Las asociaciones de víctimas de ETA afirman que hay «326 asesinatos de ETA sin resolver». Lo que no dicen es que, aplicando el mismo criterio que utilizan para realizar dicha afirmación, no hay un solo caso de guerra sucia que esté resuelto. Ni tan siquiera uno.

Dichas asociaciones consideran que un caso no puede considerarse resuelto si no se identifica y condena a todos los autores y responsables del mismo y es bien fácil de demostrar que no ha habido ninguno en el que se haya condenado a todos los autores y responsables.

Aunque la gran mayoría de la gente considere algunos casos como resueltos, la realidad es que la Justicia, además de no querer saber nada sobre la identidad de los máximos responsables, entre ellos el bien conocido señor X, no ha mostrado interés alguno en esclarecer por completo ninguno de los innumerables crímenes cometidos por el Estado español, con la complicidad del francés, sirviéndose de las más variadas siglas: ATE, GANE, BVE, GAL…

Sirva como ejemplo el caso Lasa-Zabala. Bien es verdad que cuatro guardias civiles del Cuartel de Intxaurrondo, entre ellos su jefe, Rodríguez Galindo, fueron condenados por secuestrar en Baiona a ambos refugiados a los que torturaron en un edificio oficial en Donostia y después trasladaron a Alicante donde los enterraron en cal viva, pero no es menos cierto que otros agentes de dicho cuartel, implicados también en el caso, no pagaron un solo día de cárcel.

En efecto, es obvio que no fueron tan solo Dorado y Bayo, dos de los condenados, los que participaron in situ en el secuestro de ambos refugiados y su traslado a Donostia. Otro tanto se puede decir de quienes los torturaron, trasladaron a Alicante y enterraron en cal viva. Es imposible que fueran tan solo Bayo y Dorado.

Tampoco ha sido identificado judicialmente el máximo responsable, el señor X, y nunca se ha esclarecido el verdadero motivo por el que fueron secuestrados el 16 de octubre de 1983. En su día, se habló mucho de un secuestro fallido que tuvo lugar dos días después en Hendaia, el del refugiado Joxe Mari Larretxea, pero muy poca gente sabe que dos días antes se produjo otro intento fallido en Iparralde, el del también refugiado Kandido Ostolaza.

Tanto Ostolaza como Larretxea eran entonces militantes cualificados de ETA (pm) organización que poco antes había secuestrado al capitán Alberto Martín Barrios, al que mataron tras intentar la Policía española secuestrar a Larretxea. Según la versión oficial, fue la muerte del capitán la que desencadenó la guerra sucia de los GAL, pero todo apunta a que fue su secuestro el que precipitó los acontecimientos.

Sus secuestradores afirmaron en un comunicado que lo estaban sometiendo a un «concienzudo interrogatorio» sobre «la tarea real» que desempeñaba, porque habían detectado que el capitán realizaba «extraños movimientos» que ligaban a «una actividad reservada de tipo especial». Una actividad que bien pudiera ser la que mencionó un coronel al que entrevistó Vicente Almenara en su libro “Los Servicios de Inteligencia en España”. Según él, Martín Barrios era del Servicio Secreto.

De ser así, es muy probable que estuviera informado sobre las acciones de guerra sucia que Amedo y compañía estaban tramando en Iparralde y se entiende a la perfección que su secuestro hiciera saltar todas las alarmas en el corazón del Estado. No era para menos.

En esas circunstancias, no es nada de extrañar la orden de secuestrar, a toda costa y con suma urgencia, a algún militante de ETA (pm) que dispusiera de información relevante sobre los secuestradores del capitán. Y que se mantuviera dicha orden después de que la Policía francesa detuviera a cuatro policías españoles, destinados en Bilbao y a las órdenes de Amedo, cuando intentaban secuestrar a Ostolaza. Lo volvieron a intentar con Larretxea y volvieron a detener a cuatro policías.

También cobra pleno sentido que ordenaran el secuestro de cualquier refugiado cercano a ETA (m) (les tocó a Lasa y Zabala como le pudo haber tocado a cualquiera) y tiene todos los visos de ser muy certera la hipótesis que apuntaron entonces los refugiados políticos vascos y recogió el seminario “Punto y Hora”: «Teniendo en cuenta la adscripción cercana a ETA (m) de los refugiados desaparecidos en Baiona y la cercanía a los polimilis de Larretxea y Ostolaza, podría tratarse de una acción policial que, siguiendo las sugerencias del Plan ZEN, tratara de crear un enfrentamiento entre las distintas organizaciones armadas vascas presentando los secuestros como acciones de hostigamiento mutuo».

En todo caso, hay muchas cosas que aclarar respecto a lo sucedido en aquellos cuatro días de octubre de 1983. Por ejemplo, la identidad de los cuatro policías españoles detenidos al intentar secuestrar a Ostolaza y que fueron puestos casi de inmediato en libertad, pese a ir los cuatro ilegalmente armados. Tras una primera filtración sobre lo sucedido, alguien ordenó que no se diera detalle alguno al respecto y se ocultara la identidad de los detenidos. ¿Quién?

Los cuatro detenidos estaban destinados en Bilbao y actuaron a las órdenes de Amedo. Los policías que ejecutaron la primera acción reivindicada usando la sigla de los GAL, el secuestro de Segundo Marey, también. ¿No cabe sospechar que, probablemente, algunos de quienes fueron detenidos cuando intentaban secuestrar a Ostolaza participaron después en el secuestro de Marey?

El principal protagonista, no solo de las citadas acciones de guerra sucia sino de otras muchas, Amedo, guarda a buen recaudo sus comprometedores secretos, como seguro de vida, y en sus libros y entrevistas ha manifestado un absoluto desprecio, no solo hacia las víctimas de la guerra sucia, sino también hacia la propia Justicia.

¿Y qué ha dicho la Justicia al respecto? Nada de nada. Y hacer, aún menos, por supuesto.