La igualdad política es uno de los principios de las modernas democracias liberales. Sin embargo, sabemos que la voz de los que tienen más recursos ya sean económicos, educativos o sociales se escucha más, tiene más influencia y logra activar decisiones políticas en su beneficio en mayor medida que la de los ciudadanos más desfavorecidos.

Es algo sobradamente demostrado y que afecta a la mayoría de las democracias occidentales. El fenómeno de la desigualdad política no es nuevo y está íntimamente ligado a la desigualdad económica. El proceso democrático descansa en una supuesta soberanía popular donde se garantiza el derecho a participar a todos los ciudadanos, pero en la práctica algunos colectivos por su edad, sexo, raza o clase social participan menos que otros lo que produce una asimetría en la representación de sus intereses que se ve reflejado en la toma de decisiones políticas que se orientan en mayor medida hacia los colectivos que más participan y que más activan su influencia.

Esta asimetría refuerza la sensación entre los ciudadanos más desfavorecidos de que el sistema no se preocupa por ellos y que sus problemas no entran en la lista de prioridades de los que tienen la capacidad de tomar las decisiones políticas.

Uno de los mayores agujeros negros de la representatividad de nuestras democracias es su falta de inclusividad legal. Existen personas que viven en un territorio a las que se les excluye legalmente del derecho político más importante, el voto. Para empezar, hay más de 100.000 personas que viven, trabajan y pagan sus impuestos en Euskadi que están excluidos del proceso electoral por nuestro marco legal. Los inmigrantes no pueden votar en las elecciones generales, precisamente en las que sería más importante incorporar sus preferencias para que influyan en las políticas que más les afectan. También hay en Euskadi 40000 personas entre 16 y 18 años que no pueden votar, al igual que en España y en todos los países de nuestro entorno. Las movilizaciones más ilusionantes que están teniendo lugar en el mundo las están protagonizando precisamente estos menores. Un ejemplo, la huelga estudiantil contra el cambio climático del 15 de marzo y del 27 de Septiembre de 2019, a las que se adhirieron los estudiantes de las principales ciudades vascas para exigir medidas políticas urgentes contra el calentamiento global. Otro ejemplo lo proporciona la lucha feminista. Cualquiera que estuviera en alguna de las movilizaciones del 8 de marzo en las principales capitales vascas se daría cuenta de la masiva presencia y protagonismo de chicas menores de 18 años.

Aunque no hay limitaciones legales entre los nacionales mayores de 18 años, sabemos que algunos grupos participan electoralmente más que otros. La participación electoral de los hombres y mujeres en Euskadi es muy similar en la mayoría de los procesos electorales y se puede decir que en las urnas están igual de bien representados tanto las mujeres como los hombres. La edad, en cambio, continúa siendo uno de los factores que provocan más desigualdad política en los procesos electorales. Los jóvenes votan menos que los mayores y están infrarrepresentados en el proceso en el que se agregan las preferencias de la ciudadanía a través del voto. Los mayores de 65 años que han ido ganando peso dentro de la sociedad por el progresivo envejecimiento de la población en Euskadi están sobrerepresentados.

Pero el verdadero agujero negro de la democracia vasca, al igual que el de la española y de la mayoría de las democracias de nuestro entorno, es la desigualdad política que existe entre ciudadanos según su renta y la clase social a la que pertenezcan. En las últimas elecciones autonómicas celebradas en Euskadi había una brecha de 10 puntos entre la participación de los ciudadanos vascos de clase baja o muy baja y los de clase alta o muy alta. Esta brecha es menor que la de otros países más desiguales como EEUU o Reino Unido y Comunidades Autónomas como Madrid o Andalucía. Pero es significativa y puede ser uno de los mayores déficits que tiene la democracia en Euskadi.

La desigualdad política tiene un componente urbano. Es en las ciudades donde se concentran las mayores bolsas de pobreza de Euskadi y coinciden con los espacios donde se produce una abstención extrema en la que mayor parte de los habitantes de esos barrios no vota. Si vives en un barrio de una ciudad caracterizado por su situación de exclusión social, tienes una alta probabilidad de no participar en ningún tipo de elección.

Es precisamente ahí donde aparecen las barriadas más estigmatizadas cuya baja participación electoral resalta aún más cuando se pone en comparación con las secciones electorales donde más personas acuden a votar. En Bilbao, donde se registra la mayor desigualdad económica, nos podemos encontrar como en algunas zonas de rentas muy bajas bajas como puede ser Otxarkoaga votan la mitad de personas de las que acuden a las urnas en barrios de renta alta como puede ser Abando. Esta diferencia es menor entre los extremos de Gasteiz que representan el barrio de rentas bajas de Sansomendi donde apenas votó el 33% en las últimas elecciones del 12J y el barrio de mayor renta de Euskadi, Mendizorroza donde votó el 57% . Donostia sería la capital vasca que registraría menos desigualdad política electoral. Aún asi, hay 20 puntos entre Antiguo (60%), barrio de renta alta e Intxaurrondo (40%), uno de los barrios con renta media más baja.

El crecimiento de la desigualdad en los últimos años ha ido acompañado de una creciente desconfianza sobre la capacidad de los representantes para resolver los problemas de los ciudadanos o interesarse por sus problemas. La brecha entre representantes y representados se hace especialmente dramática entre los grupos con menos renta, los más desfavorecidos que son los que más necesitan que los políticos recojan sus preferencias y atiendan sus problemas para tratar de resolverlos. En Euskadi, el 77,3% de los ciudadanos con menos recursos cree que los políticos no se interesan por ellos, este porcentaje baja al 61% entre los ciudadanos de rentas más altas. Una brecha sobre la influencia percibida que está relacionada con la alta abstención en los barrios más pobres de las ciudades vascas. La gente no vota porque siente que desde la política institucional no se van a resolver sus problemas.

Los recursos económicos y la disponibilidad de renta sigue siendo la variable que mejor discrimina a los ciudadanos en Euskadi en función de su confianza en las elecciones como un espacio donde pueden contribuir a cambiar su vida. Tan solo un 18% de ciudadanos de clase baja o muy baja cree que a través del voto puede influir en las decisiones que toman los gobiernos. El 32 % de los ciudadanos de clase alta creen que la participación electoral es un buen método para que se tengan en cuenta sus preferencias y condicionar las decisiones políticas. Esta percepción asimétrica entre ricos y pobres sobre la importancia del voto tiene efectos directos en la desigualdad que se registra en la participación electoral.

Los representantes pueden dar la espalda a las preferencias de los más necesitados porque nunca entran en el sistema, ni tampoco están esperando a la salida del ciclo electoral para castigar o premiar a los que nunca dieron su voto. Ni mandan instrucciones, ni controlan, desapareciendo los incentivos para que los partidos políticos recojan sus intereses en sus programas y sus políticas.La reducción de la pobreza es menos vendible en el mercado electoral que cualquier mantenimiento de un servicio público universal del que se beneficia toda la población independientemente de su clase social. Los ciudadanos que más necesitan del Estado para sacar su vida adelante no votan.

La mayoría de los estudios que se van presentando sobre la pobreza y la exclusión causan alarma social durante veinticuatro horas para luego desaparecer de la agenda mediática, entre otras cosas porque esos excluidos de la democracia que nunca votan, tampoco pueden contribuir a introducir en los medios, y mucho menos en las redes sociales, su mala situación económica.

La reconstrucción social y económica en tiempos de pandemia no puede olvidarse de paliar de alguna manera la desigualdad política. Desde las instituciones se deberían impulsar iniciativas enfocadas no solo a reducir no solo la pobreza económica, sino también la desigualdad política, que deja a los ciudadanos más indefensos fuera de la democracia, sin voz y sin representantes. Es necesario establecer objetivos de inclusión política en los planes encaminados a reducir la desigualdad. La inclusión política de los excluidos no entra nunca en los planes contra la desigualdad. El eje político de la exclusión requeriría la misma atención por parte de los poderes públicos que el eje económico o social. No se puede consentir que una parte de la sociedad en la que vivimos no tenga voz en el espacio público donde se toman las decisiones políticas transcendentales para su misma subsistencia. Por eso creo que es fundamental que desde las distintas instituciones vascas se establezca un plan prioritario para que no haya ningún barrio marginal, ninguna bolsa de pobreza, ni ningún espacio urbano deteriorado donde más de la mitad de sus habitantes no participen en el proceso electoral. Es decir, deben establecerse unos objetivos políticos, igual que se establecen unos objetivos económicos o sociales. Una vez que se establecen los objetivos, se deben desarrollar medidas concretas que pueden ayudar a incorporar al censo electoral a los excluidos de nuestra sociedad.

La educación pública es el mecanismo que tiene mayor impacto en la reducción de la desigualdad y la generación de igualdad de oportunidades para los niños y niñas, independientemente de su origen. El fomento de la participación política en la educación formal obligatoria ayudaría a construir una ciudadanía crítica y responsable y podría disminuir una de las principales barreras que separa a pobres y a ricos en su modo de participar en el espacio público. La mayoría (54%) de los ciudadanos con menos recursos no entiende el funcionamiento de la política por percibirla como muy complicada. Tan solo un 34% de ciudadanos de clase alta o media alta encuentra una barrera en su acercamiento a la política relacionada con su incapacidad para entenderla. Respetando el marco actual se podrían incluir en los contenidos de asignaturas existentes como ciencias sociales o educación para la ciudadanía. Los colegios que se utilizan como espacios electorales en las zonas de exclusión podrían reforzar la semana las elecciones con laboratorios prácticos de la democracia.

Estas serían algunas de las propuestas que hemos incluido en el Informe de la Desigualdad en Euskadi que Oxfam presentará en los próximos meses.Pero antes de que llegue la hora de las soluciones, es necesario que el tema de la desigualdad política entre en la agenda pública como un primer paso de reconocimiento de un problema que hace peores a nuestras democracias y deja sin voz a los que más motivos tienen para incorporar sus preferencias en la mesa donde los políticos toman sus decisiones.