Alvaro Reizabal
Abokatua
JOPUNTUA

Aquel juicio de Burgos

Cincuenta años se cumplen estos días del Juicio de Burgos que tan profunda huella dejó en nuestras vidas, conmemoración que nos sirve, entre otras cosas, para darnos cuenta de a que velocidad va esto de la vida.

El franquismo decidió dar el golpe de gracia al movimiento surgido entre la juventud vasca aplicando su receta favorita: la represión pura y dura, concretada en este caso en un juicio ante un tribunal militar con penas de muerte incluidas. Castigo ejemplar para los procesados y para todos aquellos decididos a imitarles.

Pero les salió el tiro por la culata, algo bastante jodido tratándose de militares profesionales. Aquella farsa se volvió contra el Régimen, que tuvo que recular ante la lucha en las calles en Euskal Herria y en todo el mundo, y bien puede decirse que, en adelante, el Caudillo no levantó cabeza.

Cierto que murió en la cama, pero tumbado. Total, que el remedio contra el movimiento abertzale se convirtió en su mejor propaganda: llorábamos emocionados oyendo a los acusados cantar el Eusko Gudariak en las emisoras clandestinas.

La consecuencia fue que muchos jóvenes siguieron los pasos de los encausados, y otros, que entonces estudiábamos Derecho, decidimos enfocar nuestro futuro profesional hacia la defensa de aquellos compatriotas que se jugaban la vida por Euskal Herria, surgiendo como consecuencia un nutrido grupo que tomaría el relevo de los abogados de aquel Sumarísimo 31/69.

También se celebraban juicios sumarísimos en los cuarteles de Loiola, ubicados en esas veinte hectáreas tan codiciadas para el desarrollo urbanístico de la ciudad. El apoyo a los presupuestos de Sánchez/Iglesias ha acarreado esta carambola, pero lejos del carácter de regalo con que se quiere presentar la operación supone, de una parte, que se garantiza la continuidad del Ejército en Donostia al otro lado del Urumea y a menos de un kilómetro de su ubicación actual, y de otra, que ahora empieza la negociación para determinar el precio millonario que deberá pagar el Ayuntamiento de Donostia para mover a los militares al otro lado del río.