La decisión del gabinete encabezado por Boris Johnson de sacarse de la manga un proyecto de ley sobre comercio y el mercado interno que le da carta blanca para renegar de cualquier compromiso incluido en tratados internacionales vuelve a poner al norte de Irlanda en el centro de esta crisis.

Para empezar, porque el primer ministro justificó la legislación en su insatisfacción sobre el protocolo para el norte de Irlanda del tratado de salida pactado con la Unión Europea. Para concluir, porque fue el delegado del Gobierno británico en el norte de Irlanda, Brandon Lewis, quien rompió con la regla esencial de las medias verdades parlamentarias para admitir que las propuestas del proyecto de ley «violarían la ley internacional de una forma específica y limitada», creando conceptos de cumplimiento de la ley que son inaceptables en la práctica.

La nueva legislación, que según Johnson «protege» el Acuerdo de Viernes Santo, podría sacar al norte de Irlanda del mercado único de un plumazo, destruyendo no sólo los cuatro años de negociaciones entre la UE y Londres, sino arrastrando consigo los logros del proceso de paz irlandés con la creación de una frontera «dura» entre el norte y el sur de la isla, y todo para satisfacer las inseguridades del nacionalismo inglés y las necesidades electorales de los conservadores británicos.

En una reunión urgente en Londres el pasado jueves, el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, dejó claro que la UE espera que se respeten plenamente la letra y el espíritu del acuerdo de retirada y su protocolo para el norte de Irlanda del Norte. «La UE no acepta el argumento de que el objetivo del proyecto de ley es proteger el Acuerdo de Viernes Santo [de Belfast]. De hecho, opina que hace lo contrario», constató Sefcovic, al tiempo que pedía al Gobierno del Reino Unido que retire estas medidas del proyecto de ley en el menor tiempo posible y, en cualquier caso, antes de fin de mes. Los británicos se han negado y la UE amenaza con llevarles a los tribunales.

En Irlanda, como en el resto del mundo, se cuestionan las razones por las que los británicos han tomado estas medidas. Se debaten tres opciones: que Johnson quiere usar el futuro del norte de Irlanda para forzar mayores concesiones de la UE en la implementación del acuerdo de salida; la segunda, que el premier británico intenta atraer a su campo a aquellos que exigen una salida de la Unión Europea sin acuerdo; y, finalmente, que en su furor por hacerse ver como el defensor del nacionalismo inglés, Johnson decidió proponer esta ley sin considerar las consecuencias.

Desde Londres se ha intentando forzar a Dublín a negociar de forma bilateral los términos del transporte de productos y mercancías entre el norte de Irlanda y Gran Bretaña de espaldas al comité conjunto encargado de implementar el acuerdo de salida, quizás intentando usar la estrategia del «divide y vencerás».

Las propuestas de Londres se enmarcaban en que los controles a los productos que circularan entre el norte de Irlanda y Gran Bretaña se hicieran en los puertos británicos en lugar de en los norirlandeses. A cambio del apoyo de Dublín a esta propuesta, Johnson se comprometía a crear un corredor terrestre que facilitara la circulación rápida de las mercancías irlandesas por territorio británico hasta los puertos británicos de salida a Europa. Dublín se negó a considerar la propuesta, ya que considera que cualquier negociación sobre el Brexit debe realizarse dentro del marco europeo.

Si el deseo de Johnson era atraer al sector más extremo dentro del Brexit, puede que lo haya conseguido, pero también tendrá que pagar su precio en la pérdida del sector más moderado dentro del partido tory. Ha servido además para mostrar la división dentro del Partido Democrático del Ulster (DUP), entre aquellos como el diputado Sammy Wilson que apoyan la decisión de Johnson y quienes entienden que los tratados deben de ser respetados, aunque no sean de tu total agrado, como la líder del DUP y primera ministra de Belfast, Arlene Foster. Lo cierto es que, sean cuales sean las razones, la estrategia de Londres podría tener consecuencias inesperadas para Johnson más allá del Brexit. El primer ministro se vanagloriaba de que la salida de la UE les permitirá firmar tratados de libre comercio con, por ejemplo, EEUU.

Sin embargo, el poderoso lobby irlandés en EEUU le haría pagar caro a Johnson lo que considera un ataque contra el proceso de paz irlandés.

El Taoiseach Micheal Martin ha dicho que no es optimista sobre un acuerdo sobre el Brexit ya que, en su opinión, negociaciones futuras se podrían ver dañadas por la erosión de confianza causada por Johnson, mientras que el ex taoiseach Bertie Ahern, uno de los protagonistas del proceso de paz irlandés, acusó a Gran Bretaña de falsedad en su enfoque de las negociaciones del Brexit.

Las dos líderes de Sinn Féin, en el norte y sur de Irlanda, han acusado a Johnson de «traición» (Michelle O’Neill) y de despreciar totalmente «la vida y las preocupaciones de la gente de Irlanda» (MaryLou McDonald).

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, ya ha advertido de que un acuerdo comercial entre EEUU y Gran Bretaña será vetado por el Congreso si se socava el Acuerdo de Belfast. «Algo de lo que, como estadounidenses, estamos muy orgullosos de nuestra participación», remarcó.

Pelosi recordó que la firma de un acuerdo comercial «es una decisión nuestra», e incidió en la falta de confianza que genera un gobierno que reniega de sus compromisos en tratados internacionales.