El examen de las propuestas del primer ministro británico, Boris Johnson, sobre la salvaguarda irlandesa –la garantía que la Unión Europea exige para que no se vuelva a erigir una frontera entre el norte y sur de Irlanda– establece un debate sobre si estas se han originado en la ignorancia más completa por parte del premier británico de la realidad sociopolítica del norte de Irlanda o se trata de una estrategia para forzar el rechazo de la UE a su plan y forzar un Brexit sin acuerdo.

Según las propuestas de Johnson, el norte de Irlanda abandonaría la unión aduanera junto con el resto del Reino Unido a principios de 2021, y dejaría en manos de la Asamblea de Belfast la decisión de continuar aplicando la legislación de la UE relacionada con la agricultura y otros productos a partir de esa fecha. Ese acuerdo podría, en teoría, continuar indefinidamente, pero el consentimiento de la Asamblea de Belfast tendría que renovarse cada cuatro años.

Según el plan, en lugar de establecer los controles aduaneros en la misma frontera, estos se realizarían en centros en el norte y sur de Irlanda, lo que de hecho supondría que en lugar de una frontera se crearían dos, una en la República irlandesa, y otra en el norte de Irlanda.

El Gobierno de Dublín ya ha expresado su pesimismo. El viceprimer ministro irlandés, Simon Coveney, ha apuntado que la propuesta sobre la frontera es el «problema principal» en los planes presentados, que han sido rechazados por políticos y grupos empresariales en el norte y sur de Irlanda.

Michelle O’Neill, la líder de Sinn Féin en el norte de Irlanda, lo describió como «un acto de sabotaje político». El líder del nacionalista SDLP, Colum Eastwood, sentenció que el plan estaba «difunto», mientras que Naomi Long, líder del Partido de la Alianza, la calificaba como la peor de las opciones, ya que «hemos pasado de no tener fronteras a tener dos».

Desde el unionismo, Robin Swann, el líder del UUP, cree que las propuestas crearan un «eterno ciclo de incertidumbre», y Sylvia Hermon, diputada independiente de North Down, acusó a Johnson de «bailar al son» del Partido Unionista Demócrata (DUP) y olvidar que la mayoría de los votantes en el norte de Irlanda respaldó la permanencia en el referéndum de 2016.

De hecho, ha sido el DUP el único partido norirlandés que ha apoyado la propuesta de Johnson. Su líder, Arlene Foster, la defendió como la solución para que el norte de Irlanda no pueda ser «atrapado por el capricho de Dublín o la UE».

Lo que la líder unionista obvia es precisamente lo que apuntó Coveney: Irlanda no puede respaldar un acuerdo de Brexit que permita a una minoría política vetar los deseos de la mayoría, porque si la Asamblea votara mayoritariamente por la permanencia en el mercado único, los unionistas podrían vetar la decisión y crear un limbo legislativo.

Además, hay que tener en cuenta las dificultades que entraña el Gobierno pluripartito norirlandés. La asamblea de Belfast se colapsó hace casi tres años a consecuencia de irregularidades en la gestión de fondos públicos por el DUP. La propuesta de Johnson requiere que la Asamblea apruebe los arreglos para que el norte de Irlanda permanezca alineado con la UE antes del final del período de transición y cada cuatro años después de eso. Pero en sus 17 páginas no incluye un plan B en el supuesto que el Ejecutivo y la Asamblea no se encuentren operativas el próximo verano cuando, según el secretario de estado para el Brexit, Stephen Barclay, los diputados norirlandeses deberían votar si el norte de Irlanda se mantendría alineado con las normas de la UE.

Por otra parte, es prácticamente imposible que la UE acepte un acuerdo tan condicionado y que crearía incertidumbre en instituciones y normas europeas. Por ello se espera que el equipo negociador europeo reclame mecanismos de salvaguarda legalmente vinculantes antes de firmar un nuevo pacto.

Está claro que la propuesta de Johnson, inicialmente rechazada por las instituciones europeas, juega a favor de su estrategia de provocar una salida sin acuerdo de la UE, a la que Johnson pretende convertir en chivo expiatorio ante los votantes británicos por el rechazo de propuestas que ya sabía inaceptables para Europa e intolerables para el Gobierno de Dublín.