La secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, compareció ayer, junto al representante del Área de Mayores y Pensionistas, José Félix Aguilera, para valorar el acuerdo del Pacto de Toledo y, al mismo tiempo, hacer un llamamiento a participar en las movilizaciones convocadas para este sábado por el Movimiento de Pensionistas y por el colectivo de personas usuarias de las residencias Babestu.

En su opinión, las recomendaciones consensuadas en la comisión del Pacto de Toledo para impulsar la reforma de la Seguridad Social «no garantizan ni la suficiencia, ni la sostenibilidad del sistema público de pensiones». «No se derogan las reformas de pensiones de 2011 y de 2013 –subrayó Aranburu–, que endurecieron las condiciones para acceder a una prestación de jubilación, entre otras medidas, aumentando los años de cotización para el cálculo y retrasando la edad de jubilación».

Incidió en que esas dos reformas «conllevan un recorte claro de las pensiones y una disminución de la tasa de cobertura, es decir, que cada vez hay una mayor brecha entre el último salario percibido y la pensión de jubilación».

Con las propuestas del Pacto de Toledo tampoco se garantiza la pensión mínima de 1.080 euros, cuando, según calcula la central abertzale, el 70% de las mujeres de la CAV y el 75% de las de Nafarroa ni siquiera llegan a los 1.000 euros, mientras que el 31% de los hombres en la CAV y el 38% en Nafarroa cobran menos de los 1.080.

Medidas estructurales

Por otro lado, la secretaria general de LAB, advirtió de que no se garantiza la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, puesto que se deberían «adoptar medidas más estructurales para redistribuir mejor la riqueza que se genera».

A su entender, «no es suficiente con sacar los gastos impropios del sistema» y por eso LAB propone «aumentar las cotizaciones estableciendo el salario mínimo en 1.200 euros y mejorando los salarios más bajos; aumentar las cotizaciones suprimiendo los topes de cotización a los salarios más altos; y renovar la política fiscal para recaudar más dinero y hacerlo de manera más progresiva».

Además, señaló que con las recomendaciones aprobadas el martes, «se abre la puerta a potenciar los planes privados de pensiones de empleo» y «se potencia el retraso de la edad de jubilación», aspectos sobre los que LAB expresó su rechazo.

 

El Gobierno español estudia incentivar la «jubilación demorada»

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, comentó ayer que el Gobierno español está estudiando distintas posibilidades para incentivar el retraso de la jubilación más allá de la edad legal de retiro. En declaraciones a Telecinco, puntualizó que entre las recomendaciones acordadas en la comisión del Pacto de Toledo se encuentra la de incentivar la «jubilación demorada», no la de modificar la edad legal de jubilación, que alcanzará los 67 años en 2027 en virtud de la reforma aprobada en 2011.

«Estamos explorando distintas posibilidades, viendo lo que se hace en otros países. En España dedicamos pocos recursos económicos a esos incentivos y estamos en una etapa temprana sobre cómo vamos a dar respuesta a esta sugerencia del Pacto de Toledo», manifestó.

Preguntado por si se dará un “cheque” a los trabajadores que, en lugar de jubilarse, se mantengan en el mercado laboral, Escrivá señaló que ésta no es una recomendación del Pacto de Toledo y que «no sabe de dónde ha salido».

En cuanto a las anticipadas, Escrivá reiteró que la intención del Gobierno es introducir cambios en el sistema porque está «mal diseñado», ya que las personas con rentas altas que se jubilan de manera anticipada acaban teniendo una penalización en su pensión de solo el 2% en lugar del 8% que les correspondería. GARA