Más de 200.000 en Euskal Herria y asi cuatro millones de afectados por ERTE en el Estado español han convertido a este instrumento impulsado por el Ministerio de Trabajo en la estrella del no muy robusto «escudo social» del Gobierno ante la grave crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus.

De hecho, días pasados el Banco de España publicó una estimación: para finales del estado de alarma los afectados por ERTE o cese de actividad alcanzarán posiblemente los 4,6 millones, con un coste de 6.000 millones de euros, teniendo en cuenta también el casi millón de prestaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos y más de medio millón de prestaciones por desempleo de trabajadores temporales.

Como es fácil constatar, el mapa del empleo en el Estado es gravísimo, más aún teniendo en cuenta que el escenario previo a que llegue la epidemia a la península ya no era para celebrar: según el INE, un 26,8% de las personas empleadas lo eran bajo contrato temporal, la mayor tasa de la Unión Europea (la media comunitaria es 14,2%).

La vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, dijo públicamente que preveía que el paro se elevara al 19% en 2020 para comenzar a bajar levemente en 2021 al 17,2%. Si bien las cifras son alarmantes, quedan lejos del 26% de paro (6,2 millones de personas) alcanzado en el peor momento de la Gran Recesión desatada en 2008. Una de las razones es la apuesta por el ERTE, liderada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la que el Estado central se hace cargo de buena parte del salario del trabajador mientras dure la causa de fuerza mayor.

«No despidan, recurran al ERTE», dijo en marzo pasado la ministra y diputada de Galicia En Común, la confluencia gallega de Unidas Podemos. Los empresarios parecen haberle hecho bastante caso y es por ello que la utilización de esta herramienta como salvavidas se ha disparado mucho más en comparación con los despidos, en un contexto de parón económico brutal y en donde otros países, como Estados Unidos, ven la mayor tasa de paro desde 1931.

A nivel local, hubo en Hego Euskal Herria una importante subida generalizada del paro en los cuatro herrialdes, con 13.507 nuevos inscritos, lo que deja una cifra global de 179.076, un aumento promedio del 9%. En el conjunto del Estado, el número de desempleados registrados aumentó en abril en 282.891 personas, con lo que el total alcanza la cifra de 3.831.203 personas, un incremento del 7,97%.

Pero cuando se indaga en las cifras de las personas inmersas en un ERTE, los números son elocuentes: en Hego Euskal Herria, a 30 de abril esa cifra ascendía a 202.629 personas. De ellas, 72.959 en Bizkaia, 51.801 en Gipuzkoa, 49.757 en Nafarroa y 28.112 en Araba. Una diferencia sideral con el paro.

El relativo éxito de la estrategia para contener el despido masivo y desesperado ante la caída meteórica de la actividad económica por el confinamiento hizo que la ministra Díaz impulsara la extensión de los ERTE, que estaban anclados al estado de alarma y corrían el riesgo de caer cuando éste acabase. Esta semana, de hecho, Gobierno, sindicatos y patronal han alcanzado un preacuerdo para prorrogar los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de junio, manteniendo la protección por desempleo y la exoneración de cotización como hasta ahora, aunque con porcentajes menores para las empresas que reanuden parcialmente actividad.

El texto del preacuerdo explica que no podrán acogerse a los ERTE por fuerza mayor total empresas que tengan su domicilio fiscal en un paraíso fiscal y que tampoco se podrán repartir dividendos, salvo que tengan menos de 50 trabajadores o abonen íntegramente las cotizaciones sociales.

Tanto la CEOE como CC.OO y UGT han ratificado en sus propias instituciones el acuerdo. La patronal estaba reactiva pero obtuvo a cambio una cláusula en la que se establece que quedarán excluidas del compromiso de no despedir las empresas que estén en riesgo de acogerse a un concurso de acreedores, es decir, al borde de la quiebra.

En Euskal Herria, ELA ha criticado el acuerdo porque «no responde a la situación de los centros de trabajo», ha denunciado que se está «destruyendo empleo eventual» y ha reclamado al Gobierno que adopte medidas «que garanticen todo el empleo, prohibiendo los despidos y las extinciones de contratos temporales fraudulentos», además de aplicar «ayudas reales».

Los límites de la estrategia

«Esto fue algo que hizo ella y merece el mérito», responden a GARA fuentes de la vicepresidencia segunda sobre la estrategia seguida por Díaz. Desde el entorno de Pablo Iglesias aseguran que la ministra tuvo todo su respaldo y que si bien «seguramente hubo alguna llamada del vicepresidente con Garamendi», el líder de la CEOE, la cruzada a favor de los ERTEs fue idea y logro de la dirigente gallega.

Si bien haberle puesto por ahora un dique a los despidos es una medalla que podría colgarse Unidas Podemos, también el Gobierno de coalición ha mostrado sus límites en otras tantas medidas progresistas anunciadas en su momento como parte del famoso «escudo social» que no acabaron concretándose: la estancada renta básica, la ampliación del paro a quienes no alcanzan los meses cotizados, o el pago por parte del Estado de los alquileres para inquilinos afectados por la pandemia.

El ERTE presenta también algunas dificultades. Ante todo, depende de las direcciones de Trabajo de cada comunidad autónoma –a pesar de estar financiado por fondos estatales– para ser aprobado y ello lo vuelve más discrecional al color político regional. Además, la avalancha de pedidos ha demorado los trámites y muchos aún no están aprobados, por lo que los beneficios no llegan a destino, y ocurre también que no todos los bancos –especialmente los de reciente creación– tienen acuerdo con la Tesorería General de la Seguridad Social, algo necesario para realizar el pago.

 

Laborda: Público, sin pudor

El economista e investigador de la Universidad Carlos III Juan Laborda ha calificado de «muy buena» la estrategia de los ERTEs y dice que esta medida «es parte de la influencia de Podemos» en las decisiones de Moncloa. Esto lo diferencia de la política de empleo durante la Gran Recesión y ha logrado «que el paro no suba en forma brutal y que se paguen las rentas de trabajadores», estima.

Sin embargo, Laborda se confiesa un «pesimista» ante este cuadro de situación debido a que la situación merece «mucho más» que ERTEs: «Habría que hacer una planificación en dos fases. En el periodo de confinamiento hay que garantizar las rentas y evitar que las empresas quiebren, y ayudarlas con los costes fijos, con el pago a proveedores y trabajadores. Casi ningún país lo ha atajado bien esto, salvo Dinamarca. El Gobierno danés asumió el gasto pagando directamente hasta 3.100 euros de la nómina de los trabajadores durante dos meses y así eliminó el coste fijo más importante de las empresas. En España, lo que puede pasar es que cuando abras las persianas te encuentres con muchas pymes cerradas. El objetivo es evitar la insolvencia para los afectados y creo que en España eso no se logró», explica.

Según Laborda, si hubiera habido un buen diseño «el confinamiento podía no generar tanto problema económico porque existen mecanismos». Y el único usado, los ERTE, «han tardado mucho en montarlo, porque si obvias la Seguridad Social y Hacienda, que están muy informatizadas, el resto de la Administración no lo está».

En la segunda fase del desconfinamiento, Laborda cree que para amortizar el sufrimiento social y económico el Gobierno debe enfocarse en «cómo reactiva el ciclo» y para ello «depende de lo público»: «Nuestro problema es que nuestro modelo es el peor para este tipo de situaciones como el confinamiento. Porque excepto el País Vasco, Navarra, Zaragoza, Teruel, Barcelona, La Rioja... los porcentajes de PIB industrial son muy bajos en el resto del país, es todo servicios».

Laborda recalca que el Estado debe «reorientar el modelo productivo, poner en la ecuación el cambio climático y entender que ya no se podrá producir igual. Harán falta reservas de holgura en determinados sectores». Para ese objetivo, recomienda al Gobierno de coalición hacer uso del programa de compras del Banco Central Europeo «como sea» y que «ese dinero quede en el circuito español, en el Banco de España, y no hacer austeridad». Aunque considera que con Calviño al frente de Economía «algo así no se puede; Bruselas la colocó para que defienda Maastricht».

Para evitar otra gran recesión –«será una gran depresión esta vez», matiza–, Laborda apunta a la inversión y el gasto público sin pudor. «Lo que siempre ha montado los problemas es la deuda privada, que debe ser controlada, no la deuda pública. Todo el proceso de transición verde debe llevarse adelante a través del sector público, como hizo Roosevelt con el New Deal de los años 30. Todas las innovaciones han partido del dinero público. Ni Apple es dinero privado, ha contado con una ayuda brutal. Y hoy ninguna empresa tiene músculo para poder hacerlo por sí misma», concluye.