Diecinueve de los veintiún ex altos cargos de la Junta de Andalucía acusados en la pieza política de los ERE han sido condenados por la Audiencia de Sevilla, entre ellos los expresidentes José Antonio Griñán, y Manuel Chaves. La sentencia considera que ambos fueron responsables del sistema de concesión de ayudas públicas que la Junta usó entre los años 2000 y 2009 para empresas en crisis o para trabajadores afectados por ERE.

«La necesidad política de dar una respuesta rápida a los grandes conflictos sociolaborales, llevó a los responsables de la Junta a establecer un sistema ágil, si bien tal agilidad se consiguió eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos», explica el tribunal.

Asegura, además, que ese sistema permitía el enriquecimiento de empresas, «ajeno a cualquier interés social o público debidamente acreditado».

Pero los delitos que cometieron ambos expresidentes no son los mismos y la prevaricación que se atribuye a Chaves no está penada con cárcel, mientras Griñán ha sido condenado a seis años y dos días de prisión por un delito continuado de malversación y a quince años y dos días de inhabilitación absoluta por otro continuado de prevaricación. Según la sentencia, Griñán, que fue presidente de la Junta entre 2009 y 2013, fue «plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó» al conceder las subvenciones de los ERE a través de las transferencias de financiación, la modalidad que permitía saltarse los controles.

Por su parte, Chaves ha sido condenado a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación. «Resulta lógico que cualquier variación en el sistema de concesión de estas ayudas, habida cuenta de que afectaba a más de una consejería, tuviera que pasar por la decisión final de su superior jerárquico, es decir, el presidente de la Junta», destaca.

El PSOE se desmarca

La dura sentencia llega en un momento en que pone en aprietos al PSOE cuando negocia un nuevo Gobierno. Su secretario de organización, José Luis Ábalos se desmarcó destacado que la sentencia «no afecta ni al actual Gobierno ni a la actual dirección del PSOE», toda vez que se ciñe a unos hechos ocurridos entre 2001 y 2009, cuando el hoy secretario general era concejal en Madrid.

Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, afirmó, por su parte, que «el bipartidismo trajo corrupción y arrogancia. Llegarán más sentencias como esta que retratan una época. España ha cambiado y no volverá a tolerar la corrupción. Ahora se abre la oportunidad de defender la justicia social y garantizar la limpieza de las instituciones».

Pero los partidos de derecha puntaron rápidamente hacia el presidente en funciones y hacia la coalición que pretende formar.

El líder del PP, Pablo Casado, pidió a Pedro Sánchez, que sea «coherente» y asuma «responsabilidades» ya que, afirma, «llegó al poder censurando injustamente» al PP por corrupción. También el secretario general del PP, Teodoro García Egea, emplazó Sánchez, a «asumir responsabilidades y apeló la militancia del PSOE para que pare el acuerdo de coalición con Unidas Podemos en la votación del próximo sábado.