«La incidencia de la pobreza grave se mantiene en los niveles más altos observados desde 1986». Esta afirmación, que hace referencia a los ingresos por hogar y su capacidad para hacer frente a las necesidades básicas, se puede leer en la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS) difundida ayer por Lakua, que revela un empeoramiento entre 2016 y 2018 y que afecta tanto a la pobreza grave como a la relativa. Se trata de un informe contundente, que refuta discursos oficiales y que se presenta mes y medio después de que EH Bildu afeara al Ejecutivo que no publicara los datos que ya tenía a su disposición.

Un 65% más que en 2008

Según los indicadores del Eustat, que sitúa el listón de la pobreza grave en el 40% de la mediana de ingresos, la proporción de habitantes de la CAV que estaba en 2018 por debajo de ese umbral era del 5,1%, dos décimas superior a 2014 y 2016, y dos puntos más en comparación con 2008. Esa referencia de diez años proporciona otra de las cifras más crudas del documento, ya que en él se afirma que «la población en riesgo de pobreza grave resulta un 64,9% superior, pasando de 66.540 personas afectadas en 2008 a 109.735 en 2018».

La evolución es también negativa en términos de pobreza relativa (60% de la mediana), ya que ha subido 1,3 puntos respecto a 2016, hasta el 17,7%, situándose en niveles cercanos al máximo registrado en 2014 (18,5%) y entre 2,3 y 2,9 puntos por encima del 14,8% de 2008 y del 15,4% de 2012. Estamos hablando de 382.316 personas en riesgo de pobreza relativa y 109.735 en peligro de pobreza grave.

Los números son igualmente negativos según el indicador de pobreza y exclusión AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion) que se utiliza a nivel europeo y que agrupa tres subindicadores que miden pobreza, carencia material e intensidad laboral. Este parámetro muestra un incremento de 1,3 puntos desde 2016, con un total de 446.695 personas afectadas, lo que supone un 20,7% de la población, casi tres puntos porcentuales más que en 2008 (17,9%).

Y nada mejora con el método EPDS, según el cual «el riesgo de pobreza de mantenimiento» en la CAV se sitúa en un 8%, superando el 7,1% de 2016 y por supuesto el 5,7% de 2008. En concreto, en el informe se explica que el riesgo de pobreza afectaba el año pasado a 172.307 personas y se admite que se trata de «una cifra claramente superior» a las 121.875 de 2008, con un incremento del 41,4% entre ambos años. Con todo, las cifras son mucho mayores cuando se refiere a «las formas generales de ausencia de bienestar», con 484.571 personas afectadas en 2018 (22,4%), cuatro puntos más que en 2016 y un 37,4% más que las 352.550 de una década antes.

Un 9,3% no puede calentarse

Ante estos datos que se asumen como malos, el Ejecutivo señala que los indicadores Eurostat y EPDS son «relativos, asociados a la dinámica general de la sociedad vasca, caracterizada por un fuerte incremento del nivel de ingresos en el periodo 2016-2018», lo que «se traduce en un aumento de los umbrales que se aplican en este bienio».

En este sentido, el informe pide fijarse en los «indicadores específicos de privación» para «matizar en parte la línea de deterioro mostrada por los indicadores generales», y señala que ha habido una mejora en la «cobertura de las necesidades de alimentación», así como a la relativa a «los cortes de suministro (agua, luz, teléfono...)».

Sin embargo, inmediatamente después se admite un empeoramiento en ámbitos como el incremento de impagos o atrasos en el pago de alquileres, créditos, hipotecas o recibos, así como en el número de personas que sufren frío en invierno, que sube hasta el 9,3%, frente al 8,9% de 2016 y el 5,5% en 2008. De hecho, explica que el volumen de afectados por la carencia de esta cobertura básica se sitúa en 2018 un 125,5% por encima del registrado en 2008.