La legislación sobre Hong Kong que, según la prensa estatal, todavía se está deliberando y que coincide con la Asamblea Nacional Popular de China (ANP, Legislativo) de este año, pretende «salvaguardar la seguridad nacional» a raíz de las protestas que estallaron el año pasado contra el proyecto de ley de extradición a China de ciudadanos de la antigua colonia británica.

Así, prohibirá »cualquier acto de traición, secesión, sedición y subversión» contra el Gobierno central, además del «robo de secretos de Estado y la organización de actividades en Hong Kong por parte de organizaciones políticas extranjeras», términos que el Ejecutivo chino ha utilizado anteriormente para frenar a la disidencia interna.

No obstante, el Artículo 23 de la Ley Básica (la Carta Magna hongkonesa) estipula que es la ciudad la que ha de dotarse de legislación en este ámbito, algo siempre extremadamente polémico entre la población por miedo a que se traduzca en un recorte de libertades.

El académico Jean-Pierre Cabestan, director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Baptista de Hong Kong, augura que la «reinterpretación» de la Ley Básica sólo conseguirá «reavivar el movimiento de protesta», y chocará con la adoptada en EEUU en apoyo de la oposición hongkonesa.

El experto Xulio Ríos, director del Observatorio de la Política de China, señala que la ley «tendrá un efecto inmediato sobre la red de oenegés y fundaciones, muchas de ellas apadrinadas por instituciones conservadoras de EEUU y Reino Unido, que han apoyado activamente los movimientos de protesta».

«Asuntos internos»

Pekín quiere impedir a toda costa que Washington influya en lo que considera sus «asuntos internos»: oenegés como la estadounidense Human Rights Watch ya ha pedido a la comunidad internacional que «tome medidas» al respecto y otra del mismo país, Human Rights in China, ha advertido de la «amenaza de un régimen irresponsable que ignora sus compromisos internacionales».

El profesor y coordinador de los grupos opositores Joseph Cheng critica que «los líderes chinos actúan desafiando al entorno internacional y la coyuntura doméstica. Quieren decirle al mundo que están dispuestos a pagar el precio (de blindar Hong Kong). La ley estará lista en seis meses».

Cheng añade que «los hongkoneses están decepcionados y enfadados», pero que a partir de ahora deberán calcular el coste que tendrá manifestarse contra el Gobierno: «La pugna continuará. Por eso es importante el apoyo de la opinión pública internacional», incide.

La prensa oficial está en plena campaña a favor de atar en corto a la excolonia.: «La ausencia de una ley de seguridad nacional es una de las razones por las cuales Hong Kong se convirtió en un lugar caótico», estima el editorial del periódico “Global Times”. «Su sistema de valores se ha desviado de la senda normal, y esto debe parar. Si el Gobierno hongkonés está en una posición difícil para completar esta tarea, la ANP debe tomar la responsabilidad que le otorga la Constitución y la Ley Básica», agrega.

Ríos alerta de que «China aspira a apagar el fuego, pero esta medida podría reavivarlo (...) Las primeras reacciones abundan en salir de nuevo a las calles masivamente, circunstancia que rebrotaría la tesitura de una represión a gran escala, hasta ahora, por fortuna, evitada».

Centro financiero mundial

China ha prometido que la nueva ley no afectaría a la condición de Hong Kong como gran centro financiero internacional, que Ríos interpreta como «un guiño para evitar una masiva fuga de capitales». Cabestan sostiene que la legislación en sí no debería perjudicar a los intereses de los empresarios, pero avisa de que «si vuelven las protestas y la polarización aumenta aún más entre la sociedad hongkonesa, es inevitable que acabe afectando a la confianza que la comunidad empresarial internacional tiene depositada en Hong Kong».

Según Cheng, los líderes chinos buscan crear un «efecto disuasorio» en la sociedad para evitar nuevas protestas, pero «intentarán evitar enemistarse con la comunidad empresarial».

Pekín se defiende de «las injerencias de EEUU»

China ha advertido de que protegerá, «cueste lo que cueste», a sus empresas de las sanciones de EEUU contra nueve entidades acusadas de implicación en la represión de los uigures musulmanes en Xinjian (Turkestán Oriental).

Un instituto científico del Ministerio chino de Seguridad Pública y ocho empresas han sido incluidas en la lista negra de Washington, que les impone restricciones al acceso a la tecnología estadounidense. El portavoz de la diplomacia china, Zhao Lijian, instó a EEUU a dar marcha atrás en una decisión que «se interpone en los asuntos de China y ataca a sus intereses».

Paralelamente, Zhao Lijian advirtió de que responderá a eventuales sanciones estadounidenses sobre Hong Kong.

El consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Robert O'Brien, ha avisado de que la antigua colonia británica podría perder su estatus comercial privilegiado con EEUU si el Parlamento chino aprueba la ley de seguridad. «Es una cuestión de soberanía china», afirmó Zhao. GARA