Con testimonios en primera persona, Etxerat denunció ayer el tremendo daño que provoca la política de dispersión a familiares, amigos y allegados de las presas y presos políticos. Exigió al Gobierno español, una vez más, que termine de manera urgente con esa política penitenciaria de excepción. También aprovechó el acto de la Alhóndiga para recordar que durante tres décadas esa política ha causado 16 víctimas mortales en accidentes de tráfico y han resultado heridas de diversa consideración más de 1.000 personas. Los portavoces de la asociación anunciaron que en noviembre celebrarán un acto en Gernika para reivindicar la memoria y el reconocimiento a todas las víctimas de la dispersión.

Etxerat volvió a recordar, una vez más, que la dispersión es sobre todo una condena a los familiares de las personas presas. Un castigo impuesto sin juicio ni sentencia que vulnera derechos fundamentales y que además afecta especialmente a los allegados más vulnerables. Porque aunque para todas las personas supone un sufrimiento, se ceba especialmente con los menores y las personas enfermas o ancianas. La lejanía y los largos viajes constituyen para ellas obstáculos muchas veces insalvables que les impiden mantener una relación afectiva o conservar relaciones sociales con sus seres queridos. De nada ha servido hasta ahora que los tratados internacionales sean muy claros en relación con la protección de la infancia y la obligación de la autoridades de preservar el superior interés del menor garantizando sus derechos, su bienestar material, emocional, afectivo y sus relaciones familiares.

En el actual contexto nada justifica la existencia de esta política y su mantenimiento solo revela una mentalidad sádica y revanchista, que no hace sino certificar la debilidad del Estado. El Gobierno español debería terminar con la dispersión de una vez por todas, no por compasión hacia los familiares de los presos, sino por vergüenza de ser cómplice en el mantenimiento de semejante crueldad.