A falta de un marco propio de relaciones laborales y de competencias legislativas de calado en política económica, las medidas urgentes de mayor alcance que se están implementando en los últimos días para intentar minimizar el impacto que la epidemia del nuevo coronavirus está teniendo sobre el empleo vasco están llegando, vía decreto, desde Madrid y París.

Unas medidas que son insuficientes para la mayoría sindical vasca, que instó a trabajadoras y trabajadores a mostrar ayer su «enfado» con concentraciones –guardando las oportunas distancias entre los participantes–, caceroladas desde los balcones o colgando imágenes en las redes sociales. Además de reclamar medidas de seguridad sanitarias en todos los puestos, exigieron que durante este periodo tan especial se respeten el empleo y las condiciones laborales.

Poco después de llevarse a cabo esa movilización, el Gobierno español presentó un nuevo paquete de medidas, entre las que destacó la prohibición de despido durante el periodo del estado de alarma. El nuevo decreto ley establece que no estará justificado el despido cuando se aleguen causas relacionadas con los efectos del Covid-19 en la actividad de la empresa.

También ha decretado que no podrán presentar ERTE los hospitales, ambulatorios o residencias de mayores, sean de titularidad pública o privada.

Cascada de expedientes

Centrándonos en el ámbito del empleo en Hego Euskal Herria, ya son cerca de 150.000 los trabajadores afectados por alguno de los más de 17.000 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) presentados en la última semana.

Estos expedientes se están tramitando bajo el paraguas del real decreto ley aprobado por el Ejecutivo español el 17 de marzo, en el que se recogen una serie de «medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos».

Como «situación de fuerza mayor» se incluyen, entre otras, la suspensión de actividades, el cierre temporal de locales, la falta de suministros y las restricciones de movilidad de las personas o mercancías «que tengan su causa directa» en los efectos derivados de la pandemia.

Lógicamente, también se alude en este punto, el primero del artículo 22 del decreto del día 17, al contagio de la plantilla por coronavirus o las medidas de aislamiento preventivo.

En ese texto se advierte de que la existencia de causa de fuerza mayor «deberá ser constatada por la autoridad laboral» en todos los casos, independientemente del número de personas trabajadoras afectadas.

En cuanto a las prestaciones derivadas de la aplicación del ERTE, la novedad reside en que su cobro no computará a futuro, es decir, una vez se ponga fin al estado de alarma, y que no es preciso que la persona empleada haya cotizado un mínimo a la Seguridad Social para recibirlas.

Como límites de estas prestaciones por desempleo se han establecido estas cantidades: 1.098 euros para quienes no tienen hijas o hijos a su cargo; 1.245, para quienes tienen un hijo; y 1.411 en caso de tener dos.

Al mismo tiempo, para «aligerar los costes en los que incurren las empresas», se les exonera del pago del 75% de la aportación a la Tesorería General de la Seguridad Social, que llega hasta el 100% cuando se trate de empresas de menos de 50 trabajadores si se comprometen a mantener el empleo.

Esa exoneración «no tendrá efectos para la persona trabajadora», ya que el periodo en el que esté en paro será considerado como «efectivamente cotizado a todos los efectos». El decreto del 17 de marzo también dice que, en las solicitudes de ERTE por fuerza mayor no cabe negociación salvo que la patronal esté dispuesta a sentarse a la mesa. Es aquí donde entra en juego el concepto de «compensación».

Solo si quiere la patronal

En la práctica, esto está abriendo un amplio abanico de posibilidades, incluida la «indignante» decisión de la dirección de Mercedes Gasteiz de no incluir «ningún tipo de compensación» al plantear el pasado martes un ERTE para toda la plantilla –cerca de 5.000 trabajadores–.

Las palabras entrecomilladas corresponden a las declaraciones que realizó el presidente del comité de empresa, Igor Guevara, quien a la salida de una «sorprendente» reunión recordó que en la plantilla había 14 casos de contagio confirmados y 300 en cuarentena.

En cambio, EH Bildu informó ayer de que se ha dirigido a sus alcaldes para que, en caso de que se vean obligados a presentar un ERTE, intervengan para que se paguen «los salarios íntegros» –el 70% a cargo del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) y el 30% a cuenta del Ayuntamiento–, que el expediente sea «consensuado con los trabajadores o sus representantes» y que «el dinero que ahorre el ayuntamiento se destine a paliar los efectos de la crisis».

Una gran empresa como El Corte Inglés, que decidió cerrar el 13 de marzo sus centros de la CAV –el de Bilbo es el mayor de la cadena–, salvo las áreas de alimentación y parafarmacia, también indicó que los tres ERTE presentados garantizan a todos sus empleados el 100% de su salario, ya que la empresa complementará la prestación que realice el Estado.

Distinta ha sido la fórmula usada en CAF de Beasain, donde el comité de empresa –con el apoyo de LAB, CCOO, UGT y ESK, y el rechazo de ELA– llegó a un acuerdo para evitar la presentación de un ERTE. Las horas perdidas serán recuperadas y los miembros del comité ejecutivo del Consejo de Administración reducirán sus sueldos en un 5%.