En una situación insólita, en la que es difícil saber si crece más rápido el número de infectados o la preocupación ciudadana, las preguntas en torno al coronavirus empiezan a amontonarse; en la calle, en los hogares y también en las redacciones. Son cuestiones sobre el pasado, el presente y el futuro de una crisis que llega para quedarse una buena temporada.

Una pregunta importante lleva colgada en el alero desde la semana pasada. ¿Es cierto que la primera persona afectada por el Covid-19 en Euskal Herria, una médico de Txagorritxu, había expresado sus sospechas de que estaba infectada antes de cogerse la baja, y días antes de que le hicieran la prueba? La consejera de Salud respondió de forma airada cuando se le formuló, y hay quien la entendió como un cuestionamiento de la labor de los sanitarios. No hay nada de eso, y al contrario, saber si es cierto o no puede servir para aportar algo de luz sobre el modo en que se ha propagado el virus y actuar en consecuencia.

Porque de esa pregunta surgen otras y todas conducen al mismo punto: el protocolo. ¿Es adecuado? ¿Habría que cambiarlo? En aquella rueda de prensa Nekane Murga admitió que a esa facultativa se le hizo la prueba del coronavirus a petición propia y pese a que su caso no estaba entre los fijados en el protocolo. Es imposible no preguntarse qué habría ocurrido si la paciente no hubiera solicitado que le hicieran la prueba. ¿Cuándo se habría detectado? ¿Cuánto se habría extendido?

Lo más llamativo, e inexplicable, es que se siga citando el haber estado en una «zona de riesgo» como condición para llamar al teléfono habilitado por Osakidetza. Con el virus en casa y Araba en tasas de infección por habitante parecidas a las de Lombardía, ¿se puede seguir hablando de «áreas de riesgo»?

El protocolo y la gestión de los casos positivos centra otra cuestión que ha saltado a los medios en los últimos días: la mujer de un paciente del Hospital de Galdakao ha denunciado que su marido resultó infectado por haber compartido habitación con uno de los primeros casos, en concreto, con la primera víctima mortal en nuestro país.

Según el testimonio de esta mujer, el fallecido, un hombre de 82 años de edad aquejado de otras dolencias, estuvo junto su pareja justo antes de morir, y no fue hasta después del deceso cuando se activaron las medidas de aislamiento. El marido ha dado positivo y está en el hospital, y tanto ella como media docena de allegados se hallan en cuarentena en su domicilio. Dando por cierto este relato, alguien debería explicar cómo es posible que ambas personas compartieran habitación, con los síntomas que tenía el paciente fallecido. ¿Fue porque no estaba entre los casos del protocolo? ¿Cuánto tiempo pasó desde que esa primera víctima presentó síntomas compatibles con el coronavirus hasta que fue ingresado? ¿Cuál fue su itinerario? ¿Con cuánta gente tuvo contacto?

En Txagorritxu se sitúa otra de las últimas polémicas, surgida a raíz de la denuncia lanzada por CCOO el lunes, según la cual se han rechazado pruebas diagnósticas a algunas trabajadoras y trabajadores, que estarían siendo tratados de forma distinta según su categoría laboral. Ese sindicato citaba el caso concreto de una celadora que acudió en dos ocasiones a Salud Laboral y otra a Urgencias, y que no fue hasta la cuarta vez, tras agravarse su estado, cuando se le hizo la prueba. Dio positivo y fue ingresada de seguido en la UCI. Preguntada al respecto ese día, la consejera no quiso aclarar si lo denunciado es o no cierto, pero la pregunta queda ahí: ¿Se está tratando al personal de forma distinta? ¿Por qué –una vez más– se tardó tanto en hacer la prueba a una empleada en el hospital de referencia de Araba?

También han surgido preguntas, y sobre todo dudas, respecto a las medidas aprobadas esta semana por el Ejecutivo de Lakua –en Nafarroa, de momento el asunto está más calmado–, por ejemplo, la suspensión de la actividad docente durante dos semanas en Gasteiz. Nadie ha puesto en cuestión esta medida, pero a nadie se le escapa el quebranto que va a suponer en la vida ordinaria de las familias. Al respecto, la pregunta, expresada en voz alta por numerosas personas, es si se van a implementar medidas para conciliar el cuidado de los menores enviados a casa y la actividad laboral. Quienes no puedan ejercer el teletrabajo, ¿podrán ausentarse de sus puestos? ¿Se va a garantizar que esa labor no recaiga de forma generalizada sobre las madres? ¿Acabarán siendo las personas mayores las paganas de esta medida, siendo ellas el grupo de riesgo? ¿Cómo evitarlo?

También se plantean dudas sobre la eficacia de cerrar escuelas y colegios, o controlar eventos culturales y deportivos –Madrid ha prohibido actos con más de mil asistentes–, cuando otros lugares de gran aglomeración, como los centros comerciales y zonas de ocio siguen abiertos.

En un contexto de pura incertidumbre, cada día surgen nuevas preguntas; algunas son de difícil respuesta, pero todas son pertinentes, y estaría bien que las respuestas no se las llevara el viento. Porque no va a ser el viento quien se lleve este virus.