Nos han mareado con cifras, gráficos y mil y una declaraciones de expertos; con una política de cuarto y mitad de cada que nadie ha acabado de entender; con mucha alabanza propia y mayor culpabilización ciudadana. Nos repiten a diario que la razón principal de la extensión de la actual ola está en los botellones juveniles, las reuniones familiares y sociales y el ocio callejero. Las televisiones muestran una y otra vez a la gente –¡mea culpa, mea culpa!–, reconociendo relajes ciudadanos y pecados transgresores. En la crisis económica de 2008 nos dijeron que la culpa era nuestra por haber vivido «por encima de nuestras posibilidades». Ahora sucede algo parecido.

Lo que sigue tiene que ver sobre todo (imposible tratar aquí todo lo hecho y lo no hecho en estos siete meses), con el exceso de autocomplacencia y falta de autocrítica evidenciada en esta pandemia por nuestros gobiernos. Es parcial, sí, pero como cualquier otro discurso.

La cosa empezó mal. En las primeras ruedas de prensa Fernando Simón apareció rodeado de milicos amedallados. El mensaje tenía tintes castrenses: «esto es una guerra y la vamos a ganar». De seguido aparecieron por nuestros pueblos camiones militares fumigando papeleras, mercados y estaciones de autobuses. El Gobierno aprovechaba así el Pisuerga de la pandemia para ensalzar a la Policía y Guardia Civil recién llegadas de Catalunya de romper omoplatos. Nadie se ha autocriticado luego por aquella mascarada.

Se daba a entender así que en esta guerra, como en todas, habría generales –ministros, consejeros– que darían órdenes, y soldados –personal sociosanitario, profesorado– que tendrían que limitarse a obedecerlas. Nunca en las últimas décadas ha habido tanta unanimidad en los ámbitos sindicales y profesionales de la educación, la sanidad y la atención social denunciando la falta de medios y escasez de personal con la que se ha trabajado. Nunca, tampoco, su opinión ha sido menos tenida en cuenta. La opinión de la tropa no cuenta. Menos aún la de la población civil.

Pasada la primera ola nos animaron a conquistar «la nueva normalidad». Ensalzaron entonces el sacrosanto derecho a la playa y al solaz callejero y los presidentes autonómicos compitieron entre sí por «normalizar» todo cuanto antes. El becerro de oro del turismo fue de nuevo motivo de adoración, pero más de doce países europeos (Alemania, Francia, Reino Unido, Chequia, Holanda...), desaconsejaron viajar a España por razones sanitarias. ¡Por algo sería! Aquella desescalada precipitada nos situó de nuevo a la cabeza de los ranking mundiales en personas contagiadas y fallecidas por 100.000 habitantes y porcentaje de personal sociosanitario afectado por la covid-19.

A pesar de que las más altas instancias epidemiológicas señalaron que llegaría una segunda ola este otoño, y que podía ser más grave, el descanso en este partido de dos tiempos no se aprovechó para revisar la táctica utilizada, hacer cambios en la alineación y reforzar los puntos débiles sanitarios y educativos. El ritmo lo ha ido marcando la pandemia, y las políticas públicas han ido a remolque. Del dique de contención que era preciso haber levantado, no se han hecho ni los planos.

Pongamos un ejemplo. A últimos de octubre, tras siete meses de pandemia, la dirección de Osasunbidea (Consejería de Salud de Navarra), informó que iba a elaborar un Plan de Acción para Atención Primaria... ¡para últimos de noviembre! ¿Por qué no estaba ya hecho desde hace meses? Mientras tanto, la televisión nos bombardea a diario con imágenes de bastoncillos hurgando narices y gargantas. Eso sí, lo que ocurre en el interior de los centros de salud, hospitales y residencias apenas se muestra.

Aprovechando la ocasión, la medicina privada ha hecho caja vampirizando las derivaciones de asistencia sanitaria de la red pública y los vacíos dejados por esta. Y el Gobierno, lejos de utilizar las facultades legales (art. 11, Ley Orgánica 4/81, sobre el Estado de Alarma) que le facultan para «intervenir y ocupar industrias, fábricas, talleres y locales de cualquier naturaleza», sometiendo la gestión y tarifas de los hospitales privados, mutuas e industria farmacéutica al dictado del interés público, consiente que las empresas sanguijuelas y fondos de inversión buitres, propietarias de estos centros, hagan de la salud negocio.

Hasta hace solo unas semanas, la ministra Calviño y el consejero vasco Azpiazu –en otras autonomías cuecen habas similares– han afirmado que el inicio de la recuperación económica comenzaría durante este último trimestre de 2020. El propio Banco Central Europeo se refirió también a que habría «un fuerte repunte de la actividad económica» antes de fin de año. Sin embargo, lo que estamos viendo hoy es que la pandemia cabalga de nuevo desbocada. Lejos de la mejoría anunciada, estamos inmersos en una muy crítica situación sanitaria, y las consecuencias laborales y sociales que de ahí se van a derivar anuncian ser trágicas. Nos han estado vendiendo humo y ahora ponen cara de circunstancias, como que la cosa no va con ellos. Las culpas las sigue teniendo el bicho y la gente. La palabra autocrítica no figura en su diccionario.

En la lista de proyectos que el Gobierno Vasco ha remitido al Gobierno español para incluirlas en el paquete a subvencionar por la Unión Europea (finalidad ecológica, energética, sostenible y digital), casi la mitad de los 10.228 millones solicitados para los años 2020-2024, tienen como destino las obras del TAV y las empresas Iberdrola y Petronor. También el Gobierno de Navarra ha solicitado fondos europeos para el TAV. Por si fuera poco, el 71% y el 51,5% de las inversiones contempladas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 para Nafarroa y la CAV, respectivamente, se destinan igualmente a esta innecesaria y antisocial obra.

Hay veces en las que la inversión y políticas públicas, además de ser un despropósito, son también obscenas. Y potencialmente criminales. Es el caso.