Después de tres meses de protestas que suponen el mayor desafío de la excolonia británica al Gobierno chino desde la Revolución de los Paraguas de 2014, la jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, anunció la retirada definitiva de la polémica ley de extradición. «Teniendo en cuenta las cinco demandas presentadas por los manifestantes, ya anuncié la suspensión de la ley y hoy quiero dejar claro que la ley está muerta», reiteró Lam en un discurso emitido por la televisión local.

Las protestas comenzaron el pasado mes de junio por la intención del Gobierno de aprobar una ley que permitiría enviar a la China continental a cualquier sospechoso requerido por las autoridades de Pekín.

Miles de personas han tomado el centro financiero y el aeropuerto internacional de Hong Kong en estos meses para exigir la retirada definitiva del proyecto de ley, que consideran una afrenta al régimen de derechos y libertades heredado del periodo colonial.

El resto de peticiones son el establecimiento de una comisión independiente que investigue la brutalidad policial, la retirada de cargos contra los detenidos por las protestas, la retirada del calificativo de «revuelta» sobre las manifestaciones y la aplicación del sufragio universal para la elección del jefe del Ejecutivo local.

Pese a la reacción del movimiento opositor, que ya consideró en su día insuficiente la suspensión definitiva de la tramitación de la ley de extradición, las exigencias de los manifestantes en materia antirrepresiva son difícilmente asumibles, pero no imposibles.

Sí parece serlo en principio la exigencia de sufragio universal en Hong Kong, ya que ello desafía abiertamente el régimen implantado por el Partido Comunista Chino en todo el país. Sobre todo porque, a lo largo de estas semanas de protestas, va quedando cada vez más claro que el objetivo que mueve a la vanguardia del movimiento opositor y a los sectores más jóvenes es la independencia.

Todo ello en un contexto en el que Lam goza, según las últimas encuestas, de la popularidad más baja jamás registrada por un líder del Gobierno local desde que Hong Kong regresó a manos chinas tras siglo y medio de dominación colonial británica.

Pese a que los manifestantes han exigido una y otra vez su dimisión, la política negó ayer que hubiera ofrecido su renuncia a las autoridades chinas: «Jamás he ofrecido mi dimisión al Gobierno Popular Central (el Ejecutivo de Pekín). Nunca me he planteado dimitir. La elección de no dimitir es mía propia».

Lam respondía a unas grabaciones obtenidas por la agencia de noticias Reuters durante una reunión con empresarios locales en las que se le escucha decir: «Si tuviera elección, lo primero (que haría) sería dimitir, después de haberme disculpado convenientemente».

Cinco, ni una menos

Los manifestantes hongkoneses se mostraron insatisfechos con la cesión, a concentrarse para exigir el cumplimiento de todas sus demandas.

Lam se negó a establecer una comisión independiente para investigar la violencia policial, argumentando que ya hay una institución encargada de ello, y a retirar los cargos contra los manifestantes detenidos.

En cuanto al sufragio universal, una de las principales demandas, la dirigente regional dejó la puerta abierta, siempre y cuando se discuta «en el marco legal y en una atmósfera que conduzca a la confianza y el entendimiento mutuo, sin polarizar aún más la sociedad».

«Cinco demandas, ni una menos ni una más»

El Frente Civil de Derechos Humanos (CHRF) recordó &hTab;que Carrie Lam «debería haber escuchado a la opinión pública en junio (...) Ahora, quiere retirar definitivamente la endiablada ley para mitigar el desastre, pero ignorar las cinco grandes demandas es un grave error político», señaló. En la calle, se colocaron velas por las víctimas de los disturbios y carteles con el lema «cinco demandas, ni una menos». También hubo concentraciones ante el cuartel señalando con punteros láser a los agentes.GARA