Nafarroa:

Skolae y euskara, principales retos

El nuevo curso escolar empieza en Nafarroa con retos importantes y todo en el Departamento un poco manga por hombro. No es culpa de nadie. Cambiar de Gobierno en agosto supone hacerlo en la peor de las fechas. La estructura sigue a medio camino entre el PSN, que ya ha iniciado los nombramientos superiores, y los cargos intermedios de la etapa de María Solana.

El principal reto pasa por la implantación de Skolae. El programa, laureado fuera de las fronteras, sigue siendo denostado por un sector de la población muy importante que se ha radicalizado en su contra. Tras pasar la fase piloto en una veintena de centros y una segunda fase de consolidación en más de un centenar, ahora toca extenderlo a todos los centros educativos.

El PSN, en principio, mantiene un apoyo decidido a Skolae. De hecho, si por algo criticaron al anterior Gobierno, es por blando a la hora de exigir el cumplimiento en centros concertados. Finalmente, le tocará al consejero Carlos Gimeno cumplir sus propias exigencias. Y va a tener que ser muy firme, pues pinta que a los concertados religiosos solo va a entrar Skolae manu militari. O lo que es lo mismo, a través de una Inspección firme y severa. Sin ella, el programa de coeducación puede diluirse.

Las líneas en “modelo D” que se han abierto en estos cuatro años en la llamada «zona no vascófona» siguen adelante y parecen consolidarse. El nivel de matriculación no ha dado ningún salto, pero da señales de arraigo esperanzadoras. Este curso se suma un centro de Castejón a esta red de centros públicos con oferta de euskara, que funcionan en Caparroso, Lodosa, Tafalla, Erriberri, Azkoien, Allo, Barasoain y Antzin. En Caparroso ha habido que desdoblar la línea y la oferta de euskara en Antzin ha sido la clave para mantener de la escuela rural.

Gimeno se ha destacado por un discurso contrario al impulso al euskara, pero no parecen previsible pasos atrás. A fin de cuentas, esta batería de nuevos centros es modesta. En cualquier caso, hay que esperar a ver cómo se maneja el consejero que, por ahora, no ha tomado ninguna otra decisión fuera del nombramiento de subalternos.

Un último apunte –más mirando a la universidad– es el arranque del Grado de Medicina público. De las 60 plazas ofertadas, solo 18 las ocuparán navarros, debido a la escasez de plazas para estudiar medicina en centros públicos en el Estado (la nota de corte es superior a 12) y esto se ha utilizado para criticar la decisión, puesto que la derecha siempre ha visto con desconfianza que la UPNA rompiera el monopolio que ejercía la universidad privada. En cualquier caso, la transformación del Complejo Hospitalario en Hospital Universitario será otra de las tareas complejas que el anterior Gobierno dejó atadas a Gimeno, pero que él se verá en la obligación de trasladarlas a la realidad.

Ipar Euskal Herria: circular blanquer: la tricolor y el himno en las aulas

El curso arrancará oficialmente este lunes, en aplicación de la directiva que aspira a que desde primaria y hasta fin de bachillerato todos los alumnos retomen los estudios en la misma fecha. Una orden ministerial que, no obstante, se combinará con usos propios, al menos en Ipar Euskal Herria, donde, dependiendo de las filiales educativas, ciertos centros aun abriendo hoy escalonarán la entrada en clase según los cursos.

No es la única vocación uniformizadora que destila la ordenanza que lleva la firma del ministro de Educación, Jean-Michel Blancher, y que tiene como marco la ley «por una escuela de confianza» emitida en julio. Esa norma, que marcará el curso 2019-2020, vuelve a recoger, en tono de exigencia, «la obligación de que todos los centros escolares coloquen en cada clase la bandera francesa y la europea, además de exhibir la divisa Libertad, Igualdad y Fraternidad y la letra del himno nacional».

En materia estrictamente educativa, por otro lado, el curso traerá otras novedades como la rebaja de la edad de escolarización obligatoria, que pasa de seis a tres años. La medida es más formal que otra cosa, ya que, de hecho, menos de 30.000 menores del Hexágono se incorporan a la edad límite al sistema escolar.

Por otra parte, el Ministerio de Educación galo anuncia efectivos reforzados para los centros escolares en barrios empobrecidos y medidas de apoyo suplementarias para alumnos con necesidades especiales.

En medio de recortes de plantillas y de ratios más altos, en Iparralde, los responsables de Ikas-Bi y Seaska estarán atentos al cumplimiento de ciertos compromisos logrados, in extremis, antes del verano.

Por lo demás, este curso se mantendrá el sistema de evaluación continua hasta secundaria, aunque se analizarán ciertas quejas del profesorado que cuestionan la utilidad del sistema. Otra novedad: en colegios y liceos se estrenará la figura del eco-delegado, para sensibilizar sobre el reto medioambiental, y el «bio» entrará con más fuerza en los comedores escolares, una transición en la que Ipar Euskal Herria es pionera.

La espinosa cuestión de la reforma del Bac (examen de selectividad) vivirá un segundo año de transición cara a su implantación definitiva en junio de 2021.

CAPV: Conflictividad y segregación

Hoy comienza el curso para el profesorado en la CAV y para los pequeños matriculados en los centros del consorcio Haurreskolak, donde ELA y Steilas han llamado al personal de gestión a secundar cinco días de huelga. Esta es la primera movilización de un curso que arranca con heridas abiertas desde el anterior ejercicio. A día de hoy, el conflicto en los colegios concertados de Kristau Eskola sigue sin estar resuelto.

Además, desde el sindicato Steilas tampoco descartan movilizaciones laborales en la red pública, donde todavía no se ha aprobado un convenio colectivo que sustituya al de 2012. Los principales sindicatos, a excepción de ELA, firmaron en mayo de 2018 un acuerdo con el Departamento de Educación que, en palabras de Aitor Idigoras (Steilas), está bloqueado.

En las próximas semanas esperan reunirse con los responsables institucionales, con los que, a buen seguro, aprovecharán también para hablar de la futura Ley de Educación Vasca, que podría llegar al Parlamento de Gasteiz antes de que finalice este mismo año. Idigoras no esconde sus recelos ante una norma que, a su juicio, «pretende perpetuar el sistema actual», marcado por la segregación escolar.

Un gran reto

El de la segregación es, sin ninguna duda, uno de los principales retos a los que deberá hacer frente este curso el sistema educativo de la CAV, donde se reparten a partes iguales los alumnos entre la red pública y la concertada. El 50,7% de los niños y niñas están matriculadas en colegios públicos, en los que estudian el 83% de los menores con al menos un progenitor extranjero. En algunos centros de Gasteiz, por ejemplo, el porcentaje de alumnado de origen migrante ronda el 70%.

Con el objetivo de hacer frente a esta situación, el Gobierno autonómico y el Ejecutivo local de Gasteiz firmaron en julio pasado un convenio marco en el que se prevén ayudas complementarias para las familias en situación de mayor desventaja socioeconómica, «de forma que se facilite el acceso y aprovechamiento de las oportunidades socio-educativas en igualdad de oportunidades».

En el convenio también se apuesta por mejorar la imagen de los centros educativos de entornos desfavorecidos, y se anuncia la puesta en marcha este curso del programa Magnet-Erakarri en dos centros públicos de Gasteiz. Según explicó Lakua, su objetivo es «promover una serie de alianzas estratégicas entre centros educativos de alta diversidad social e instituciones» para articular y desarrollar «un proyecto de innovación compartido. Un proyecto educativo innovador, de calidad, atractivo que se convierta en referencia en su entorno más cercano».

Estas palabras, sin embargo, no convencieron a los integrantes de la Plataforma a Favor de la Escuela Pública Vasca, que proponen crear oficinas municipales de matriculación, garantizar la gratuidad en todos los centros financiados con dinero público, «tal y como establece la ley», y «poner fin a las política de concertación universal, según la cual se concierta absolutamente todo centro privado que lo solicite, ligando los conciertos educativos a la respuesta que los centros den a la realidad social de entorno».

Asimismo, defienden que se garantice el derecho a la educación laica en todas las redes educativas, y que se pongan en marcha planes especiales «en aquellos centros que están inmersos en situaciones de segregación», además de «dotar a la escuela pública de recursos humanos e infraestructuras suficientes, con los que en la actualidad no cuenta». Todo para evitar que la segregación vaya en aumento, tal como augura Idigoras, que insiste en que no vale con dar más dinero a determinados centros, «hay que cambiar el sistema».