Soledad GALIANA
Dublín
LA DERIVA dEL BREXIT

Los Comunes bloquean un Brexit sin acuerdo

Segunda derrota de Boris Johnson en la segunda votación que enfrenta desde que fue elegido primer ministro. Los Comunes rechazan un Brexit sin acuerdo. Ahora es el turno de los Lores. Johnson responde proponiendo adelantar los comicios al 15 de octubre.

La Cámara de los Comunes vivió ayer el segundo asalto contra los planes del Gobierno conservador de Boris Johnson de forzar la salida de Gran Bretaña de la UE con o sin acuerdo el próximo 31 de octubre al debatir y aprobar el proyecto de ley del laborista Hillary Benn. La propuesta, que superó las dos votaciones requeridas en la Cámara Baja del Parlamento británico y será presentada ante los lores, que esperan aprobarla antes del lunes, requiere que exista un acuerdo entre la UE y Gran Bretaña para que el Brexit se materialice. La propuesta recibió 328 votos a favor frente a 300 en contra en la primera votación, y 327 frente a 299 en la segunda. Y Johnson respondió proponiendo unas elecciones anticipadas el 15 de octubre.

En la Cámara de los Lores, el Ejecutivo se encuentra en minoría, y en un esfuerzo por obstaculizar la ley ha presentado 200 enmiendas para el debate de la propuesta aprobada ayer en los Comunes. Los lores liberales, laboristas y conservadores rebeldes se organizaron para asegurar que la votación tuviera lugar durante la noche de ayer, porque de otra manera el proyecto de ley no podría progresar a ley.

Las votaciones del martes y el miércoles echan por tierra la estrategia de Johnson de suspensión del Parlamento para forzar una salida sin acuerdo del bloque comunitario. Ahora, incluso con la suspensión, Johnson se vería abocado a conseguir un acuerdo o a posponer el Brexit hasta finales de enero de 2020.

Según la propuesta de Benn, el primer ministro dispondrá hasta el 19 de octubre para aprobar un acuerdo en el Parlamento o lograr que los diputados avalen un Brexit duro. Una vez que este plazo haya pasado, deberá solicitar una extensión de la fecha de salida de Reino Unido de la UE, del 31 de octubre al 31 de enero de 2020. Inusualmente, el proyecto de ley incluye la redacción de la carta que el premier tendría que escribir al presidente del Consejo Europeo en su solicitud de prórroga.

Si Bruselas responde planteando una fecha diferente, el primer ministro tendría dos días para aceptar la propuesta. Pero durante esos dos días, los parlamentarios, no el Gobierno, podrían rechazarla.

Tal es la situación que se vive en la política británica que el Acuerdo de Salida alcanzado por la anterior primera ministra británica, Theresa May, que fue rechazado por la Cámara de los Comunes en tres ocasiones, fue reconsiderado por algunos conservadores y laboristas e incluido como una solución de compromiso a las enmiendas al proyecto de ley que fue aprobado por los diputados.

15 de octubre

La respuesta de Johnson a esa segunda derrota fue la de presentar una convocatoria de elecciones anticipadas, que necesitaría el apoyo de dos tercios de los diputados para ser aprobada y cuyo debate estaba previsto anoche. Los partidos de la oposición ya han anunciado que no votarán a favor del adelanto electoral hasta que no tengan la seguridad de que el Brexit duro, sin acuerdo con la UE, no forma parte de los planes del actual Ejecutivo.

A pesar de que Johnson anunció como posible fecha para esos eventuales comicios el 15 de octubre, la oposición no confía en que mantenga su palabra y, por ello, quieren asegurar primero la aprobación de la legislación que impida un Brexit duro.

Ante el posible anticipo electoral, 100.000 personas se han registrado como votantes en las últimas 48 horas, en su mayoría jóvenes, un sector de la población que no favorece al voto conservador o al Brexit.

El primer ministro se ausentó de la Cámara durante la primera parte del debate, quizás para prepararse para su segunda derrota consecutiva, después que en la tarde del martes los diputados aprobaran por una mayoría de 27 votos (328-301) que la llamada propuesta Benn fuera presentada y discutida en el Parlamento al día siguiente.

El momento del triunfo fue recibido con vítores, aplausos y un grito de «¡No es un buen comienzo, Boris!» desde las filas de la oposición.

Era la primera vez que Johnson entraba en la Cámara como primer ministro y su primera derrota no se hizo esperar. El martes, el primer ministro perdió no sólo la mayoría con la que contaba en el Parlamento cuando uno de sus diputados, Phillip Lee, decidió cruzar el recinto para unirse a las filas de los liberales, sino también el apoyo de 21 de sus diputados, que votaron contra el Gobierno, y que han sido expulsados del partido. Entre ellos, dos exministros conservadores y el nieto de Winston Churchill.

El excanciller Philip Hammond pasó de ser un ministro leal a un líder de la rebelión conservadora en apenas seis semanas. El martes por la mañana, demostró su enfado con el liderazgo de su partido, atacando lo que llamó la «hipocresía de rango» de Downing Street cuando se trataba de lealtad al Brexit y la expulsión de los diputados rebeldes, dada la cantidad de ministros actuales –incluyendo el primer ministro- que habían desafiado previamente a Theresa May por la misma cuestión.

 

Johnson cerrará Westminster tras ganar su primera batalla legal

Boris Johnson ganó ayer su primera batalla legal al dictaminar el Tribunal de Sesiones de Edimburgo que actuó de acuerdo con la legalidad cuando decidió suspender temporalmente el Parlamento hasta pocos días antes de la fecha fijada para el Brexit.

El juez Lord Raymond Doherty afirmó que la acción del Gobierno «no contraviene la ley», porque la potestad de suspender la Cámara de los Comunes «es un poder reservado al Ejecutivo».

La corte civil de mayor rango de Escocia se pronunció así sobre la demanda presentada por un grupo de más de 70 diputados británicos, que pidió que se estableciera la legalidad de clausurar la Cámara de los Comunes para evitar que los detractores de un Brexit sin acuerdo puedan frenarlo.

Agregó que no está convencido de que la cuestión sea «justiciable», es decir, llevada ante los tribunales, ya que «el Ejecutivo rinde cuentas ante el Parlamento». Es una «decisión política», señaló y añadió que no era voluntad del tribunal «interferir» en la labor gubernamental.

Los demandantes, que pretendían que el caso fuese considerado «ilegal» y «anticonstitucional», anunciaron que presentarán un recurso ante el Tribunal Supremo británico, que podría celebrar una vista el 17 de setiembre.GARA