2019/08/01

EDITORIALA
El BBVA y la impunidad de las grandes corporaciones

El BBVA presentó ayer sus resultados semestrales en los que ha registrado un beneficio neto de 2.442 millones de euros, más de 13 millones de euros al día. Sin embargo, el dato más relevante de las cuentas se conoció el lunes cuando la Audiencia Nacional informó de la imputación del banco por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, y corrupción en los negocios por haber contratado los servicios del comisario Villarejo. El juez sospecha que BBVA consintió la contratación del comisario para que realizara tareas de espionaje que podrían haberle reportado un beneficio personal y empresarial. La imputación se suma a la decena larga de exdirectivos investigados –por ahora– y a la cascada de dimisiones, entre las que destaca especialmente la del presidente de honor, Francisco González, que anteayer se mostraba «máximamente interesado» en colaborar con la justicia, obviando que no es una opción sino una obligación que tiene que cumplir.

No es la primera vez que los dirigentes de un banco grande recurran a la comisión de delitos para mantener y, dado el caso, ampliar su poder. Hay demasiado en juego para fiarlo a las fuerzas del libre mercado que con tanto ahínco defienden en otros casos. En el Banco Santander, el consejero delegado, Alfredo Sáenz, tuvo que dejar su cargo en 2013 por una condena, y el presidente evitó un juicio gracias a que una sentencia del Supremo «ad hoc» que terminó recibiendo su nombre: «doctrina Botín». En esta línea de defender a los poderosos en cualquier circunstancia, la ministra de Hacienda abogó por delimitar las responsabilidades y apuntó su deseo de que esta imputación no suponga una pérdida de clientes. Que haya quebrantado la ley no parece preocuparle especialmente.

El poder que acumulan y la forma en que lo utilizan corroboran, una vez más, que las grandes corporaciones se han convertido en un grave peligro para la democracia y la justicia. Urge acabar con su poder y su impunidad.