Donald Trump será el cuarto presidente en afrontar cargos políticos para un proceso de destitución desde la creación de Estados Unidos tras Andrew Johnson, en 1868, y Bill Clinton en 1998, ambos absueltos por el Senado; y Richard Nixon, quien renunció al cargo en 1974 antes de que concluyera el procedimiento.

«Los hechos son incontestables, es una cuestión de deber», aseguró el demócrata Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara baja, que lideró la investigación de juicio político.

El presidente del Comité Judicial de la misma cámara, Jerry Nadler, anunció formalmente los dos cargos –abuso de poder y obstrucción al Congreso–. «Debemos ser claros. Nadie, ni siquiera el presidente, está por encima de la ley», subrayó.

Sobre el primero, explicó que «es una ofensa procesable para un presidente ejercer los poderes de su cargo para obtener un beneficio personal inapropiado, ignorando o perjudicando el interés nacional. Y eso es exactamente lo que hizo Trump cuando presionó a Ucrania para que interfiriera en las elecciones presidenciales de 2020».

En cuanto a la obstrucción, argumentó que «un presidente que se declara por encima de la Justicia, por encima del pueblo estadounidense y por encima del poder de impeachment del Congreso –que está precisamente para proteger de las amenazas a las instituciones democráticas– es un presidente que se cree por encima de la ley».

Votaciones en el Congreso

A partir de ahora, comienza la maquinaría de sucesivas votaciones legislativas.

En primer lugar, el Comité Judicial de la Cámara baja votará este semana los cargos políticos contra Trump, que luego se trasladarán al pleno. Más tarde, la Cámara tendrá que votar para formalizar la imputación de cargos políticos contra Trump en una sesión para la que todavía no se ha fijado una fecha, aunque se espera que sea antes de fin de año. Los demócratas tienen la mayoría en la Cámara Baja, con 235 legisladores frente a 198 de los republicanos, por lo que su aprobación se da por segura. A continuación, el proceso pasaría al Senado, donde tendría lugar formalmente el juicio político, y allí lo más probable es que fracase, ya que los republicanos tienen una mayoría de 53 contra 47 y, además, la destitución requiere el respaldo de dos tercios de la Cámara.

Los comités de la Cámara Baja trabajan desde hace cerca de tres meses en la construcción de un proceso de juicio político contra Trump por las presiones a Ucrania para que investigara al exvicepresidente, el demócrata Joe Biden, precandidato a las elecciones presidenciales de 2020, y a su hijo Hunter por presunta corrupción en ese país.

La oposición demócrata considera que Trump abusó de su poder al condicionar el desembolso de ayuda militar a Ucrania y un encuentro con su homólogo ucraniano, Vladimir Zelensky, en la Casa Blanca, a que este ordenase abrir una investigación sobre los Biden.

Los demócratas también creen que Trump ha obstruido al Congreso al tratar de bloquear la investigación en su contra prohibiendo el testimonio de funcionarios de su Gobierno.

Durante las últimas semanas, los testigos, entre ellos funcionarios del Departamento de Estado, que han participado en las audiencias públicas en el Congreso han dibujado un oscuro entramado de intereses y diplomacia paralela forjado a instancias de Trump.

La Casa Blanca ha rechazado tomar parte en lo que ha calificado como una «caza de brujas» y ha eludido enviar testigos para su defensa.