Una manifestación recorrió ayer las calles del centro de Gasteiz para denunciar la muerte de José Ángel Ochoa de Eribe, que falleció el martes en Urkabustaiz. Murió en su casa, donde pasó los últimos tres meses de su vida. Los 19 años anteriores estuvo preso, los últimos luchando contra una grave enfermedad.

«Queremos denunciar, una vez más, una muerte que pudo ser evitada. Denunciamos, que como José Ángel hay varios presos más con enfermedades terminales que ven como su vida se les escapa, ante la pasividad del Gobierno español y de una Justicia que es cómplice en el cumplimiento de la legislación interna y europea. Ejemplo de ello es el caso de Ibon Fernández Iradi, al que, una vez más, desde los juzgados han aplazado la decisión sobre su puesta en libertad por la grave enfermedad que padece, perpetuando así este proceso y manteniéndolo mientras tanto en prisión», manifestaron Joseba Azkarraga y Blanca Martínez de San Vicente ante los congregados en la plaza de la Virgen Blanca, 1.500 personas, según el recuento de GARA.

Recordaron que, «para las estadísticas de los poderes del Estado, Ochoa de Eribe será una persona que estuvo presa y fue excarcelada por tener una enfermedad grave. Pero, para una parte cada vez más importante de la sociedad vasca, José Ángel es un preso vasco, al que le pusieron en libertad, para morir en su casa. No para que fuera tratado fuera de los muros de la prisión. No para que pudiera aliviar su enfermedad. Fue puesto en libertad porque su esperanza de vida era inexistente».

«Este Gobierno ha hecho suya la circular que en su momento aprobó el Gobierno del PP, donde manifestaba algo tan cruel como que ‘solo serán excarcelados si hay seguridad que se van a morir pronto’. Así de cruel, pero así de cierto. ¿Hay algo más inhumano que esto?», preguntaron antes de advertir que «una sociedad, que se dice democrática, no debería permitirse que, el odio y la venganza de la cárcel como castigo, sustituya a la búsqueda de espacios de convivencia».

«Espacios de impunidad»

Asimismo, lamentaron que, «desde hace mucho tiempo, las cárceles se han convertido en espacios de impunidad y de castigo», donde no deberían estar las personas enfermas. Remarcaron que «la condena impuesta por los tribunales les priva de su libertad, pero no les puede privar del derecho a la salud y mucho menos de su derecho a vivir». «El derecho a la salud, es un derecho fundamental, pero es, también, un derecho universal, que debe de ser respetado para todas las personas, estén presas o en libertad», apuntaron Azkarraga y Martínez de San Vicente, que insistieron en que «esta sociedad esta dispuesta a impedir que continúe la aplicación de la venganza y del odio hacia los presos y presas vascos».

«Queremos cerrar la puerta al odio, la venganza y la revancha y abrirla a la libertad, la resolución y la convivencia. Y os invitamos a continuar trabajando. En vuestros pueblos, barrios, escuelas, universidad, fabricas… porque volveremos a salir a la calle, cada vez que sea necesario. [...] Impidamos entre todos y todas, que esto continúe así. Impidamos que la lista siga aumentando y sobre todo hagamos lo posible y lo imposible, para que estas personas salgan con vida de la prisión donde se encuentran»», subrayaron.

El acto finalizó con un «último llamamiento» al Gobierno español. «Por humanidad, por dignidad y por legalidad. Libertad para los presos gravemente enfermos. Los queremos en casa y los queremos vivos», señalaron los integrantes de la red ciudadana, que este año también han tenido que movilizarse para denunciar las muerte de Oier Gómez y de Juan Mari Maizkurrena, ambos fallecidos el pasado mes de enero. «Son nombres de esta ya larga y macabra lista. ¿Quién será el próximo?», preguntaron. Basta con recordar que hay una veintena de presos y presas gravemente enfermos.