2019/10/10

Joseba Pérez Suárez
¿Y qué hay de lo mío?

Todo un clásico, casi siempre ligado al chalaneo y a la corruptela; a ese amiguete coleguilla que, por su posición, puede conseguirme lo que la pura ética rechazaría de plano. Tan viejo como comer con los dedos y tan común que hasta «incorrupta» política vasca lo asume con el descaro de quien considera estúpida a una ciudadanía a la que se trata de anestesiar con la «bien probada capacidad de gestión» de quien gobierna.

La propuesta del PP en las JJGG de Araba buscaba desesperadamente colocar siquiera una tirita en la hemorragia económica que han supuesto para los de Alfonso Alonso los sucesivos batacazos en las últimas citas electorales. Hemorragia que les llevará a dejar de ingresar, solo por vía de Congreso y Senado, cerca de 11,8 millones de euros, por culpa de la sensible pérdida de escaños en ambas cámaras. Los también cuantiosos recortes por la merma de representatividad en los distintos niveles institucionales de la CAV les obligan a hacer malabares para mantener su amplia nómina de estómagos agradecidos.

Una propuesta que abogaba por incrementar en algo más de 600.000 euros anuales la partida que las JJGG deberán destinar al incremento de plazas de «personal asesor» de cada grupo político, exclusivamente para que los «populares» puedan saltarse a la torera la decisión de la ciudadanía de reducir su representatividad en nuestro herrialde. Partida que ascenderá a los 2,5 millones al final de la legislatura y que el PP dispone detraer del bolsillo de toda esa ciudadanía arabarra a la que tanto dicen querer, pero que le acaba de dar la espalda de forma clara.

Y por aquello de que la derecha y el dinero son hijos de la misma madre, sus dos marcas políticas en la comunidad (PNV-PSOE por un lado y PP por otro) acordaron el arreglo en menos de lo que tarda en cantar un jilguero. Beneficioso para ambas partes, qué duda cabe, por cuanto posibilitará que los de Alonso recuperen los sueldos perdidos de su gente, sin que eso les impida seguir bramando contra la RGI, al tiempo que los de Sabin Etxea se aseguran el voto «pepero» (previo par de «pucheros» para que parezca que debaten) en la aprobación de los presupuestos de la CAV, lo que les permitirá seguir presumiendo de su «probada capacidad de acuerdo con cualquier fuerza política». Todo en orden, como no podía ser menos.

Una capacidad de acuerdo, por cierto, por la que los jeltzales añaden gustosos su firma a la de los constitucionalistas cuando lo que se discute son las cosas de comer (presupuestos…), mientras comprometen su rúbrica junto a la de Bildu solo para aquellos casos que saben imposibles de sacar adelante, como el nuevo estatus de la CAV, para el que, incluso, se permiten añadir la condición del necesario «amplio consenso» (por lo visto, no tan necesario en los pactos presupuestarios), buscando que la imposibilidad de lograrlo deje en agua de borrajas toda la propuesta. Lo dicho: todo en orden.

Apenas han pasado 3 meses desde que el Ministerio de Fomento nos sorprendiera con un incremento del 20%, ni más ni menos que 150 millones de euros, en el «definitivo» presupuesto de la llegada del TAV a Gasteiz y con respecto al presentado apenas 6 meses antes. Semejante cuantía da para un buen negocio, qué duda cabe, y alguien, seguramente, se va a hacer con él. Nadie ha ofrecido una explicación coherente a tamaño desfase, ni se ha rasgado las vestiduras, ni ha pedido dimisiones. Evidentemente, mucho menos iban a poner pegas por una fruslería de 2,5 millones de nada. Será por dinero.

Las corruptelas siguen siendo corruptelas, se vistan de nepotismo o de democracia parlamentaria. Lo que las define no es su envoltorio, sino su contenido. Paga el contribuyente una vez más, cómo no, y la política vasca no es ajena a esta vergonzosa práctica; también se embarra, faltaría más, cuando en la balsa de aceite en la que decimos vivir, alguien pregunta… ¿Y qué hay de lo mío?