Poco se ha tenido en cuenta a niños y niñas a la hora de hacer frente a la actual pandemia. Una actitud que tiene que ver con el planteamiento general que ha hecho el Gobierno español al tratar la emergencia sanitaria como una cuestión militar, como una contienda con un frente y una retaguardia. El que no está ni en uno ni en otra, desde esta lógica bélica, lo único que hace es molestar. A partir de ese esquema, todas las decisiones han ido dirigidas a que los que no pintan nada molesten lo menos posible a las personas que están ocupadas en «el combate». Sin duda, el confinamiento estricto de la población, sin ninguna posibilidad de salir, es la medida que mejor responde a esa estrategia.

Los menores no enferman gravemente por Covid-19 y en mucho casos son asintomáticos. Como no se van a realizar test masivos por falta de recursos, quedan fuera de las ecuaciones. A partir de ahí, que estudien, que se las apañen ellos y ellas, los padres y madres, el profesorado. Si los diferentes gobiernos tratan a la ciudadanía como si fuera menor de edad, no cabía esperar que tratasen mejor a los menores de verdad. Pero el tema entró en la agenda y se pedían soluciones, nada que rompiese la parte científica y lógica del confinamiento y la distancia social.

El Gobierno español demostró ayer la arbitrariedad con la que toma ciertas decisiones. Por la mañana anunció que solo autorizaría que los menores acompañasen a sus padres a la farmacia, a la tienda o al banco. Al anochecer se enmendó a sí mismo debido a la presión social. Ahora podrán pasear, aunque no se sabe bajo qué condiciones. Lo anterior era absurdo y contrario a la opinión de los especialistas, que consideran que los menores deben salir a la calle para hacer ejercicio físico suficiente. Es una cuestión de salud física que está íntimamente relacionada con la salud mental. No obcecarse es sano, pero no deja de ser preocupante que los mandatarios no vean lo que ve todo el mundo, sean arbitrarios y tengan tan poca transparencia.