Dicen que cuando en 1827 Sir William Edward Parry trató de alcanzar por primera vez el Polo Norte, había días en los que el hielo avanzaba a tal velocidad hacia el sur que, aún yendo hacia adelante, la expedición retrocedía posiciones sobre el mapa. Nada de eso pasaría en 2019, año en el que el casquete polar se ha visto reducido como nunca antes debido al calentamiento global –abriendo nuevas vías a la navegación que no harán sino acelerar la crisis climática–, pero aquel retroceder queriendo avanzar parece perfectamente aplicable a la Cumbre Climática celebrada durante las últimas dos semanas en Madrid.

Los augurios, toca recordarlo, eran los que eran. El día que arrancó la cumbre amanecimos con las portadas de buena parte del kiosco compradas por Endesa, que es la empresa española que más toneladas de dióxido de carbono genera, según el informe “Emergencia Climática en España”, elaborado por el Observatorio de Sostenibilidad. Si nos ponemos a mirar a casa, a los pocos días vimos al principal responsable político de la incineradora de Zubieta paseándose por los pabellones de Ifema.

Con señales así, estaba escrito que, superado el momento de las buenas intenciones, las negociaciones sobre las decisiones concretas corrían el peligro de encallar. Y así ha ocurrido, pese a noticias menores positivas, como la aprobación de un Plan de Acción de Género para los próximos cinco años. Aunque como era previsible, Chile y España lograron ayer salvar formalmente los muebles con un texto final consensuado, la vaguedad de sus términos no ha pasado por alto ni a los propios organizadores del cónclave, que se ha convertido en el más largo de los 25 celebrados hasta ahora. Tenía que acabar el viernes y no finalizó hasta ayer por la falta de acuerdo.

Del fracaso habló sin tapujos, por ejemplo, un decepcionado secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que recogiendo el sentir de las organizaciones ecologistas y de una sociedad civil cada vez más movilizada, consideró que «la comunidad internacional ha perdido una oportunidad importante de mostrar una mayor ambición en mitigación, adaptación y finanzas para afrontar la crisis climática». La próxima cita, en Glasgow, no lo tendrá más fácil. A continuación repasamos los principales motivos del colapso de la COP25.

Falta de ambición

Si hace dos siglos el hielo avanzaba bajo los pies de Parry a mayor velocidad que sus pasos, hoy es el derretimiento de ese mismo hielo el que va más rápido que las medidas para evitarlo. En 2020 entrará en vigor el Acuerdo de París, que establece que el calentamiento global debe mantenerse por debajo de los 2ºC, fijando el objetivo en los 1,5ºC. Sin embargo, la suma de los actuales planes contra el cambio climático presentados por los firmantes del Acuerdo de París implicaría un aumento de la temperatura de 3,4ºC.

Con esta previsión en mente, uno de los principales objetivos era que los países participantes se comprometieran conjuntamente a elaborar planes más estrictos y ambiciosos. No ha ocurrido, por lo que el texto final de la COP25 concluyó con una vaga fórmula que, pese a subrayar la «urgente necesidad» de nuevos compromisos, se limita a «animar» a los países a «aprovechar la oportunidad en 2020» y presentar planes más ambiciosos contra el calentamiento.

Según la narrativa que ha dominado la Cumbre, y dejando a un lado a EEUU –en plena retirada del Acuerdo de París–, han sido la UE y los países más afectados por la crisis climática los que más han empujado a favor de medidas más drásticas contra el calentamiento, en contra del parecer de países en pleno desarrollo como China o India, a las que el relato de este lugar del mundo sitúa como las intransigentes que defienden que las revisiones de los planes, según el mismo Acuerdo de París, no deben realizarse hasta 2023. Su negativa es cierta y, por tanto, su parte de responsabilidad, también. Pero hay más.

La financiación

En efecto, la otra cara de la moneda es la financiación de los costes que tendría apretar las tuercas a las emisiones de Carbono Dióxido, por ejemplo. Es aquí donde los países en plena expansión consideran que la UE hace trampa, pues suya es –junto a EEUU– la principal responsabilidad de la crisis climática actual. Es decir, desde los países en vías de desarrollo siempre se ha alegado que el Norte global ha logrado su estatus actual a costa, en gran medida, de provocar el calentamiento global, por lo que consideran injusto que la factura se reparta ahora a partes iguales entre todos los países.

De ahí que reclamen una mayor implicación financiera a la UE, así como una mayor transferencia de recursos y tecnología, sobre las que apenas ha habido avances estas semanas en Madrid. El texto final se limita a «recordar el compromiso asumido por los países desarrollados (...) para movilizar 100.000 millones al año para abordar las necesidades de los países en vías de desarrollo».

Tampoco hubo apenas novedades acerca del Mecanismo de Varsovia, creado en 2013 para afrontar de forma conjunta «las pérdidas y los daños relacionados con las repercusiones del cambio climático en los países en desarrollo que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático». De hecho, varios de estos países denunciaron a lo largo de la cumbre estar siendo vetados en unas negociaciones que veían monopolizadas por las grandes potencias, pero también por las grandes empresas.

Los mercados de carbono

Artículo seis. Son las dos palabras que más se han escuchado en las salas de negociación estos últimos días. Hacen referencia al apartado del Acuerdo de París que regula los mercados de carbono; es decir, al sistema que debe posibilitar que un país o empresa que supere las emisiones permitidas pueda pagar a otro para que este reduzca sus emisiones en una cantidad igual. Este sistema, que tendría que actualizar el que funcionó a partir del Protocolo de Kyoto, está, sin embargo, en pañales, y uno de los objetivos de la COP25 era definir su funcionamiento.

Pero los participantes han sido incapaces de ponerse de acuerdo, por ejemplo, en los mecanismos para evitar la doble contabilidad que, en algunos casos, ha llevado a que una misma transacción fuese apuntada en las cuentas de ambos países –el comprador y el vendedor– como reducción de sus respectivas emisiones. El Brasil de Bolsonaro ha sido, por ejemplo, uno de los más reacios al acuerdo en este punto. Otro motivo de fricción ha radicado en la validez u obsolescencia de los créditos derivados del mercado vigente con el Protocolo de Kyoto, que dejará de funcionar el año que viene, con el Acuerdo de París.

En este ámbito ni siquiera ha habido acuerdo de mínimos. Los participantes se han conformado con chutar la pelota hasta la próxima Cumbre, el año que viene en Glasgow.