El Parlament de Catalunya aprobó ayer crear una comisión para investigar la violencia ejercida por la Policía española y la Guardia Civil durante el referéndum del 1 de octubre de 2017, que dejó más de un millar de heridos. La iniciativa recibió el apoyo de las cuatro formaciones impulsoras: Junts per Catalunya, ERC, Catalunya en Comú y CUP. En contra se posicionaron Ciudadanos, PSC y PP.

La comisión pretende documentar los «ejercicios de violencia institucional» durante aquella jornada y analizar «la preparación, coordinación, participación, perpetración e implicación en actos violentos» para, de esta forma, determinar responsables y estudiar las distintas formas de reparación de víctimas.

Vidal Aragonès, diputado de la CUP, primera formación en proponer la creación de esta comisión, recordó que el 1-O supuso «uno de los mayores ejercicios de desobediencia democrática colectiva» del pueblo catalán. Frente a ello, apuesta por «aclarar» la violencia policial contra quienes querían votar.

Por parte de ERC, Ferran Civit avaló estudiar «por qué se confrontaron las porras contra las urnas». Civit, que asumió «errores» a lo largo del procés, no consideró que el referéndum fuese uno de ellos.

Desde JxCat, Eduard Pujol pidió «poner nombres y apellidos» a las víctimas de la represión con la finalidad de «mantener viva la resistencia y romper el silencio».

En contra de la comisión, Matías Alonso, de Ciudadanos, eludió el debate en cuestión y criticó a los grupos que la apoyan y especialmente a «JxCat, la heredera de la corrupta Convergència» y a ERC, «que encabeza el ranking de golpismo desde los años 30 del siglo XX».

Desde el PSC, Oscar Ordeig afirmó no entender el objetivo de la comisión, «porque todos nos hemos posicionado ya sobre el 1-O, y podrían cortar y pegar las conclusiones».

El representante del PP, Alejandro Fernández, defendió que «en democracia son las FSE quienes tienen el monopolio de la fuerza».