Resucitan los manifiestos. Resucitan los abajo firmantes. Resucita el desfasado pasado para reclamar nada menos que la presunción de inocencia del suegro de Urdangarin. En este caso los abajo firmantes acumulan cargos, prebendas, sobresueldos, jubilaciones y secretos viejos que pueden ser la causa de ponerse la venda antes de la herida. La presunción de inocencia es la falacia más arbitraria expuesta en la firma de personajes tan tétricos históricamente como Rodolfo Martín Villa, Alfonso Guerra o Esperanza Aguirre, por poner un trío de la bencina refulgente, con más agujeros en su gestión que las redes pelágicas. Esos mismos con sus garabatos en papeles oficiales han negado con saña la presunción de inocencia al resto de sus conciudadanos cuando les ha convenido y lo han hecho hasta organizando partidas de asesinos para acabar con la disidencia.

Y no puede dar más asco esta falacia, esta jugada de lavado de cara de un grupo de presuntos, a un personaje que seguramente habrá tenido una función orgánica en la llegada del régimen por el que nos movemos, pero que no hay que olvidar que fue un franquista convencido, que no se sabe qué papel tuvo el 23-F, que era inviolable judicialmente, es decir, que pudo hacer durante décadas lo que le pasó por sus testículos sin que nadie le dijera nada, especialmente aquellos que eran sus supuestos cómplices en altas instancias gubernamentales, por lo que la presunción en este caso parece evidente que es de culpabilidad ya que hasta su hijo, el cuñado de Urdangarin y actual rey, le ha señalado públicamente por unas herencias y unos trapicheos. Y si quedaba alguna duda, su refugio en los Emiratos árabes, que es uno de los focos de su supuesta financiación personal irregular, parece claro que se trata de un acto de chulería borbónica que deja a propios y extraños con el culo al aire.