El capítulo de la ley que ha causado un mayor número de quejas es el que afecta a la labor que realizan los periodistas que cubren actos públicos. Y ello pese a que el Gobierno de Emmanuel Macron ha tratado de desvincular ese artículo 24 de la Ley de Seguridad Global de la ley de 18 de julio de 1881, que regula un derecho fundamental como es el derecho de información,

La redacción especialmente vaga del controvertido artículo, en el que se explicita que recibirá pena de un año de cárcel y 40.000 euros de multa «quien difunda por cualquier medio o soporte imágenes susceptibles de atentar a la dignidad física o psíquica» de policías, gendarmes o militares, ha provocado numerosas críticas.

El texto alude a la toma de imágenes en las que «aparezca el rostro o cualquier otro aspecto que permita la identificación» de los agentes en el curso de una intervención.

En entidades profesionales como el Sindicato Nacional de Periodistas (SNJ) alberguan pocas dudas. Su representante en Ipar Euskal Herria, el periodista de France Bleu Pays Basque Bixente Vrignon, remarca a Mediabask que se trata de «conceder a la Policía el monopolio del relato».

Los sindicatos policiales, caso de Synergie o Alliance, aseguran que la nueva ley no implicará que se vaya a prohibir que se filmen manifestaciones, o que los policías no vayan a poder ser identificados en el futuro a efectos administrativos y judiciales.

Defienden que la norma va a permitir, por el contrario, «que esos funcionarios no se vean sometidos al escarnio público», principalmente por efecto de la difusión de sus imágenes primero en redes sociales y luego en medios de comunicación convencionales.

El ministro de Interior, Gérald Darmanin, echaba por la borda esa labor de seducción a cargo de los sindicatos policiales al afirmar que «si alguien quiere filmar a la Policía y difundir esas imágenes por internet de forma masiva, tendrá de difuminar los rostros de los agentes». Al evocar una obligación añadida, que ni siquiera figura en el texto que recibieron ayer los diputados, el titular de Interior daba alas a la denuncia, de por sí fuertemente cimentada, que han llevado a cabo desde la Liga de Derechos Humanos, Reporteros sin Fronteras, Amnistía Internacional o Greenpeace, a autoridades como la Defensora de Derechos para quien no hay duda de que «el texto lesiona derechos fundamentales como la libertad de información y la protección de la vida privada».

Esa posición se veía además avalada, en vísperas del debate parlamentario, por tres relatores independientes de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que en un carta alertaban al Gobierno de París de los riesgos intrínsecos de la futura norma.

Dos años de la revuelta amarilla

Muchos internautas han acompañado esa campaña por el abandono del proyecto de ley, que ayer tarde se trasladó a las calles, con mensajes en los que se reproducen vídeos que fueron claves para probar casos de violencia policial. Por poner solo algún que otro ejemplo, el vídeo resultó esencial para que viera la luz una película como ‘Les Miserables’ (2019) del realizador Ladj Ly, que arranca con una filmación casera en que se ve el apaleamiento, el 14 de octubre de 2008, del joven Abdoulaye Fofana en un barrio popular de Montfermeil (Seine-Saint-Denis).

Una cámara convirtió a Jénôme Rodrigues, gravemente herido en el rostro, en el símbolo de las decenas de personas que perdieron también un ojo –o una mano– como consecuencia de las cargas policiales contra las protestas del movimiento de Chalecos Amarillos, que arrancó precisamente un 17 de noviembre, hace ahora dos años.

De ahí que desde ‘La Quadrature du Net’ no se dude en relacionar la Ley de Seguridad Global con la llamada «doctrina de confrontación» que en materia de gestión de orden público está vigente en el Estado francés. Ese modelo, explica la web especializada, funciona a prori «con mensajes falsos y acciones de filtrado» para hacer desistir a los ciudadanos de acudir a manifestaciones. Ya posteriori con cargas en las que se usan materiales, como pelotas de goma o LBD, que han dejado un oscuro balance de víctimas.

Aunque la prohibición de filmar a policías es la que que ha acaparado más comentarios, la Ley de Seguridad Global contiene otros capítulos que ahondan en la vocación de aumentar la vigilancia y el control social. Así, en su artículo 22 ampara el uso de drones o, lo que es lo mismo, avala la filmación en masa de ciudadanos, y en el artículo 21 elimina las últimas restricciones en cuanto al uso de las imágenes captadas por las cámaras móviles de los antidisturbios, abriendo las puertas al reconocimiento facial.

Reorganización policial

Otros dos artículos a reseñar. No se podrá impedir el acceso a un establecimiento público a un militar o policía que, pese a estar fuera de servicio, porte su arma. También se contempla que las personas condenadas por acciones en las que se hayan visto perjudicados policías, militares o miembros de otros cuerpos como el de bomberos, reciban un castigo agravado y tengan más difícil acceder a beneficios penitenciarios.

Además de reforzar las competencias del Ejército en materia de seguridad interior, la nueva ley va más allá en la evolución de la Policía Municipal, que en los últimos años ha ido perdiendo el carácter de cuerpo de cercanía para equipararse a funciones y métodos –permiso de portar armas, de proceder a detenciones o incautaciones y de emplear cámaras móviles– a otros cuerpos policiales e igualmente avanza en la progresiva extensión de las funciones de los agentes de empresas de seguridad privada.

Esos y otros apartados del texto dan a entender que Este es solo el primer eslabón de un reordenamiento más general del modelo de seguridad interior, como el que se evoca en el denominado libro blanco de seguridad.

Ese documento de 350 páginas a cuyo resumen ha accedido la agencia AFP contempla establecer un mando único departamental que tendría bajo su responsabilidad la seguridad pública, la Policía judicial y la Policía de fronteras. Esa dirección dependería de una entidad superior, la dirección de la «zona de defensa» correspondiente, más extensa que el departamento.

Ese es el esbozo al que habría que incorporar una redistribución territorial de los cuerpos policiales, superando el reparto clásico que sitúa a la Gendarmería en zonas rurales y a la Policía en las ciudades. Fue la resistencia de los electos locales a un redimensionamiento de efectivos, acorde a la evolución territorial, la que frustró ese nuevo reparto de funciones previsto ya en la reforma de la seguridad interior evocada en 2011. Es de pensar que ese apartado sensible de la nueva docrina de seguridad se congele hasta pasadas las elecciones departamentales y regionales previstas para la primavera de 2021.