El Centro Democrático, creado por el propio Álvaro Uribe en 2014, amenaza con «plantear a los colombianos una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de despolitizar la justicia y recuperar la confianza en las instituciones» en respuesta al arresto domiciliario de su fundador por manipulación de testigos en el marco de las investigaciones sobre su papel como muñidor y financiador de las fuerzas paramilitares colombianas de las AUC.

Su sucesor en el partido y actual presidente de Colombia, Iván Duque, se ha visto forzado a en su estrategia de desmarcarse de Uribe y rompió una lanza por su mentor y todavía líder del Centro Democrático al lamentar que a Uribe «no se le permita defenderse en libertad». La línea argumental del presidente y de los seguidores de Uribe es que este último «sirvió a Colombia como presidente ocho años, tiempo en el que recuperó la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado». Contraponen a ello la decisión que tomó ese mismo tribunal el año pasado cuando ordenó la libertad del jefe guerrillero Seuxis Paucias Hernández, alias «Jesús Santrich» que después de fugarse volvió a tomar las armas en una disidencia de las FARC.

Justicia y «falsos positivos»

La decisión de la Corte se convirtió en una «luz de esperanza» para las Madres de Soacha, que desde hace más de una década esperan que el expresidente responda por las ejecuciones extrajudiciales conocidas en el país como «falsos positivos»

Las mujeres, familiares de civiles ejecutados por militares que los presentaban luego como guerrilleros muertos en combate durante el Gobierno de Uribe, saludaron un «gran avance de la justicia». Responsabilizan a Uribe de continuar con una política que en el país costó la vida a cerca de 5.000 personas a lo largo de dos décadas y con la que los militares implicados buscaban mejorar sus resultados ante sus superiores y obtener beneficios.

El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, reconoció que la orden judicial «habla bien de la democracia colombiana» y que «todos son iguales ante la ley (...).

El procesó comenzó en febrero de 2012 cuando Uribe demandó por manipulación de testigos al congresista de izquierda Iván Cepeda, que preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

Esa demanda acabó volviéndose en contra de Uribe cuando la Corte Suprema no solo lo archivó sino que decidió abrir una investigación contra el expresidente por manipulación de testigos para exculparle.