2019/11/08

Iñaki IRIONDO
De una agenda comercial a la democrática

La derechización que se está produciendo en la política del Estado español puede obligar a cambiar la agenda vasca de transacción comercial conocida hasta ahora por una agenda democrática para proteger el autogobierno, las libertades y los derechos, cuyos actuales recortes se van a agudizar.

El arco político español se está derechizando y los anuncios de Pedro Sánchez de llevar alCódigo Penal las consultas muestranque el PSOE se va a sumar a las medidasque antes solo proponía el trifachito.Y por estar en el Gobierno, UnidasPodemos ya anuncióque asumiría elliderazgo del PSOE siaplicara el 155

En su entrevista en estas páginas, Mikel Legarda, cabeza de lista del PNV por Araba, definía la «agenda vasca» como «los intereses, las necesidades, las aspiraciones, los deseos que nosotros, el PNV, recogemos de la sociedad con carácter trasversal. Nosotros decimos que la agenda vasca no es la agenda del PNV, sino lo que nosotros consideramos que demanda la sociedad en cada momento, desde el punto de vista de inversiones, de intereses, de defensa del autogobierno, de necesidades emocionales...».

La traducción de esto es que, cuando el partido de turno en el Gobierno de Madrid necesita de los votos del PNV para una investidura o unos presupuestos, los obtiene a cambio de inversiones en Euskal Herria o de promesas de transferencias de competencias que ya deberían estar en manos de la CAV. Los propios jeltzales admiten que hay algo de chalaneo o comercio en esta práctica, pero –como dijo también Legarda– se jactan de que «hay que estar ahí para cuando el balón cae en el área, rematar».

El último ejemplo, con Pedro Sánchez en el Gobierno, es un calendario de 33 competencias de las que 18 deberían haber estado transferidas para el pasado mes de julio. La promesa se diluyó entre elecciones y solo se han consumado unos kilómetros de autopista.

En los últimos días, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, se ha atribuido personalmente el éxito de haber conseguido que Madrid haya cedido a Lakua los terrenos e instalaciones de la central nuclear de Lemoiz. «Cosa que era impensable», apostillaba en su entrevista de este jueves en GARA. Aseguraba que «esos terrenos habían pasado al Estado» y añadía que «al principio esta gente exigía incluso subastas. Querían dinero tal y como estaba la legislación». Aitor Esteban concluía que «creemos que puede ser una zona que puede ser dinamizada con proyectos que generen riqueza y empleo, y es una circunstancia como para que nos alegremos todos».

Esta operación, iniciada con un acuerdo de mayo de 2017 para aprobar los últimos presupuestos de Rajoy, es un paradigma del modelo de «agenda vasca» comercial del PNV, en la cual solo se resalta el «hemos conseguido», sin explicar el para qué (no se sabe) ni quién es el verdadero beneficiario (en este caso Iberdrola, que se ahorra el desmantelamiento de las ruinas de la central). «Querían dinero», dice Aitor Esteban, y es cierto que se le podía exigir a Iberdrola «tal y como está la legislación», pero antes de que los terrenos pasaran al Estado el PNV ya había intermediado para que la operación le saliera gratis a la multinacional. ¿Nos tenemos que alegrar todos? José Ignacio Sánchez Galán más que el resto; y en algunos años sabremos de algún otro burukide que, como Juan María Atutxa, Xabier Sagredo, Roberto Otxandio y otros, caerá en uno de los consejos de administración de la maraña empresarial de la eléctrica.

Si por «agenda vasca» se entendiera aquellas demandas que los parlamentos de Gasteiz e Iruñea han ido aprobando deberían incluirse, entre otros, puntos como la repatriación de los presos y la libertad de los enfermos y los que han cumplido las tres cuartas partes de la condena. Pero eso nunca ha estado sobre las mesas en las que transaccionaban apoyos los jeltzales.

En todo caso, la utilidad como interlocutor/conseguidor de un grupo depende de la correlación de fuezas que se dé en el Congreso a partir del domingo, y las expectativas no son nada halagüeñas.

El arco político en el Estado se está inclinando claramente hacia la derecha y el anuncio de Pedro Sánchez de introducir las consultas en el Código Penal es una muestra de ello, al igual que el reciente decreto que permite el cierre de páginas web a criterio del Gobierno.

Varias de las medidas que ha expuesto en las últimas fechas el presidente en funciones suponen una invasión de competencias. Al margen de lo que el futuro Gobierno español vaya a hacer con las transferencias que adeuda a la CAV y a Nafarroa, es previsible que el Estado entre en una involución autoritaria que, tal vez a la fuerza, obligará a los grupos de obediencia vasca a centrarse en una agenda democrática frente a medidas, más que previsibles, como la aplicación del artículo 155 en Catalunya.

En este aspecto no cabe olvidar que en su día Unidas Podemos ya anunció que, si entrara en un gobierno de coalición con el PSOE, no interferiría en este punto; lo que supone que, incluso en la cada vez más descartable hipótesis de un Ejecutivo progresista, Catalunya seguiría siendo un elemento de fricción entre Euskal Herria y Madrid.

Además, todo indica que en esta ocasión la aplicación del 155 no sería como la anterior, puesto que esta vez habrá decenas de diputados y diputadas de Vox, una presencia que ya se ha demostrado efectiva para «ultraderechizar» todos los marcos de debate y las posiciones de partidos y medios. Ayer la Asamblea de Madrid aprobó, con el voto de PP y C’s, una propuesta de Vox que insta a ilegalizar los partidos separatistas que atentan contra la unidad de España.

Al margen de debates cortoplacistas sobre si el PNV&punctSpace;lo ha firmado o no, que en el escenario futuro puede quedar rápidamente superado, la declaración de Llotja de Mar aparece como un punto de encuentro de una agenda democrática que agrupe la acción de todos lo llamados «nacionalismos periféricos», un programa de mínimos al que cada partido añadirá su especificidad.

Sus cinco puntos básicos son: «El derecho a la autodeterminación de nuestros respectivos pueblos». «El carácter democrático y pacífico de toda nuestra acción política». «La libertad de los presas y presos políticos y el retorno de los exiliados y exiliadas». «Las libertades civiles y políticas». «Las políticas sociales y económicas que permitan el progreso de nuestros pueblos».

Los grupos de obediencia vasca podrían complementar el primer punto de esta base con la demanda de un Nuevo Estatus basado en la igualdad, y el de los presos con las exigencias propias ya recogidas también institucionalmente.

Además, en conjunto, se echa de menos una mención a la lucha feminista, una reivindicación que, si siempre es imprescindible, debe visualizarse con mayor nitidez cuando la misoginia va a ocupar decenas de escaños en el Congreso.

Ojalá nada de esto fuera necesario. Que después del 10N se abriera una fase de diálogo y reconocimiento de las soberanías nacionales, además de completarse los estatutos actuales. Pero si, como dice el jeltzale Aitor Esteban, «pensar que el Estado va a respetar el autogobierno es no conocer a España», quienes eso opinan harían bien en empezar a actuar en consecuencia. Como «afirmó solemnemente» el lehendakari Iñigo Urkullu en su última declaración institucional, a ver si es cierto que «cualquier pretensión de ataque o agresión al autogobierno vasco, a sus instituciones, a sus partidos políticos o a la sensibilidad democrática de la sociedad vasca se topará con toda la firmeza democrática e institucional del Gobierno vasco y de su lehendakari».

Lo previsible es que en la próxima legislatura no caigan en el área balones de oportunidades para rematar sino chuzos autoritarios de punta de los que protegerse y proteger a los respectivos pueblos del Estado español. No van a hacer falta tanto botas de fútbol como cascos de seguridad.