2019/11/07

Macron endurece las prestaciones sociales a «sin papeles» y refugiados

Con el argumento de luchar contra el fraude y los abusos, la polémica nueva política migratoria francesa contempla, además de establecer cuotas según necesidades laborales, endurecer los controles en algunas prestaciones sanitarias para «sin papeles y refugiados».

GARA|París

EN CONTRA


La limitación de las prestaciones sanitarias durante los primeros tres meses es una de las medidas que más reacciones en contra ha suscitado entre la izquierda e incluso entre algunos parlamentarios del partido de Macron, que han amenazado con votar en contra.

El Gobierno francés, con el argumento de luchar contra el fraude y los abusos, va a restringir y endurecer los controles en algunas de las prestaciones sanitarias para los inmigrantes en situación irregular y los demandantes de asilo, según anunció ayer el primer ministro, Édouard Philippe. El martes, el Ejecutivo ya había adelantado la adopción de una de las viejas demandas de la derecha, el polémico establecimiento cada año de cuotas de entrada de inmigrantes en función de las necesidades de su mercado laboral. Las críticas fueron inmediatas y una decena de ONG denunciaron «el retroceso sin precedentes» que suponen las medidas.

Con el pretexto de «luchar contra el fraude y los abusos» en el sistema de protección social para los inmigrantes, contra el que la ultraderecha carga en cada convocatoria electoral, el Gobierno de Emmanuel Macron limitará, por ejemplo, la cobertura médica para demandantes de asilo a la atención de urgencia durante los tres primeros meses desde que presentan su solicitud.

Otra medida será dejar de ofrecer esa cobertura completa seis meses después de que expire el permiso de residencia de un inmigrante que se ha quedado en el Estado francés.

Tampoco podrán beneficiarse de ese servicio quienes hayan entrado en el territorio con un visado de turista durante los tres meses que sigan a la fecha de caducidad de ese visado.

Y se interrumpirán los derechos a prestaciones cuando haya una decisión definitiva de expulsión de un inmigrante en situación irregular.

La ministra francesa de Sanidad, Agnès Buzn, afirmó que dar atención médica a toda persona que se encuentra en Francia es indispensable «por razones humanitarias y también por razones de salud pública», pero consideró «legítimo» un mayor control para hacer frente a un fraude que admitió «limitado» pero que «alimenta fantasmas».

Una decena de ONG, entre las que están Médicos Sin Fronteras (MSF) o Médicos del Mundo, criticaron estos planes por entender que representan «un retroceso sin precedentes». «¡Ningún gobierno se había atrevido a llegar tan lejos!», lamentaron.