Ion SALGADO
GASTEIZ

La cruz de Olarizu a debate en Araba, ¿símbolo franquista o parte de «nuestra tradición y cultura»?

El concejo de Mendiola, propietario de los terrenos, quiere derribar la cruz de Olarizu, en la que figuran los nombres de «los sacerdotes alaveses caídos por Cristo y la Patria durante la Cruzada de Liberación». El alcalde de Gasteiz, el jeltzale Gorka Urtaran, rechaza esta idea porque, según defiende, «forma parte de nuestro patrimonio, nuestra tradición, nuestra cultura y nuestra historia».

El alcalde de la capital alavesa señaló ayer que el Gobierno local, en manos de PNV y PSE, considera la cruz como un «elemento con especial significado para las y los vecinos de Vitoria-Gasteiz que debe ser objeto de especial protección, en la medida que representa tradiciones culturales y religiosas».

Así se recoge en las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento al expediente abierto por el concejo de Mendiola, propietario de los terrenos en los que se sitúa la cruz y que ya ha manifestado su intención de derribar este polémico símbolo, que fue objeto de un sabotaje en diciembre de 2018. De hecho, tras aquella acción, la Junta Administrativa de Mendiola envió al Ayuntamiento de Gasteiz una carta dirigida a Urtaran, en la que exponía «la prohibición expresa» de llevar a cabo iniciativas tendentes a la reconstrucción de la cruz de Olarizu, y solo autorizó actuaciones «meramente preventivas». El debate viene de lejos.

Ahora, entre los motivos esgrimidos por el Consistorio gasteiztarra para tratar de impedir que los vecinos y vecinas de Mendiola retiren la cruz, figura que fue construida para conmemorar la Santa Misión, «un acto multitudinario con gran aceptación, difusión y conocimiento en toda la ciudad».

«Por Cristo y la Patria»

«Su construcción fue sufragada por los vecinos de Vitoria-Gasteiz, por lo que la cruz es muy querida por la ciudadanía, que anualmente celebra una romería en las campaña de Olarizu para subir a la cruz», apunta el Gabinete de Urtaran, que no cita el papel que jugaron las autoridades franquistas.

No en vano, el gobernador civil Luis Martín Ballesteros puso en su día como condición la colocación de una inscripción con los nombres de «los sacerdotes alaveses caídos por Cristo y la Patria durante la Cruzada de Liberación». Algo que, finalmente, los impulsores de la cruz se vieron obligados a aceptar.