Tras año y medio de trabajos entre noviembre de 2010 y mayo de 2012, unas 80 reuniones, 56 comparecencias y diversos problemas para la obtención de datos desde las diputaciones forales sobre empresas afectadas, la comisión de investigación sobre el llamado caso De Miguel llegó a sus conclusiones, que finalmente fueron aprobadas por el Parlamento de Gasteiz con el único voto en contra del PNV.

La comisión de investigación estuvo presidida por el entonces único parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, que fue el encargado de dirigir los trabajos del grupo y de redactar las conclusiones, que luego fueron complementadas por el resto de partidos, salvo el PNV. La reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Araba ha venido a ratificar el eje de aquel informe.

Por contra, las labores de la comisión de investigación fueron duramente criticadas por el PNV. Su parlamentaria María Eugenia Arrizabalaga fue la encargada de tomar la palabra en aquel pleno del 10 de mayo de 2012, y no tuvo empacho en hablar de «la nula imparcialidad y ecuanimidad de la labor de la comisión», ni tampoco en dudar de que algunos de sus miembros supieran «de un concepto tan básico y tan democrático como el de la presunción de inocencia». Además, acusó al resto de grupos de ir «a rebufo» del «ruido mediático».

El contrato K-32/2007

María Eugenia Arrizabalaga quiso poner en duda lo recogido por la comisión de investigación sobre los contratos realizados por la Dirección de Juventud del Gobierno de Lakua. Por no abarcar todos, la parlamentaria jeltzale se fijó en uno: «Se dice –afirmó– que el procedimiento negociado K-32/2007 evidencia que el objetivo del director de Juventud fue beneficiar a una empresa del señor San Juan, cuando tenemos el expediente completo, con todos los documentos técnicos firmados y avalados, argumentados, y además argumentados de una manera muy inequívoca, por los técnicos. Pero no sirve de nada».

Al contrario de lo argumentado por el PNV, la sentencia constata que la empresa «‘Errexal’ no realizó la prestación contratada». Es más, recoge que las facturas firmadas por el director de Juventud «no reflejaban la realidad al no haberse cumplido el contrato» y, pese a ello, incluso se prorrogaron los contratos ficticios.

El contratante y director de Juventud, Xabier Sánchez Robles, ha sido condenado a 7 años y 1 mes de cárcel; y el contratado, Iñaki San Juan, a 5 años y 3 meses de prisión.

Caso Urbanorma

Uno de los ejes de todo este caso es la adjudicación a la empresa Urbanorma de la compra de suelo para la ampliación del Parque Tecnológico de Miñano. En su discurso de aquel pleno, María Eugenia Arrizabalaga defendió que, al contrario de lo recogido en el dictamen de la comisión de investigación, en la adjudicación de dicho contrato no «se contravinieron los principios marcados por la legislación contractual».

No es lo que dice la sentencia, que asegura que «se optó por la adjudicación directa, infringiendo los principios de publicidad y concurrencia», y también «se infringieron las normas que regulaban los contratos en el Parque Tecnológico de Araba».

La Audiencia Provincial asegura que «dicha adjudicación se hizo a favor de Urbanorma como consecuencia de la influencia de D. Alfredo de Miguel Aguirre (ayudado por el Sr. Telleria)», condenados a 13 años y 3 meses de prisión y 6 años y 6 meses, respectivamente.

Adjudicación indebida a Stoa

María Eugenia Arrizabalaga también criticó que se pusiera en duda la legalidad de la adjudicación a Stoa del planeamiento, gestión y ejecución de la ampliación del Parque.

La sentencia es contundente al asegurar que antes de la convocatoria ya se acordó que «dicho concurso fuera indebidamente adjudicado» a Stoa, «y que ésta, a cambio de dicha adjudicación, abonase una comisión» a la trama corrupta.

EH Bildu, PP y EP exigen que esta adjudicación, todavía en trámite, sea anulada.

Los condenados rechazarán hoy entrar ya en prisión

Los cinco cabecillas de la trama de corrupción conocida como caso De Miguel, condenados a penas que oscilan entre los 13 y los 5 años de cárcel, defenderán esta mañana ante la Audiencia Provincial de Araba que no deben entrar en prisión, en contra de lo que pide el fiscal, porque el fallo no es firme.

El tribunal ha citado este viernes al ex número dos del PNV en Araba Alfredo de Miguel (condenado a 13 años y 3 meses), a los exdirigentes jelkides Koldo Ochandiano (7 años y 6 meses) y Aitor Telleria (6 años y 6 meses), al exdirector de Juventud del Gobierno de Lakua Javier Sánchez Robles (7 años y 1 mes) y al empresario y exedil del PNV en Leioa Iñaki San Juan (5 años y 3 meses).

También están citados otros dos procesados: los empresarios Josu Montes, condenado a 4 años y 4 meses, e Iñaki Echaburu, al que le imponen 2 años y 5 meses. En su caso, el objetivo del fiscal no es el ingreso en prisión, sino implantar otro tipo de medidas cautelares, como puede ser la retirada del pasaporte y la firma periódica ante las autoridades policiales o judiciales, según han indicado fuentes del caso a Efe. GARA