La densa niebla se adueñaba de Burgos y el clima era sumamente gélido aquel invierno de hace 50 años. El frío penetraba por las paredes del penal donde los encausados aguardaban el inicio del consejo de guerra en el que se les juzgaría por formar parte de la jefatura de ETA y, particularmente, por la muerte del comisario Melitón Manzanas.

Las encausadas lo harían sin embargo en una caballeriza, una celda improvisada donde aguzaban las armas de la palabra para combatir con quimérica esperanza al régimen franquista, que buscaba un castigo ejemplar para el pueblo vasco y la punzada definitiva a ETA. Ninguno de los acusados sabía entonces que aquel juicio pasaría a rellenar una de las páginas más renombradas de la historia de Euskal Herria.

En la Capitanía General de Burgos ya se habían celebrado varios consejos de guerra contra militantes vascos y opositores antifranquistas. Tras la vista, se condenó a más de 500 años de cárcel a quince de los procesados y a la pena de muerte a seis de ellos (tres de ellos a doble pena). Sin embargo, en aquella ocasión, las intervenciones de los acusados, la presión internacional y las numerosas movilizaciones vinieron a dar al traste con los planes de Franco, quien se vio forzado a conmutar las penas capitales.

Dos años antes, el 2 de agosto de 1968, el reconocido torturador y colaborador de la Gestapo nazi, Melitón Manzanas, fue ejecutado en su domicilio de Irun en el marco de la 'Operación Sagarra'. Para los antecedentes del consejo de guerra hay que remontarse también a la muerte de Txabi Etxebarrieta, dirigente y figura clave de ETA, a manos de la Guardia Civil, el 7 de junio de 1968 en Tolosa. Etxebarrieta había dado muerte horas antes al guardia civil José Pardines, después de que el cuerpo militar le diera el alto a él y a su compañero, Iñaki Sarasketa, en un control de carretera en la localidad de Aduna.

La muerte del jefe de la Brigada Político-Social de Gipuzkoa fue la primera premeditada de ETA y desencadenó una ola de represión despiadada bajo el paraguas del estado de excepción declarado en Gipuzkoa. El Estado iniciaba así la preparación del sumarísimo 31/69 para aniquilar a ETA y amedrentar a los que siguieran el mismo camino.

Detenciones en una ETA dividida

En las múltiples redadas de 1969 arrestaron a muchos de los procesados en Burgos. En la detención de varios militantes producida en Bilbo, Miguel Etxeberria ‘Makagüen’, escaparía del cerco policial y en un forcejeo acabaría con la vida del taxista que quería llevarlo a comisaría, Fermín Monasterio.

Días después, varios miembros de ETA fueron arrestados en la localidad cántabra de Mogrovejo. Enrique Gesalaga resultaría herido por un disparo de bala y permanecería varios meses hospitalizado. Otro proyectil hirió a Xabier Izko de la Iglesia en Iruñea cuando intentaba, junto con Goio López Irasuegi, liberar a Arantza Arruti.

Varios de los procesados pasaron largos días en comisaría y todos denunciaron torturas. Las condicionadas autoinculpaciones bastaron para que en agosto de 1970 el fiscal pidiese seis penas de muerte y 752 años de cárcel para los encausados. Pese a los titulares de los medios, los 16 no formaban parte de la dirección de ETA, y alguno de ellos, como Antton Karrera, ni siquiera era militante de la organización antes de la vista.

La instrucción aterrizaba además en un coyuntura especialmente delicada para ETA. Además de las detenciones, la división en el seno de la organización era latente después de que el sector mayoritario celebrara ese mismo año la VI asamblea, que evolucionó pronto hacia la LKI, mientras que el sector de la V asamblea se encontraba mayoritariamente en el exterior. Sin embargo, ambas fracciones planearían acciones para liberar a los procesados como el secuestro por parte de ETA V del cónsul de la República Federal de Alemania, Eugene Beihl, o el fracasado intento de fuga de la prisión de Burgos que intentaron miembros de ETA VI.

En los prolegómenos del juicio, estuvo en el candelero hasta los últimos días el carácter público de la vista. El concordato acordado entre la dictadura franquista y el Vaticano recogía que los sacerdotes debían ser juzgados a puerta cerrada, pero el rechazo de los dos curas encausados, Julen Kaltzada y Jon Etxabe, y las presiones en la Santa Sede obligaron a que fuera público.

Comienzo de la vista y sentencia

Con férreas medidas de seguridad, el 3 de diciembre comenzó la vista en la Capitanía General de Burgos. El tribunal estuvo presidido por el teniente coronel Manuel Ordovás y Antonio Troncoso de Castro, del Cuerpo Jurídico Militar, ejerció de vocal ponente y fue el encargado de redactar la sentencia.

Al otro lado, se encontraban personas que más adelante tendrían un papel relevante en la vida política. Entre los imputados estaban los mencionados Onaindia, Uriarte y López Irasuegi, además de Itziar Aizpurua y Jokin Gorostidi. A cada uno les correspondía un abogado y, uno de ellos, José Antonio Etxebarrieta, hermano de Txabi, fue uno los principales responsables de la estrategia y defensor de Izko de la Iglesia, acusado de ser el autor material de la muerte de Manzanas.

Tan pronto como comenzó la causa se activó la movilización popular. El propio Gobierno Vasco en el exilio alentó a la población a realizar un paro general el 3 de diciembre. Se produjeron huelgas en todos los sectores sociales del país; trabajadores y estudiantes paralizaron Euskal Herria. Estas movilizaciones se acompañaron solidariamente en el Estado español y se extendieron también a Europa y América del Sur.

El núcleo del juicio comenzó el 6 de diciembre con las declaraciones de los procesados. Aprovechando la presencia de la prensa, los 16 encausados realizaron una defensa a ultranza de la clase trabajadora vasca, del euskara; denunciaron torturas a la vez que la opresión capitalista de Euskal Herria; se declararon marxistas-leninistas y expusieron la naturaleza de ETA en una escenificación que poco tenía de improvisada.

Un día después, Troncoso de Castro, único miembro del Tribunal sin suplente, se ausentó por una «lipotimia» y la vista se tuvo que paralizar. Su ausencia fue en realidad una artimaña para repensar la estrategia de una vista en la que era el Estado el que estaba siendo juzgado, y no al revés.

El día 8 prosiguieron las declaraciones y fue el día 9 cuando Onaindia terminó su declaración al grito de ‘Gora Euskadi Askatuta!’, al tiempo que los acusados y parte del público entonaba el 'Eusko Gudariak'. Fue entonces cuando el coronel Ordovás ordenó desalojar la sala e incluso Troncoso desenvainó el sable dirigiendo su punta contra los encausados mientras estos renunciaban, a gritos, a su defensa. La causa se retomó a puerta cerrada.

El fallo se hizo público el día de los Inocentes. Solo Arantza Arruti fue absuelta, y los penados a muerte fueron Teo Uriarte, Xabier Izko de la Iglesia, Mario Onaindia, Xabier Larena, Unai Dorronsoro y Jokin Gorostidi. La respuesta diplomática no se hizo esperar y el Gobierno de Franco recibió peticiones de clemencia de una veintena de jefes de Estado, incluso del propio Vaticano.

La causa vasca sumaría los apoyos de destacados artistas y políticos, como Jean Paul Sartre, Olof Palme, Simone de Beauvoir, Rafael Alberti, René Cassin o Pablo Picasso.

La campaña de protesta arrancó a Franco el indulto para los penados a muerte y, con la llegada de la transición, la mayoría de estos fueron extrañados y el resto liberados.

 

Burgosko auzitik 50 urte

1970eko abenduaren 3an, frankismoak hamasei euskal gazte jarri zituen epaitegi militar baten aurrean, eta horietako seirentzat heriotza-zigorra eskatu zuen. Erregimenak euskal disidentzia zigortu nahi zuen horrela, baina herritarren mobilizazioak eta nazioarteko presioak epaiketari buelta ematea lortu zuten, eta Francok heriotza-zigorrak kommutatu behar izan zituen. Horrela, Burgosko Auzia XX. mendeko Euskal Herriko epaiketarik garrantzitsuena bihurtu zen.