El Gobierno alemán ha sido y sigue siendo el principal valedor del rigor presupuestario en la zona euro. Tanto es así que en 2011 decidió incluir una mención en su Constitución para que fuera de obligado cumplimiento para futuros gobiernos. Desde entonces, el Ejecutivo federal solo puede endeudarse hasta un máximo del 0,35% del PIB. En circunstancias excepcionales puede superar ese límite, pero para ello debe tener la autorización de la Cámara de Diputados (Bundestag).

Este año, la falta de previsión y la escasa preparación para hacer frente a la expansión de la pandemia del coronavirus obligó a los gobiernos europeos a tomar medidas drásticas que han paralizado la economía y han trastornado la vida social. El confinamiento cerró negocios y servicios, y obligó a los ejecutivos a realizar gastos extraordinarios para poder mantener a los trabajadores en sus casas mientras empresas, servicios y negocios permanecían cerrados.

El Gobierno alemán no ha escatimado recursos para hacer frente a la pandemia. Así, actualizó el presupuesto federal en 218.500 millones de euros, lo que llevará el déficit hasta el 7,5% del PIB a final de año. De momento, el desfase entre ingresos y gastos equivale al 3,2% del PIB, algo menos de la mitad de la previsión para todo el año. Además, la gran coalición gobernante en Berlín ha acordado un programa coyuntural para apoyar a la economía con un límite de 750.000 millones, tanto como el conjunto del plan de reconstrucción aprobado por la Unión Europea. Una imponente demostración de poderío.

Independientemente de las medidas adoptadas por cada gobierno, la caída de la producción durante los dos primeros trimestres del año ha sido espectacular en todos los países. En Alemania, el primer semestre se cerraba con una caída del PIB de un 11,3%. No obstante, diferentes organismos prevén que ya en octubre comience el repunte y que el próximo año su economía crezca un 5,2%. A pesar del optimismo de las previsiones, el Ejecutivo alemán no lo debe ver muy claro a tenor de lo que dijo recientemente el ministro de Finanzas, el socialdemócrata Olaf Schloz: «El próximo año nos veremos obligados a pedir una excepción a la regla sobre el límite del endeudamiento público».

Unas declaraciones que inmediatamente fueron matizadas por sus socios. «La suspensión de la regla del freno al endeudamiento es excepcional, no debe convertirse en permanente», advirtió el mismo día el diputado de la CDU Eckhardt Rehberg. «El objetivo del Gobierno debería ser hacer todo lo posible para presentar un presupuesto equilibrado el próximo año», señaló por su parte otro responsable de los democristianos, Wolfgang Steiger.

Esas declaraciones traslucen cuál es el quid de la cuestión en este momento: No es el déficit ni las cuentas de este año, sino volver a la normalidad del «rigor fiscal» cuanto antes. Muchos de los movimientos que ha habido hasta ahora en la Unión Europea han sido dictados por ese empecinamiento en recuperar la «normalidad» fiscal. A finales de marzo, apenas habían empezado los confinamientos, quedó claro que sería imposible cumplir las estrictas reglas fiscales este año, básicamente por la pérdida de recaudación: con la economía parada y la gente metida en casa, poco margen quedaba para cumplir las previsiones de ingresos.

A partir de ese momento, gran parte de la lucha que se ha mantenido en el seno de la Unión Europea –como atestiguan las declaraciones de destacados miembros de la CDU antes reseñadas– sobre el fondo de recuperación, el modo de financiación y la forma en que se avalan los recursos extraordinarios tenía como trasfondo las reglas fiscales suspendidas.

Ríos de tinta se han gastado explicando los diferentes puntos de vista que había sobre cómo se avalaba la deuda. También se ha hablado largo y tendido sobre la batalla entre el norte «frugal» y el sur, por contraste, derrochador. Pero había otra cuestión tan importante y era sobre el modo en que se repartiría. Este año se ha producido el mayor impacto de la pandemia y lo lógico sería pensar que los fondos se distribuyeran este 2020. Sin embargo, los “halcones” europeos alargaron los plazos para que la mayor parte de los fondos se entreguen a los Estados en función de unos planes que hay que elaborar, presentar y que tienen que recibir el apoyo del resto de miembros. De este modo, una parte considerable de la financiación extraordinaria llegara a partir de 2021, lo que de una manera elegante permite a los gobiernos contabilizarla en el proyecto de presupuestos que elaboren para el año que viene. Con esos ingresos extraordinarios no hay razón para que el próximo año no se puedan cuadrar los presupuestos y volver a exigir a todos el cumplimiento del conjunto de reglas presupuestarias.

Es muy posible que ese fuera uno de los caballos de batalla de aquello que se aprobó en una larguísima cumbre que cerraron el 22 de julio. Es cierto que hubo algunas concesiones en el modo de avalar los créditos, pero en el fondo eran unas cesiones menores para volver cuanto antes a las políticas fiscales restrictivas. Da la impresión de que algunos dirigentes europeos ven con claridad que si ahora ceden y abren la mano con las reglas fiscales, ya no podrán cerrarla jamás.

Las declaraciones del ministro de Finanzas alemán advirtiendo de que quizás tengan que recurrir a un endeudamiento extraordinario muestran que los rigoristas europeos tal vez pecaran de optimismo y la situación económica sea bastante más delicada de lo que previeron en julio, bien sea por los rebrotes de la pandemia o bien por la dinámica económica global. A pesar de sus intenciones de volver al antiguo cuadro de estrictas reglas presupuestarias, tal se vean obligados a posponerlo. Si Alemania necesita más fondos, qué no ocurrirá con otros socios como el Estado español, que lidera la caída del PIB en la Unión Europea.

El Gobierno español ha pedido un adelanto de los fondos europeos, según han indicado algunos medios durante los últimos días. «Es clave para España que haya un anticipo de fondos. El año que viene necesitamos recibir fondos anticipados en cantidades suficientes para poder ponernos a andar con las inversiones y ejecutar el presupuesto, porque, si no, vamos a tener una situación difícil», admitió el director de Asuntos Económicos de la Moncloa, Manuel de la Rocha, en declaraciones recogidas por Voz Pópuli.

Si la caída del PIB en el primer semestre ronda el 22% con respecto al mismo periodo de 2019, la recaudación presenta una caída menor, pero esto puede llevar a engaño porque la dinámica de cobro de impuestos no es homogénea a lo largo del año y, además, las declaraciones se presentan con cierto retraso con respecto a la actividad económica. A principios de verano se presentaron las del año pasado.

Por ejemplo, durante los seis primeros meses del año, el Estado español ingresó por impuestos un 11% menos que el año pasado. Las haciendas forales vascas, a excepción de Araba, presentaron unos guarismos similares: 11-12% de descenso en Gipuzkoa y Bizkaia, y 15% en Nafarroa. Sin embargo, si se suma la recaudación de julio la caída se dispara hasta casi el 20% en los cuatro herrialdes. Estos vaivenes indican que es difícil predecir cuánto caerá al final del ejercicio, pero no dejan duda de que el descenso será muy importante.

Si la recaudación cae y los gastos crecen por la pandemia, el resultado es que el déficit se dispara. El Estado cerró 2019 con un déficit del 2,88% del PIB, pero para junio había alcanzado ya el 4,36% y la Hacienda española prevé que a final de año alcance el 10,3%. Eso supone un agujero en las cuentas del Estado de 115.000 millones aproximadamente. Lógico que estén esperando los fondos europeos como agua de mayo.

De la gravedad de la situación da cuenta la estratagema que se le ocurrió al Ejecutivo de Pedro Sánchez para aliviar el tremendo déficit que se avecina y que tanto revuelo levantó: pedir prestados a los ayuntamientos los superávit –remanentes que no les ha dejado gastar– para devolvérselos en el futuro en cómodos plazos. Con esos fondos podrá aliviar las tremendas estrecheces financieras que se adivinan en este momento.

Una maniobra que, por cierto, se inscribe perfectamente en las reglas del rigor presupuestario vigentes, de lo que resulta que si Europa, y especialmente Alemania, es reticente a aliviarlas, el Ejecutivo español lleva un doble juego: exige a Europa una flexibilidad que no permite en su jurisdicción a las instituciones subordinadas.

Los datos coyunturales sobre la evolución económica que van apareciendo, como el número de pernoctaciones en el sector del turismo, no invitan al optimismo, con lo que el agujero presupuestario puede ser mayúsculo. Es evidente que, ante la incertidumbre, la inversión y el consumo han caído en todo el mundo y eso hace que la demanda se contraiga. Si no se gasta, no se puede vender, ni producir ni crear empleo y, en consecuencia, tampoco se puede recaudar.

A todas luces, el Estado –la única institución económica con capacidad– tiene que incentivar la demanda. Eso significa dos cosas. La primera es gastar más, pero para eso es necesario modificar la estrictas reglas fiscales. Y la segunda es gastar mejor: dejar los planes Renove, que no son más que financiación encubierta a las empresas, y gastar en proteger a la gente, en empleos relacionados con la educación, los cuidados y la sanidad.

Desde el punto de vista de la calidad de vida de la gente, esas inversiones proporcionan unos cuidados mejores, sirven para descongestionar la sanidad y permiten que la escuela preste mayor atención a las niñas y los niños que más lo necesitan.

Desde el punto de vista económico, esa inversión pública crea empleo directo, lo que ahorra prestaciones por desempleo y aumenta la recaudación de impuestos y las cotizaciones sociales. Crea empleo y mejora las cuentas públicas, y además los sueldos de esas personas se gastarán en productos y servicios, es decir, generarán demanda para la industria, la hostelería, el comercio y otros servicios.

Todo esto es elemental, de primero de carrera, pero no lo van a hacer. Estamos a principios del curso escolar y no han sido capaces de contratar más rastreadores, más personal sanitario, más profesores. Se han limitado a tomar cualquier medida, por extravagante que fuera, si era gratis. Y así va todo: en picado.