El Tribunal Supremo dictó sentencia, el pasado 14 de octubre, contra un eurodiputado de pleno derecho que, por consiguiente, gozaba de inmunidad parlamentaria. No podía haberle condenado sin que el Parlamento Europeo hubiese decidido antes despojarle de dicha inmunidad. Este razonamiento, que hasta ahora era una opinión coherente y acorde a una comprensión democrática del Estado de derecho, es desde ayer verdad judicial, según sentenció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dio la razón al líder de ERC, Oriol Junqueras.

La sentencia de Luxemburgo habla de una flagrante vulneración de los derechos políticos de Junqueras y la –esta vez– rápida reacción del presidente del Parlamento Europeo muestra que la decisión del TJUE ha sido bien descodificada en Europa, algo que abre la puerta del hemiciclo comunitario a Carles Puigdemont y Toni Comín, beneficiarios indirectos de la decisión sobre Junqueras.

Es fácil prever que el TS tratará de escudarse bajo la sentencia firme para alegar que Junqueras ya no está en prisión preventiva y que, por tanto, la decisión del TJUE no le es aplicable. Es un pez mordiéndose la cola: el TS condenó cuando no podía condenar y tratará de mantener la vulneración de derechos en base a esa condena que no debía haberse producido. El evidente escándalo que supone un «derecho de Estado» pertrechado a golpe de hecho consumado no supondrá un problema para el Supremo, pues si algo ha puesto de manifiesto el proceso catalán, tal y como ha dejado señalado el profesor Ignacio Sánchez Cuenca, es que el Estado español está dispuesto a perder grandes dosis de democracia a cambio de preservar su unidad. La inhabilitación de Torra –chapucera coincidencia– es un ejemplo más de esta realidad ya conocida en Euskal Herria. La pregunta a estas alturas, quizá, deba ser si instituciones supranacionales como el TJUE y el TEDH tienen suficientes instrumentos para proteger a los ciudadanos de las vulneraciones de derechos de un Estado demofóbico como el español.