Lo habrán visto en cualquier documental sobre injusticias judiciales en EE UU, que no son precisamente infrecuentes. Hablan de una mujer que fue condenada y dicen, a modo de resumen: «el jurado estaba compuesto por siete hombres y dos mujeres».

No es algo que se mire solo en Norteamérica; en Europa hay varias minorías que se protegen a veces mediante cuotas judiciales o permitiendo elegir un tribunal de tu misma nacionalidad. La composición de los juzgados, los sesgos, las simpatías quizás inconscientes importan y mucho en los fallos judiciales. Fuera de las fronteras españolas está bastante aceptado que, si la justicia debe ser ciega, es mejor asegurarse con un antifaz grueso.

Esta semana se ha conocido la absolución de Tamara Carrasco, una activista involucrada en las protestas de los CDR. Carrasco fue detenida en abril de 2018 acusada por la Audiencia Nacional de rebelión y terrorismo, dos pesados cargos que causaron conmoción y engrasaron ciertos relatos políticos, pero que fueron quedándose en nada en la instrucción. Tanto que, finalmente, acabó en un juzgado provincial.

La absolución de Carrasco estaba escrita en catalán, circunstancia que llama la atención por ser una lengua poco usada por los magistrados. Pero, para cualquiera que esté acostumbrado a leer sentencias recientes sobre independentistas, hubiera sido fácil adivinar la lengua en la que seguro que no estaba escrita solo con saber que era una absolución.

Una sentencia favorable puede estar en catalán, como la estuvo por ejemplo la que absolvió al gobierno local de Badalona por abrir el ayuntamiento un 12 de octubre. Puede estarlo en flamenco, como la que denegó la extradición de Lluís Puig. O en alemán, como la que libró a Puigdemont de la repatriación. Pero un independentista sabe que tiene más opciones de condena si la sentencia está escrita en castellano. Y este dato es seguramente el más revelador sobre el problema de la justicia española en relación con sus minorías.