El Movimiento de Pensionistas de Hego Euskal Herria eligió las concentraciones que todos los lunes lleva a cabo para dar a conocer ayer su valoración sobre las recomendaciones del Pacto de Toledo aprobadas el 27 de octubre en la comisión del Congreso español. Destacan en su análisis que se reconoce «la desviación sistemática de cotizaciones sociales a políticas de Estado distintas a las pensiones», aunque lamentan que las recomendaciones aprobadas «consolidan el progresivo deterioro de las prestaciones, anuncian nuevos recortes y ocultan el negativo factor de sostenibilidad».

Defensa del sistema público

Se defiende el mantenimiento y mejora del sistema público, basado en el reparto y en la solidaridad, rechazando una «transformación radical», que rompa con los principios de solidaridad intergeneracional o intrageneracional, suficiencia y equidad.

Las cotizaciones sociales serán la «fuente básica» de la cobertura financiera de las prestaciones contributivas, sin por ello descartar que se habiliten «apoyos y recursos económicos adicionales». Las prestaciones no contributivas correrán a cargo del Estado a través de sus Presupuestos Generales.

Valoran positivamente que se reconozca que el sistema de pensiones «siempre» ha sido sostenible y que durante años se ha generado «alarmismo» desviando cotizaciones sociales para financiar políticas del Estado distintas de las prestaciones contributivas.

«Una pésima gestión –subrayan– que ha proporcionado falsas justificaciones para realizar reformas como las del 2011 y 2013 que reducen las pensiones e implantar sistemas privados de pensiones que cuentan con importantes ayudas públicas».

Separación de las fuentes de financiación

Para asegurar la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, se recomienda acabar con su déficit antes de 2023. Se considera «inaplazable» actualizar el balance económico entre el Estado y la Seguridad Social para que, «sin ocasionar daños irreparables en las cuentas públicas», se liquiden definitivamente las deudas existentes.

Se resuelve que las políticas activas de empleo que introduzcan bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social deberán efectuarse «exclusivamente» con cargo a la fiscalidad general. También se financiarán así las actuaciones para anticipar la edad ordinaria de jubilación o de ayuda a sectores productivos.

Saludan la recomendación de desglosar «gastos propios e impropios» y acabar con el déficit financiero de la Seguridad Social, y con la política de préstamos, cuestiones que tienen que ser efectivas desde los presupuestos del próximo año.

Sin embargo, consideran «inaceptable» que el «saqueo» de las cotizaciones y del propio Fondo de Reserva quede solo en un estudio clarificador, sin establecer un compromiso de devolución. Sostienen que para garantizar el sistema público de pensiones es «imprescindible» crear más empleo de calidad, aumentar salarios y derogar las reformas laborales de 2010 y 2012, «que debilitan la negociación colectiva, incrementan la precariedad laboral y la depreciación salarial, y disminuyen las cotizaciones». Apuestan por establecer el SMI en 1.200 euros previsto en la Carta Social Europea y aprobar una «profunda reforma fiscal».

Mantenimiento del poder adquisitivo

Defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de las y los pensionistas, su garantía por ley y su preservación mediante la adoptación de medidas encaminadas a asegurar el equilibrio del sistema en el futuro. Por ello, las pensiones se revalorizarán en base al IPC real, establecido en la actualidad en el 0,9%.

El llamamiento a recuperar el consenso alcanzado en 2011, que introducía indicadores que culminaron con la «imposición» por parte del Gobierno de Mariano Rajoy del 0,25%, les lleva a seguir exigiendo que la revalorización de las pensiones sea automática y se consolide por ley. «Es urgente la mejora de las pensiones que están por debajo del SMI, y que cada día se alejan mas de él, para alcanzar una pensión mínima contributiva de 1.080 euros», reclaman.

Adecuación de las bases de cotización

Respecto a la fórmula para calcular la pensión, pretenden que se evalúe «a la mayor brevedad posible la ampliación progresiva del periodo de cálculo de la base reguladora». Proponen que se baraje la posibilidad de que se puedan elegir «los años más favorables en la determinación de la base reguladora», en especial para aquellas personas que a partir de una determinada edad y durante un largo periodo de tiempo hayan experimentado una reducción significativa de las bases de cotización.

Consideran «necesario» ajustar, «con más precisión», la relación entre salario real y bases de cotización «así como, paralelamente, mejorar las prestaciones que se recibirán». Además, piden evaluar la ampliación del periodo cotizado exigible para cobrar el 100% de la base.

La realidad es que se defiende la ampliación de 15 a 25 años del periodo de tiempo para el cálculo de la base reguladora, que culminará en 2022, y supone reducir las pensiones, con especial repercusión negativa en las mujeres. «Que el Pacto de Toledo evalúe como positivo para el sistema el incremento del periodo de cálculo, deja abierta la puerta a futuras ampliaciones a toda la vida laboral con lo que los ‘años más favorables’ resultarían ser solo un señuelo temporal», advierten.

En relación con el impacto sobre la brecha de género, apuntan a que sería de interés un análisis de la afectación del período mínimo de cotización de 15 años, sobre los empleos precarios, temporales o parciales que son los habituales en la mujer.

Edad de jubilación

Se propone que «la edad de salida efectiva del mercado de trabajo debe aproximarse tanto como sea posible a la edad ordinaria de jubilación legalmente establecida». Se aboga por incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral a través de la mejora de la compatibilidad de la pensión con los ingresos de actividades profesionales. Se pretende evitar que la jubilación anticipada se use para ajustes de empleo.

Refleja, en su opinión, la voluntad por penalizar económicamente el derecho adquirido a la jubilación anticipada voluntaria y al contrato relevo, «que es un instrumento eficaz para mantener el empleo, facilitar el acceso de los jóvenes y transferir conocimiento».

Viudedad y orfandad

Demanda una «reformulación integral y gradual» de la pensión de viudedad, que tenga en cuenta las nuevas realidades sociales y familiares. Piden elevar la cuantía a los mayores de 65 años cuando sea su única fuente de ingresos y eliminar la discriminación en los casos en que no existe el vínculo del matrimonio. Apuesta por subir las pensiones de orfandad.

Es preocupante la propuesta de cálculo a la baja, según los años de cotización, o limitar el incremento del complemento a mayores de 65 años cuya pensión constituya su principal fuente de ingresos. La edad no puede ser un factor discriminatorio y la realidad es que esta pensión afecta especialmente a las mujeres. Sí nos parece positivo, sin embargo, que se suprima la discriminación por no existir vínculo matrimonial previo, reconociendo así las parejas de hecho.

Otros planes

Abogan por impulsar planes de pensiones de empleo en empresas, en el marco de la negociación colectiva.

Se llamen planes de empleo, EPSV o individuales, rechazan que puedan ser bonificados con ingresos públicos. El beneficio fiscal, exponen, favorece a los salarios más altos y ofrece una excusa a las empresas para exigir reducción de sus cuotas empresariales.