Durante su primer año como representante de la Generalitat en Madrid, Gorka Knörr las ha visto pasar de todos los colores: desde la constitución del nuevo Gobierno español, hasta la sentencia contra los líderes del Procés por parte de la sala del Tribunal Supremo que preside Manuel Marchena, el mismo que en 2008 le condenó a dos años de inhabilitación y 12.000 euros de multa por no haber disuelto, siendo miembro de la Mesa del Parlamento de Gasteiz, a Sozialista Abertzaleak. Hijo de padre vasco y madre catalana, Knörr (Tarragona, 1950) ha vuelto a la arena política después de un tiempo participando en iniciativas vinculadas con el Procés. Tras presentarse por Lliures per Europa, la lista que Carles Puigdemont lideró en los pasados comicios europeos, el que fuera secretario general de Eusko Alkartasuna observa de primera mano la hostilidad de Madrid ante al problema catalán, para el cual defiende como única salida la confrontación democrática con el Estado.

En julio de 2019 fue designado delegado de la Generalitat en Madrid. ¿Qué destacaría de este período?

He podido constatar dos aspectos para los cuales ya venía mentalizado. Primero, que en el instante que hay un cambio de gobierno, la invitación al diálogo es automática, cosa que no implica negociar medidas concretas. Las buenas palabras suelen diferir de los hechos. Y en segundo lugar, el clima de crispación que mantienen las fuerzas constitucionalistas. Aunque dejen al margen a Podemos, se lanzan unos términos guerracivilistas que se ha amortiguado con los meses pero que continúan apareciendo en muchos medios y fuentes de opinión.

¿Ante el pleito catalán, se atisba algún cambio de rumbo?

Aquí ocurre lo mismo de siempre: las pretendidas intenciones de encauzar el conflicto contrastan con lo que pasa después. Y eso sucede porque, en el Estado español, la política está en manos de una cúpula judicial heredera de la dictadura. Si en Alemania sería impensable que su Tribunal Supremo fuera copado por los magistrados que actuaban bajo el Tercer Reich, en España esto ocurre. Recuerdo en 2003 cuando en una charla, el entonces presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y más tarde magistrado del Constitucional, Francisco José Hernando, dijo que «Franco no se portó tan mal con la Justicia». Estamos pagando esta continuidad y, a excepción de algún juez progresista, los miembros designados provienen de esa corriente reaccionaria que incluso arrastró a Pedro Sánchez a proclamar que «llevaré a Puigdemont ante la Justicia española».

¿El sistema judicial es la pieza clave del deep state?

Sin duda. La otra reúne el Ejército, los cuerpos de seguridad y el resto de aparatos del Estado, tutelados por gente de origen franquista que no se ha hecho demócrata de la noche a la mañana. El deep state viene de ahí y tiene la mentalidad que expresó en Barcelona el presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, cuando en la entrega de los despachos instó a los jueces a «defender la unidad de España». Ni siquiera les pidió que impartieran Justicia.

¿El Ejecutivo tiene poco margen de maniobra?

Es complicado cambiar estas estructuras. Pero tampoco está por la labor, pues habla de fiscalizar la monarquía y después prepara la fuga del rey emérito o apuesta por el diálogo y al día siguiente la vicepresidenta Carmen Calvo asegura que no se tratará la autodeterminación, cuando es la clave para resolver el conflicto. De la misma forma que aboga por desescalar la situación mientras la Secretaría de Estado distribuye informes con una sarta de mentiras intolerables sobre Puigdemont, Junqueras y el proceso catalán. Yo mismo me he encontrado a periodistas extranjeros saliendo de una reunión con un dosier lleno de barbaridades, y cuando les cuentas que en Catalunya ha habido cuatro declaraciones de independencia en los últimos 200 años, se quedan perplejos.

¿Pedro Sánchez es la reedición de Rodríguez Zapatero?

Sería diferente si convenciera a los barones del PSOE y diera algún paso hacía una España federal, como así planteaba la Declaración de Granada. Pero han pasado siete años de aquella propuesta y no se han movido un milímetro, dando la razón a Gregorio Peces-Barba, para quien la voluntad de los socialistas era realmente federarse con Portugal, no con Catalunya. Aún peor: ha llegado la pandemia y lo primero que han hecho es recentralizar las competencias en Sanidad y sacar al Ejército en la calle como si fuera el antivirus.

Nada más estrenarse en la Moncloa rebautizaron el aeropuerto de Barcelona con el nombre de Josep Tarradellas.

Para ellos Catalunya es como la tribu india a la cual los conquistadores regalaban objetos para tenerla entretenida. Ya habló de eso el fundador del PP catalán, Manuel Millán Mestre, nada sospechoso de ser soberanista, cuando dijo que «no somos una colonia pero nos tratan como si lo fuéramos». La solución no la encontraremos en la política interna española, sino en el reconocimiento internacional.

¿La presencia de Puigdemont en Estrasburgo puede contribuir a ese escenario?

Puigdemont es una luz y su dimensión política, sumada a las resoluciones de los tribunales de Justicia, abre una oportunidad para que se tome cartas en el asunto. El problema es que, hoy por hoy, Europa se inhibe de implicarse pese a que no encontraremos ninguna movilización tan masiva y sostenida como la protagonizada por el pueblo catalán en todo el continente.

Tampoco ayuda la incapacidad del soberanismo para consensuar una hoja de ruta, ¿no cree?

La gente está dolida, es lógico. Pero ya sabíamos que el Procés ofrecía estas dos caras: por un lado, una ciudadanía activa que empuja a los partidos y, al mismo tiempo, la debilidad que supone dejar en manos de ellos su culminación. Es una lástima, porque la situación obliga a ir juntos, como ya se intentó en los comicios europeos de 2019. Entonces se ofreció a Junqueras encabezar una lista conjunta ampliada a EH Bildu y el BNG. Así ocurrió en Euskadi en las elecciones de 2001, cuando ante la oferta del PNV a Eusko Alkartasuna para frenar conjuntamente al Partido Popular, Carlos Garaikoetxea lo aceptó sobre el principio de «a grandes males, grandes remedios». Pues aquella coalición cosechó 600.000 votos y paró los pies a Mayor Oreja. Si esta fórmula se hubiera producido en las últimas europeas, el soberanismo tendría una voz muy potente en el Parlamento europeo. De igual manera que si trabaja coordinadamente –como recoge la Declaración de la Llotja de Mar– podría condicionar la política en el Estado.

Conoce de cerca a la intelectualidad madrileña, y al margen de Jaime Pastor, Javier Sádaba y otros nombres de la cultura, apenas hay voces disidentes al relato oficial. ¿Por qué?

Sólo existe Podemos, que al menos ha tenido la valentía de denunciar los atropellos hacia Catalunya y la necesidad de consultar a la ciudadanía para encauzar el conflicto. El problema es que, siempre que surge el tema de la independencia, saca a pasear el cadáver de Convergencia y se traga todos los sapos. El último, la esperpéntica fuga del rey emérito.

¿Han mejorado las relaciones entre Puigdemont y el lehendakari Urkullu tras sus discrepancias políticas?

Siento un gran aprecio por Urkullu, pero se equivoca cuando recurre al lema de «dialogar, acordar, ratificar», porque pensar que España aceptará dialogar, acordar y ratificar un referéndum con Catalunya es engañarse del todo.

Ahora el PNV ha recuperado la idea de un nuevo estatuto. ¿Qué piensa?

Tendría sentido si hubiera superado sus diferencias con la izquierda abertzale. Pero el pasado violento y las veces que, sin necesitarlo, el PNV ha pactado con los socialistas dificulta mucho la unidad abertzale. Pasarán años hasta que esto sea posible.

¿En la actual coyuntura de crisis, al soberanismo no le queda otra que hacer pedagogía?

Tiene el deber de recordar que la independencia implica disponer de los recursos necesarios para afrontar la emergencia sanitaria y ayudar a quien padece un ERTE o el cierre de sus negocios. Porque es inadmisible que las compañías del IBEX deban 122.000 millones de euros a las Pymes. Tan solo eso ya mercería una revolución, pero nadie se atreve con estas empresas. Y lo mismo con el corredor Mediterráneo, que pese a ser considerado por la Comisión Europea una infraestructura prioritaria, no ha empezado a construirse. Parece mentira que, en pleno siglo XXI, aún estemos así.

¿Habrá que esperar a otra generación para un nuevo embate con el Estado?

El régimen está agrietado desde del 1 de octubre. La estrategia ha de pasar por profundizar en sus contradicciones y anteponerlas al nuevo modelo que representa la independencia. Hay que defender el diálogo, pero seamos honestos: no hay otro camino que la confrontación democrática si queremos resolver el conflicto y derrocar este régimen.