Ayer se cumplieron nueve años desde que ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada. Sin embargo, una reciente encuesta señala que el 50% de los ciudadanos del Estado español cree que ETA sigue activa o que está en proceso de transformación. Hay que tomar con pinzas un sondeo hecho con fines promocionales y firmado por el hermano de un exministro del PP, pero cabe fijarse en que los autores destacan que los jóvenes no reconocen a Miguel Ángel Blanco o a Ernest Lluch. Mucho menos a Lasa y Zabala, sobre quienes también se pregunta.

¿Cómo puede ser que muchos españoles crean que ETA sigue activa pero desconozcan algunas de sus acciones más conocidas? Parte de la respuesta estaba ayer en varias noticias de la portada de NAIZ. Tanto en la decisión de la Audiencia Nacional de no volver a juzgar el caso Bateragune tras la sentencia del TEDH, tal y como pedía una escisión de la Asociación de Víctimas del Terrorismo; como en el acercamiento de varios presos vascos, incluido Joseba Arregi Erostarbe, de 74 años, enfermo tras 28 años en prisión. La AVT consideró ayer que su traslado a Martutene supone ceder a una reivindicación de ETA.

En días así aflora la naturaleza de las asociaciones de víctimas que copan los medios generalistas –el colectivo real es mucho más plural, por fortuna–. No son asociaciones que trabajen por la memoria, sino grupos de presión con una agenda política muy concreta, retrógrada, regresiva y vengativa. Es incalculable el daño que están haciendo a la construcción de una memoria colectiva en la que tienen caber, desde luego, Blanco, Lluch, Lasa, Zabala y muchos más. Cabe pensar que esa encuesta arrojaría resultados muy diferentes en Euskal Herria, pero es preocupante observar el uso del marco discursivo de estas asociaciones por parte de grupos políticos que poco tienen que ver con ellas. Puede que lo hagan llevados por un ventajismo cortoplacista, pero las consecuencias serán de larga duración.