Beñat ZALDUA

Estrambótica operación contra las bambalinas del Procés

Nadie sabe todavía cómo se salta de un supuesto caso de malversación de subvenciones de la Diputación de Barcelona a una pretendida oferta de Rusia para aportar 10.000 soldados a la causa catalana, pero lo cierto es que un juzgado de Barcelona y la Guardia Civil fueron ayer capaces de meterlo todo en el mismo cajón de sastre. El resultado, una veintena de detenciones, entre ellas las de algunas figuras de peso en las bambalinas del proceso independentista.

Sin propósito de enmienda, una semana después de que la Audiencia Nacional española dejase a la altura del barro los atestados policiales contra el independentismo catalán, la Guardia Civil detuvo a una veintena de independentistas –algunas de ellas figuras de peso–, en una operación cuya explicación concreta sigue siendo, al cierre de esta edición, un misterio.

A primera hora de la mañana se difundió que la operación tenía que ver con la persecución del Tsunami Democràtic, el movimiento que articuló la primera respuesta a la sentencia contra los dirigentes catalanes hace un año. Poco después saltaba a los titulares que se trataba de un operativo contra la financiación de la oficina de Carles Puigdemont en Bélgica. Más tarde, el Ministerio de Interior publicó un comunicado para informar de 21 detenciones y 38 registros, en el marco de una operación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona. Los presuntos delitos eran malversación de fondos públicos, prevaricación y blanqueo de capitales, derivados de unas subvenciones de la Diputación de Barcelona y una supuesta recalificación irregular en Cabrera de Mar (Barcelona). Un simple caso de corrupción sin relación con el independentismo, según la nota del Ministerio.

Conforme los afectados y sus abogados fueron conociendo algunos de los detalles, todo fue tornándose más inverosímil, y al mismo tiempo, más claro. «Causa general contra el independentismo», denunció Benet Salellas, abogado del editor Oriol Soler, detenido en Igualada por su supuesta vinculación a una trama urdida junto al Kremlin y Julian Assange. Rusia como encarnación del mal, de nuevo. No todo acababa ahí. Algunos medios que tuvieron acceso al auto judicial aseguraron que en él se detallaba una supuesta oferta rusa para aportar 10.000 soldados para defender la República catalana y hacerse cargo de la deuda con la que naciese el nuevo Estado. Casi nada.

El eterno fantasma ruso llevó a los inspirados autores de la operación a ponerle el nombre de Volhov, río ruso que da nombre a una de las batallas que la División Azul libró contra la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Como retrato de un sistema, la operación de ayer lo tiene casi todo.

Contexto, contexto, contexto

Ante semejante despropósito acumulado, solo el contexto puede arrojar algo de luz sobre las motivaciones de esta nueva operación contra el independentismo catalán. Cuatro apuntes al respecto.

Primero. Solo ha pasado una semana de la absolución del exmayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, un jarro de agua fría sobre la cabeza de la Guardia Civil, poco acostumbrada a que le lleven la contraria dónde y en la Audiencia Nacional.

Segundo. Los detenidos no fueron personas cualesquiera. Desconocidos quizá para el gran público fuera de Catalunya, cualquiera que haya seguido la política catalana los últimos años sabe que Xavier Vendrell –exconseller con ERC, antiguo militante de Terra Lliure–, David Madí –el hombre en la sombra de Artur Mas durante los años del Tripartit, mil veces retirado de la política pero nunca jubilado–, Oriol Soler –editor, director de campaña de Junts pel Sí en 2015– y Josep Alay –director de la oficina de Carles Puigdemont en Bélgica–, entre los detenidos ayer, son personas que desempeñan o han desempeñado papeles importantes en las bambalinas del camino que desembocó en el referéndum del 1 de octubre. Todo un aviso que habrá que ver cómo acaba. De momento, Vendrell, Madí y Soler, auténticos pesos pesados, seguían detenidos a la hora del cierre de esta edición.

Tercero. Ensoñaciones y alucinaciones al margen, el TSJC habló de malversación y blanqueo. Es decir, corrupción. Es la carta que busca desde hace meses la Justicia española para tratar de extraditar a Puigdemont, ya que es uno de los delitos admitidos por el procedimiento de urgencia de las euroórdenes.

Cuarto. Gobernabilidad en Madrid y elecciones en Catalunya previstas para el 14 de febrero. Quien ordena operaciones como las de ayer sabe bien que tensionan la relación entre el Gobierno de Sánchez y ERC, socio de investidura, dando argumentos a JxCat en la pugna interna catalana y acentuando el bloqueo en el seno del independentismo catalán.