El «programa de la esperanza» que presentó ayer el líder laborista, Jeremy Corbyn, incluye varias nacionalizaciones y miles de millones para los servicios públicos. «Medidas populares que la clase dominante ha estado bloqueando desde hace una generación», aseguró.

De momento, los sondeos vaticinan un segundo puesto para los Laboristas, muy por detrás del Partido Conservador del primer ministro, Boris Johnson. Pero Corbyn espera movilizar al electorado, como hizo en las últimas elecciones, en 2017.

Al lanzar su programa, en Birmingham, el candidato reiteró sus ataques contra los ricos y poderosos y afirmó que tras nueve años de austeridad bajo diferentes gobiernos conservadores, «llegó el momento de un verdadero cambio».

Entre las nacionalizaciones que anunció, se encuentra la de parte del gigante de las telecomunicaciones BT para poder cumplir con una de sus propuestas estrellas: la de dar acceso gratuito a la población al internet de banda ancha.

También pretende nacionalizar los ferrocarriles, el agua, la distribución de electricidad y el servicio de correos e inyectar miles de millones de euros en el sector sanitario, en transportes y en educación, acabando con diez años de austeridad de diferentes gobiernos conservadores.

Además, los laboristas defienden una mejor representación de los empleados en los consejos de administración de las empresas. Además de aumentar el salario mínimo, los laboristas prevén introducir una semana laboral de 32 horas, así como un aumento del 5% de los salarios de los trabajadores del sector público.

Las empresas que quieran negociar un contrato con el sector público deberán tener una diferencia salarial máxima de 1 a 20 entre directivos y trabajadores (actualmente es de 1 a 50). Igualmente, quiere obligar a las empresas a adoptar acciones contra la crisis climática y a las que no lo hagan impedirles la cotización en la Bolsa de Londres.

En este campo, el partido Laborista promete una «revolución industrial verde» con la creación de un Banco nacional de inversiones que aportaría 292.000 millones de euros en diez años al financiamiento de la transición energética, costeada también con una tasa a empresas petroleras y energéticas.

La formación también propone construir 150.000 viviendas sociales o de bajo coste al año, suprimir las tasas universitarias y subir los impuestos al 5% de los británicos que más ganan, así como incrementar el Impuesto de Sociedades, rebajado varias veces en los últimos años. Su intención es acercarlo al 21%, y al 26%, para las grandes corporaciones.

El Instituto para Estudios Fiscales evaluó en 55.000 millones de libras (64.000 millones de euros) las inversiones previstas por el programa laborista, frente a los 20.000 millones de libras del partido conservador. El presidente de las cámaras de comercio británicas, Adam Marshall, advirtió de que una «injerencia excesiva en la gobernanza de las empresas y fuertes aumentos de impuestos suprimirían la innovación y frenarían el crecimiento».

Corbyn defendió que el programa está «completamente calculado» y es realizable».

Negociar un nuevo acuerdo y referéndum sobre el Brexit

En cuanto al Brexit, una cuestión clave en los comicios, la propuestapromete negociar un nuevo acuerdo de salida con la UE y someterlo en un plazo de seis meses a un referéndum que también incluiría la opción de seguir en la UE. «Los británicos deben tener la última palabra. Nuestro Gobierno la respetará, sea cual sea el resultado», afirmó Corbyn ante miles de afiliados, aunque sigue evitando aclarar si haría campaña por el eventual nuevo acuerdo del Brexit o por permanecer en la UE. Si Gran Bretaña deja finalmente la UE, el partido Laborista prevé negociar una nueva modalidad de libertad de circulación con los países europeos. Si el temor a una inmigración masiva del resto de la UE alimentó el voto a favor del Brexit en 2016, Corbyn prometió que garantizará para los ciudadanos de la UE el derecho automático de residencia y trabajo. Los laboristas apuestan por aplicar «un sistema de inmigración lleno de humanidad», más abierto a los refugiados, e introducir un sistema de visados para migrantes no originarios de la UE. GARA