espalda al debate necesario sobre derechos, competencias, elección, y financiación de esta figura y acordar sus características en lugar ajeno al Consejo, la denominada Mesa de Diálogo Social donde solamente se hallan los firmantes del acuerdo.

Equidad, transparencia y libre concurrencia deben caracterizar toda acción de financiación de cualquier gobierno. Entiendo que no se han dado en este caso. Algunos responsables de Salud Laboral del Gobierno de Navarra no compartimos que el Departamento de Desarrollo Económico financie con dinero público un acuerdo privado entre una parte de los agentes sociales, acuerdo que es rechazado o en el que no toma parte el resto de las organizaciones sindicales que representan a más de la mitad de los delegados sindicales de Navarra.

Por razones de eficacia preventiva es necesaria la participación de los trabajadores en prevención. El marco normativo así lo establece en toda Europa. Si las organizaciones sindicales se dedican, como hacemos ya las administraciones públicas y los servicios de prevención, a tareas de asesoría técnica a las empresas, ¿quién impulsará la participación de las y los trabajadores en salud laboral?