La recuperación de la competencia de Tráfico por parte de las instituciones de Nafarroa sigue alimentando la polémica. Arrebatada en 1962, en pleno franquismo, ha sido una reivindicación histórica de todas las fuerzas navarras. Hace poco más de un año, en noviembre de 2018, el Gobierno Foral encabezado por Uxue Barkos y el Gobierno del Estado dirigido por Pedro Sánchez acordaron su traspaso. A partir de ese momento, la cuestión se convirtió en caballo de batalla para la derecha navarra, que modificó su posición para anteponer España a Nafarroa, dejando en evidencia su verdadera naturaleza.

El final abrupto de la anterior legislatura dejó el traspaso pendiente y el comienzo de la nueva ha vuelto a poner sobre la mesa la cuestión de la transferencia de Tráfico, a causa del acuerdo de investidura entre el PSOE y el PNV, que recoge la culminación de ese traspaso. Y a juzgar por las declaraciones del portavoz del Gobierno, Javier Remírez, que ayer abrió la posibilidad de que los guardiaciviles que así lo deseen puedan integrarse en la Policía Foral –la famosa «pasarela»–, parece que esta vez el cambio de titularidad se materializará. Más dudoso es que la incorporación automática de los actuales agentes de tráfico vaya a aportar algo positivo a la Policía Foral, sobre todo teniendo en cuenta que la Guardia Civil es un cuerpo con un funcionamiento militarizado, bastante alejado de la cultura policial que debería guiar las actuaciones de una Policía con un mandato democrático. A todas luces sería más lógico que se optara por una oferta pública de empleo para completar las vacantes que surjan.

Es posible que habilitar pasarela para que los guardiaciviles puedan entrar en la Policía Foral provoque un serio dilema a los agentes que se verán obligados a elegir entre redondear la nómina todos los meses o continuar al servicio del duque de Ahumada. En cualquier caso, una Policía del siglo XXI no necesita valores del siglo XIX. El repliegue de la Guardia Civil se perfila como la opción más lógica.