El Tribunal Correccional de París hizo público ayer el veredicto en el que ha impuesto 75.000 euros de multa a France Télécom, la primera gran empresa francesa sentenciada por acoso moral. Esa es la pena máxima que contemplaba la legislación en la época en la que ocurrieron los hechos juzgados.

El entonces consejero delegado, Didier Lombard, su “número dos”, Louis-Pierre Wenès, y el antiguo director de recursos humanos, Olivier Barberot, han sido condenados a penas de doce meses de cárcel, ocho exentos de cumplimiento (salvo en caso de reincidencia), y multas de 15.000 euros cada uno.

Se trata de condenas inferiores a las máximas posibles con la legislación aplicable, que fueron las solicitadas por la Fiscalía: un año de prisión firme y multas de 15.000 euros.

Los tres, que anunciaron que presentarán los correspondientes recursos, han sido declarados culpables de acoso moral en 2007 y 2008, durante la puesta en marcha del “Plan NexT”, pero quedaron absueltos por el periodo 2009-2010, que también figuraba en el acta de acusación.

France Télécom pasó a denominarse Orange en 2013.

Al leer la sentencia, la presidenta del tribunal reconoció que la ley no era muy represiva en aquel momento, aunque ha evolucionado y se han endurecido las penas, tal como recogió France Info. También hizo notar que lo que se condena no es la estrategia empresarial, sino los métodos empleados.

Detrás de esta sentencia está la instrucción abierta por el caso de 39 trabajadores de France Télécom: 19 que se suicidaron, 12 que intentaron hacerlo y 8 que sufrieron depresión. Los hechos se remontan a finales de la pasada década, después de que France Télécom hubiera sido privatizada (el Estado redujo en 2004 su participación por debajo del umbral del 50%) para afrontar la competencia de los nuevos operadores de telecomunicaciones y la transformación requerida por la tecnología digital.

En un contexto marcado también por un fuerte endeudamiento de la empresa, la cúpula directiva puso en marcha dos planes de transformación, NexT y Act, que debían conducir a la supresión de 22.000 empleos en una plantilla de 120.000, en la que un 65% todavía tenían estatuto de funcionarios. Miles de directivos de la empresa recibieron formación para convencer a otros empleados de irse, por ejemplo fijando objetivos irrealizables o provocando retrocesos en el escalafón profesional.