Investigadores del Estado español volvieron a poner ayer en circulación en las redes el mensaje «Sin ciencia no hay futuro», en un esfuerzo por aprovechar que la ola del coronavirus ha puesto en la agenda la importancia de la investigación científica. Sería mucho confiar en que esto lo vaya a cambiar todo, pero al menos ha servido para mirarnos al espejo.

El hecho de que en la CAV coincida con la cita electoral del 12 de julio ha llevado a los partidos a centrar algunos de sus mensajes en la materia, empezando por su lehendakari, Iñigo Urkullu, que apenas ha empezado a revertir los recortes que aplicó cuando llegó a Ajuria Enea en 2012. Como recordó Iñaki Iriondo el martes en estas páginas, la inversión en I+D sigue estando lejos de la media europea (1,85% del PIB frente a un 2,12%) y, aunque creció tímidamente en 2017 y 2018, a este ritmo harían falta dos décadas para llegar al 3% que prometieron en hace cuatro años.

De hecho, cuando Urkullu llegó a Ajuria Enea en 2012, la CAV destinaba a I+D el 2,03% de su PIB, por encima de la media europea. Estas dos legislaturas no han servido ni para igualar las cifras anteriores –todos los números y más en NAIZ–.

Pero el problema sea quizá más grave que el dinero bruto destinado a I+D. También es crucial ver cómo se reparte el dinero disponible y aquí la CAV tampoco sale demasiado bien parada en comparación con los países europeos.

De manos públicas a privadas

Primero toca observar quién pone el dinero que un territorio gasta en I+D. En este sentido, la CAV está muy pareja a la media europea. El 55,75% lo ponen las empresas y el 33,48%, la Administración pública, que son los dos grandes inversores. En Europa, el sector privado pone el 56,60% y las Administraciones públicas el 30,90%. Son datos de Eustat y Eurostat para el año 2016, último disponible.

La diferencia vuelve a encontrarse cuando nos fijamos en quién gasta después ese dinero que los diferentes actores han puesto encima de la mesa. En Europa, de media, las empresas gastan el 66,18% del total, menos de diez puntos por encima de lo que aportan. En la CAV, sin embargo, las empresas se llevan el 75,36% del botín, más de 20 puntos más de lo que ponen. Es decir, en la CAV se traspasa mucho más dinero de presupuestos públicos a la iniciativa privada. Por contra, universidades y Administraciones públicas gastan en la UE el 33,83% del dinero destinado a la I+D, cifra que en la CAV se sitúa casi 10 puntos por debajo, en un 24,63%.

Ciencia básica en picado

La evolución desde 2001 también pone de manifiesto una de las grandes carencias de la inversión en I+D en Bizkaia, Gipuzkoa y Araba. No solo es que se invierta poco, también es que lo que se invierte va sobre todo a empresas privadas o a parques tecnológicos público-privados que desarrollan un trabajo crucial, pero siempre en busca de aplicaciones concretas.

Esto es más necesario, faltaría más, en un país pequeño como el nuestro, pero cabe subrayar que toda ciencia aplicada tiene detrás de sí muchísimo trabajo de ciencia básica, guiada por las intuiciones y por la curiosidad de investigadores que muchas veces carecen de los fondos necesarios. El físico teórico y divulgador científico Alberto Sicilia (@pmarsupia) lo resumió ayer en las redes sociales: «¿Os imagináis que un investigador hubiese pedido dinero para tomar muestras de saliva en los murciélagos del sur de China? Le hubiesen mandado a pastar. Ese científico podría haber salvado 500.000 vidas».

Las cifras vuelven a hablar solas en este caso. Los centros de enseñanza superior –universidades, sobre todo– gastaban en 2001 el 51,14% de lo que la Administración invertía en I+D. En 2018, solo fue el 36,08%.