La Audiencia Nacional española ha comenzado a ejecutar la sentencia de sumario de las «herriko tabernak», justo en mitad del estado de alarma decretado a causa de la pandemia por coronavirus. Es el último paso de una persecución político-judicial contra la izquierda independentista que dura ya más de dieciocho años. En este caso comenzó en el año 2002 con una causa general contra Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna que concluyó en 2014 cuando el tribunal especial dictó sentencia. Un año más tarde el Supremo ratificó en términos generales el fallo inicial y ordenó la incautación de 107 sedes sociales. El siguiente paso en esta lamentable secuencia lo dieron ayer con el embargo de las cuentas de los locales y de las asociaciones que los gestionaban.

La ejecución de la resolución judicial supone un tremendo expolio económico que se va a llevar por delante propiedades y recursos de un buen número de colectivos que durante su existencia han manteniendo variados programas de actividades en muchos pueblos y barrios de toda Euskal Herria. Pero no solamente desaparecerán locales e infraestructuras levantados con el trabajo y la dedicación de muchas personas, sino que además su clausura dificultará la continuidad de muchas de esas iniciativas sociales, culturales y políticas que han dado vida y han servido para fortalecer las comunidades en las que se desarrollan.

Esta intervención vuelve a poner de relieve que el Estado español sigue anclado en el pasado, sin asimilar que tanto la izquierda abertzale como la sociedad vasca se hayan comprometido con el objetivo de superar el anterior ciclo político y alcanzar un escenario de paz, y por supuesto de libertad, para este país. Que este tipo de actuaciones se lleven a cabo en una situación de emergencia sanitaria solo sirven para subrayar el carácter autoritario de quien las ordena. Es una actitud ventajista que, con todo, no hace sino confirmar su tara sistémica y la crisis existencial de quien necesita el tensionamiento simplemente para pervivir.