La adopción de la ley del 13 de julio de 1990 tendente a «castigar todo acto racista, antisemita o xenófobo» actualizó el marco legal del Estado francés. Sin embargo, en el propio enunciado de la ley se echa en falta una alusión más ajustada a la realidad del racismo estructural en el Hexágono. Los informes de las dos últimas décadas son concluyentes en torno a la progresión de la islamofobia.

Repasando la hemeroteca destaca un año infausto en lo que a racismo se refiere, el de 1995. Los informes relativos a ese ejercicio dejan a las claras que los actos de islamofobia o de rechazo al árabe –para más señas de extracción popular– son una especificidad clara en el Hexágono, por más que no generen ni tantos titulares ni, por descontado, tantas declaraciones políticas. Ese año se reportaron siete muertes debidas al racismo. Una de las víctimas pertenecía a la comunidad franco-israelí. Esa persona víctima de un acto antisemita murió estrangulada en la región bordelesa a manos de un simpatizante del Partido Nacional Francés y Europeo (PNFE).

El resto de los crímenes de los que dio cuenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos tuvieron como víctimas a personas de origen árabe. La contabilización de los casos que realizó el diario “Libération” era bien explícita: marroquí arrojado al Sena, tunecino ahogado en el puerto de Le Havre, argelino apuñalado en Chebourg, marroquí muerto de un tiro en Sainte-Etienne y magrebí muerto en Baiona.

Jóvenes de mantes-la-jolie

Según el informe de la Fundación Jean Jaurès, un 42% de los musulmanes afirman haber sido objeto de alguna forma de discriminación motivada por su origen familiar o su religión en el Estado francés.

La forma de discriminación que citan como más frecuente (28%) se refiere a controles policiales motivados por su aspecto físico o señas raciales.

Un racismo que conjuga a la perfección con el clasismo y la injusticia que adquieren forma cotidiana en los barrios populares de las grandes urbes francesas.

En las retinas permanecen las imágenes de cientos de jóvenes arrodillados y con las manos en la nuca en la detención masiva llevada a cabo por la Policía cerca de un instituto de Mantes-la-Jolie en 2018.

La muerte de George Floyd, en Minnesota (EEUU), se produjo en circunstancias bastante similares a la del joven Adama Traoré ocurrida en Beaumont-sur-Oise en 2016.

La maniobra de asfixia practicada por la Policía durante su detención causó la muerte al joven francés nacido en el seno de una familia originaria de Mali, según han denunciado esos días miles de manifestantes en el centro de la capital francesa.

La declaración del ministro de Interior, Christophe Castaner, tendente a acabar con esa maniobra de placaje ventral ha recibido la contestación airada de los sindicatos policiales. Y ello pese a que desde los años 70 del siglo pasado ese modus operandi ha causado más de 500 víctimas en Francia.

En el caso más grave de racismo ocurrido en las últimas tres décadas en Ipar Euskal Herria la agresión fue realizada por un militar y tuvo como víctima a un ciudadano de 52 años de origen marroquí.

Los archivos sonoros de la emisora France Bleu dan cuenta de que una testigo ocular confundió, en la madrugada del 29 de setiembre de 1995 al hombre, también militar, que trató en vano de reanimar a la víctima, Driss Laaroussi, con la persona causante de la violenta agresión.

No fue el único error, ya que la Policía, cuando acudió al lugar de los hechos, dio por hecho que se trataba de «un borracho que ha tenido una mala caída» y ni siquiera avisó al juzgado.

Sólo la firme actitud del forense que se negó a firmar el permiso para una inhumación ordinaria permitió que se hiciera la autopsia. No obstante, según el médico forense «los indicios de estrangulamiento eran claramente visibles». Las pruebas de ADN que revelaron presencia de sangre del fallecido en la suela del calzado del caporal Christophe Leick permitieron identificar al auténtico responsable de la muerte de Laaroussi.

Caso Laaroussi: condena menor

Una marcha silenciosa trasladó la solidaridad a la familia del fallecido, residente en Sainte-Croix (ZUP). Y una decena de vehículos fueron incendiados en las posteriores protestas nocturnas en ese barrio popular. La instrucción judicial se dilató durante más de dos años y medio, tras lo que se formalizó la acusación contra Leick, de 23 años de edad. La ex diputada socialista y abogada Colette Capdevielle, que representó a la familia, se refirió al militar como «una máquina de matar que convirtió la calle Maubec en una escena sangrienta de plaza de toros».

El abogado general François Basset pidió una elevada pena, 15 años de prisión, pero el Tribunal de Apelación de Pau se inclinó por un castigo bastante menor: cinco años. Fue la puntilla al calvario que pasó la familia de la víctima durante el juicio y del que ha dado testimonio, 25 años después, en "Ipar Euskal Herriko Hitza", su hijo Kadiri.

Dando cuenta del sentimiento de dolor que la sentencia causó a la familia, el cronista radiofónico Thierry Sagardoytho concluía su relato: «Como la noche de San Miguel de septiembre de 1995, hoy la señora Justicia se ha vestido también de luto».

 

Mezquita de Baiona

Desde ese mismo barrio de la ZUP, que denunció la muerte de Driss Laaroussi a manos de un militar hace dos décadas, partió, el 15 de diciembre de 2019, la manifestación de denuncia de la agresión contra la mezquita de Baiona, llevada a cabo el 28 de octubre de 2019 por Claude Sinké. Armado con una escopeta, el octogenario ex militar y antiguo candidato del FN, que meses después murió en prisión, hirió de varios disparos a dos fieles de 74 y 78 años de edad.

La Liga de Derechos Humanos denunció lo ocurrido como «un crimen racista que nos hiere a todos». Sin embargo, la Fiscalía antiterrorista evitó calificar lo ocurrido de «atentado». Y ello pese a los precedentes de dos ataques, uno con pintadas con mensajes amenazantes ocurrido en 2015, en el contexto de los atentados contra la sede del satírico “Charlie Hebdo”, y otro llevado a cabo en 2017 con cócteles molotov que ennegrecieron una fachada exterior.

Entre la muerte, hace dos décadas, de Driss Laaroussi, a unos metros de su casa, en el número 50 de la calle Maubec, y el tiroteo que dejó, el pasado octubre, heridos a dos ancianos en la mezquita de Baiona, la hemeroteca recoge otro episodio.

El 4 de diciembre de 2015 el director de la prisión de Baiona fue suspendido en sus funciones por haber realizado comentarios de contenido racista en Facebook.

Gérard Brillon difundió una foto de unos chimpancés en la selva y añadió como leyenda: «El equipo de fútbol de Francia en su medio natural», en alusión al carácter multirracial de la selección gala.

Otro caso que pone la lupa en la conexión demasiado habitual entre el racismo y los cuerpos uniformados en el Hexágono.